MANO IZQUIERDA

Hay concursos televisivos en los que cualquier telespectador que llame por teléfono, en caso de acertar una pregunta, puede optar a un sorteo en el que, si gana, recibe 5.000 euros. Pero no me refiero a este tipo de eventos cuando hablo de la llamada de los 5.000 euros, sino a algo mucho menos incierto. No hay que adivinar nada y no hay que pasar por ningún sorteo previo. De hecho, se trata de una llamada telefónica que permite acceder a un premio semejante sin ningún tipo de incertidumbre. Una llamada que tiene lugar especialmente en esta época del año.

Es la llamada que unas 300.000 personas hacen a sus instituciones financieras para llevar a cabo la aportación máxima a sus planes de pensiones individuales y acogerse a la deducción fiscal. Si la realizan por la cuantía máxima, esto es 10.000 euros, y el partícipe se encuentra en el tramo más alto del IRPF, el que tiene un tipo marginal del 43%, su beneficio fiscal asciende a 4.300 euros. Si el contribuyente supera los 50 años de edad, la aportación máxima se eleva a 12.500 euros y el beneficio fiscal de los que se encuentran en el tramo más alto es de 5.375 euros.Dicho beneficio fiscal recae directamente sobre la cuota líquida, esto es, sobre lo que tiene que pagar cada contribuyente por su renta anual. Muchas de esas llamadas consisten en una simple transferencia desde un fondo de inversión a un fondo de pensiones.No aumentan el ahorro individual y, por tanto, no elevan el ahorro agregado de la economía, sólo cambian su composición entre distintos tipos de instrumentos financieros. Tampoco estimulan la oferta de trabajo, ni la oferta de bienes y servicios. Por tanto, no mejoran la eficiencia económica, ni el ahorro, ni el crecimiento económico a largo plazo.

Y, desde el punto de vista de la equidad, también dejan bastante que desear. En el gráfico se recoge el beneficio fiscal de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones y la renta antes de impuestos de los contribuyentes divididos en 10 tramos iguales llamados decilas. Así, la primera decila recoge el 10% de contribuyentes con la renta más baja, mientras que la última decila incluye el 10% con más renta declarada. En el gráfico queda de manifiesto que la bonificación fiscal de las aportaciones a planes de pensiones no sólo no es progresiva, sino que es claramente regresiva. Los contribuyentes de las primeras dos decilas no reciben ninguna bonificación y los de los segmentos tercero a noveno reciben un porcentaje del total de bonificaciones muy inferior al porcentaje de la renta sobre la que contribuyen.Así, los contribuyentes de la séptima decila, por poner un ejemplo, aportan el 10% del total de la renta declarada en el IRPF, pero sólo reciben el 6% del total de las bonificaciones. El grueso de la bonificación se centra en la decila más alta, que gana el 28% del total de la renta declarada en el IRPF, pero recibe el 64% del total de las bonificaciones por aportaciones a planes de pensiones.

En resumen, se trata de un incentivo fiscal que no mejora ni la eficiencia económica ni la equidad. Y ¿cuánto cuesta? A partir de los datos de la Memoria de la Administración Tributaria de 2005, se puede estimar que el coste fiscal de las deducciones por planes de pensiones asciende a 2.200 millones de euros, y el correspondiente a la última decila a unos 1.400 millones.Por supuesto que habría múltiples usos alternativos para este dinero, y sería fácil caer en la demagogia de proponer destinarlo a fines de mayor contenido social. Para evitar dicha demagogia, voy a hacer una propuesta que, beneficiando prácticamente al mismo tramo de renta donde hoy se sitúa la mayoría de los perceptores de esta bonificación fiscal, mejore tanto la eficiencia económica como la equidad. Y sin ningún coste adicional para la Hacienda Pública, por el contrario, con mayores ingresos a medio plazo.

Se trataría de reducir el tipo máximo del IRPF desde el 43% al 37% a cambio de la supresión de la deducción por aportaciones a planes de pensiones en este tramo. El coste inicial de esta medida ascendería a 1.900 millones de euros, en comparación con los 1.000 millones que cuesta la bonificación fiscal por las aportaciones a planes de pensiones referidas a este mismo tramo de renta, teniendo en cuenta que la última decila no coincide exactamente con el último tramo del IRPF.

Esta medida claramente mejoraría la eficiencia porque, al reducirse el tipo marginal, aumentaría la oferta de trabajo y la oferta de bienes y servicios. Considérese, por ejemplo, la atracción de capital humano cualificado, una de las claves para competir en el mundo globalizado, y cuya demanda se va a acrecentar en los próximos años. O el aumento de la actividad de los profesionales del sector servicios, que también se sitúan en ese tramo. Estudios recientes han estimado que la respuesta de la oferta agregada, y por tanto de la base imponible, a una bajada de 6 puntos del tipo máximo del IRPF se situaría en torno a un incremento del 6% de la base. Dado que hay 750.000 contribuyentes en ese tramo que declaran una renta media de 97.000 euros, estamos hablando de unos 6.000 euros de aumento de renta por contribuyente, de los que el fisco recaudaría el 37%, lo que ayudaría a financiar casi por completo la bajada del tipo, aumentando Hacienda sus ingresos netos en una cuantía equivalente al ahorro de la bonificación fiscal.

En cuanto a la equidad, aparentemente sería neutral, porque la bajada del tipo impositivo afecta solamente a los ciudadanos del tramo de renta cuya bonificación desaparece. Sin embargo, la equidad mejoraría, porque de los 750.000 ciudadanos que están en ese tramo de renta, unos 450.000 o bien no hacen ninguna aportación o bien no hacen la máxima posible. Dada la racionalidad económica, podemos deducir que no son capaces de ahorrar esa cantidad susceptible de la bonificación fiscal. Se trata de ciudadanos de clase media y media-alta, que ganan alrededor de 50-90.000 euros al año, y que se beneficiarían de la rebaja del tipo máximo, pero que no se están beneficiando de la bonificación fiscal. Por tanto, mejorarían los contribuyentes de la parte baja del tramo en cuestión, y perderían los de renta más alta que sí logran beneficiarse ahora de la máxima bonificación posible. Es decir, mejora la progresividad dentro del tramo en cuestión. Se trataría, en resumen, de una reforma que mejoraría la eficiencia y la equidad sin empeorar las cuentas públicas. De hecho, aumentarían los ingresos fiscales.

Una reforma así requiere del consenso de las fuerzas políticas y, probablemente, de bastante pedagogía fiscal. Por todo ello, habrá que esperar algún tiempo para llevarla a cabo. Mientras tanto, mantendremos el sistema actual. Y para el lector afortunado que todavía no la haya hecho, que no olvide que mañana es el último día para la llamada de los 5000 euros.

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