Es posible que, como -con impúdica autocomplacencia- sostienen sus portavoces, Touriño se ausentara de la votación del dictamen del Gaiás porque el presidente «solo atiende a sus principios» y «hace lo que piensa al margen de beneficios o perjuicios».

Es posible. Aunque, visto desde fuera -es decir, sin la necesidad de justificar al propio jefe- cabe una interpretación bastante diferente: la de que la ausencia de Touriño, o es fruto de la debilidad, o del oportunismo.

Lo primero resulta muy plausible. Si el presidente creía que el dictamen del Gaiás no debía ir a la Fiscalía, según el propio texto establecía, tendría que haber empleado toda la autoridad que se le supone para lograr que el Grupo Socialista, siguiendo su criterio, o forzase la retirada de la decisión objeto de litigio o, en su caso, lo rechazase. Visto el resultado, si las cosas hubieran sucedido así, Touriño habría sido desautorizado en toda regla por su grupo.

La hipótesis del oportunismo tampoco puede descartarse, pues la tentación de jugar a todas las cartas suele ser irresistible. El Grupo Socialista hace una cosa y Touriño la contraria, de modo que, sea cual sea la decisión de la Fiscalía, los socialistas ganan siempre: si el fiscal da curso a la denuncia, gana el grupo y, si la archiva, gana el presidente.

A la postre, todo este enredo del dictamen constituye una muestra inmejorable de la confusión que domina una vida pública en la que los líderes políticos proclaman lo que en cada momento les conviene, convencidos de que los ciudadanos tragarán.

Es verdad que los dos grupos con capacidad para imponer el dictamen del Gaiás (PSdeG y BNG) podían incluir o no en su texto afirmaciones de las que cupiera deducir no solo la existencia de graves irregularidades de gestión, sino también de responsabilidades penales por lo actuado en la Ciudad de la Cultura. Lo que no parece, sin embargo, razonable es incluir imputaciones delictivas y pedir luego que el dictamen no se remita a la Fiscalía, aludiendo a la necesidad de no judicializar la vida política.

¡Seamos serios! Si quiere evitarse esa judicialización no deberían realizarse imputaciones delictivas con la esperanza de que todo el daño sea para el acusado y ninguno para el acusador, que, negándose a acudir al fiscal, se vería así exento del perjuicio que podría derivarse para él de una acusación sin fundamento. Considerar esa actitud como una muestra de la voluntad de no judicializar la política constituye un cuento chino, pues en realidad se trata de otra cosa: de tirar la piedra y esconder la conclusión. O, aun mejor, de tratar de pescar pepes sin mojarse el cu... tis, que es como me permite decirlo el libro de estilo de La Voz de Galicia.