La semana pasada, momentos antes de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase públicamente que el próximo 14 de enero disolverá oficialmente el Parlamento y que convocará elecciones generales para el 9 de marzo, Manuel Marín, presidente del Congreso de los Diputados, se despedía con cierto sabor agridulce de quienes, entre unos y otros, le han hecho la vida imposible en la legislatura más polémica, crispada y tensa de todo el periodo democrático.

Entre aplausos de cortesía (no del presidente del Gobierno, que permanecía en su escaño como si Marín fuera el auténtico culpable de las dificultades que el Partido Socialista ha tenido que vencer a lo largo de estos cuatro años) y el reconocimiento mediático casi general de una labor que ha sido difícil de ejercer, Marín dejaba la Presidencia del Congreso y, también, la política, decepcionado de muchos de sus compañeros de partido y pidiendo un gesto de afecto, y de cariño, que no ha tenido en todo su mandato.

Marín se va porque el presidente del Gobierno le ha prometido a José Bono su puesto en el Parlamento en el caso de una victoria socialista. Zapatero, en uno de sus gestos típicos pleno de optimismo, ha prometido la piel del oso antes de cazarlo y ya se ha encontrado con las primeras dificultades ya que la mayoría del PSC (Partido Socialista de Cataluña) se ha mostrado reacia a votar a un Bono al que han estado a punto de declarar enemigo público número 1 en Cataluña.

La legislatura se cierra, pues, con la misma sensación agridulce con que se manifestaba un Marín que ha intentado, en ocasiones, ejercer de independiente, en un partido donde al final esa actitud de independencia y esos gestos de sentido común se pagan.

Marín ha intentado llevar la racionalidad a una legislatura que si por algo se ha distinguido ha sido precisamente por la irracionalidad. Irracionalidad por parte de una oposición que ha tardado mucho en aceptar que perdieron las elecciones un 14 de marzo del 2004, e irracionalidad en un partido y en un Gobierno que han roto todos los consensos y han sometido al país a una constante ducha escocesa poniendo encima de la mesa conflictos innecesarios.

Esta que ha terminado debería hacer sido una legislatura de consenso, sobre todo tras el atentado de 11 de marzo, y en vez de consenso se ha convertido en una legislatura de conflictos, que ha convertido además el Parlamento en “la casa de los líos”.

Conflictos por la política territorial con reformas estatutarias que nadie pedía salvo algunos sectores de la clase política... Conflictos por un “proceso de paz” no suficientemente explicado a la opinión pública y presidido más por el voluntarismo que por una realidad que se ha ignorado. Conflictos por la presencia de partidos políticos cercanos a ETA (el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca) en trámite de ilegalización.

Conflictos por una Ley de Memoria Histórica, que ni siquiera estaba en el programa electoral del Partido Socialista. Conflictos por una oposición que ha sido monotemática y que se ha preocupado más de la política antiterrorista del Gobierno (con nueve manifestaciones en la calle) que del verdadero problema de ETA, poniendo todo tipo de obstáculos para conseguir esa cultura de unidad contra el terrorismo que ha pedido hasta el mismo Rey, de nuevo, el día de Nochebuena.

Conflictos en el Tribunal Constitucional al que el Partido Popular ha querido paralizar y conflictos en el Consejo General del Poder Judicial que no se ha podido renovar. Conflictos por una bronca parlamentaria que ha sido continua y que ha alejado a muchos ciudadanos de la política. y conflictos, incluso, con la propia monarquía, que ha vivido su peor año desde la coronación de Don Juan Carlos como Rey en noviembre de 1975.

Ha sido tal la falta de entendimiento político que el propio Rey, en su mensaje de Nochebuena, en el que ha despejado cualquier posibilidad de una abdicación cuando cumpla, a principios de enero, setenta años, se ha visto obligado a “reclamar de nuevo a nuestros partidos políticos mayores esfuerzos, para alcanzar el necesario consenso en los grandes temas de Estado y solicitar el debido apoyo para nuestras instituciones y poderes en aras de su más eficaz funcionamiento. Todo ello conforme a las reglas y principios de nuestra Constitución”.

Esta legislatura que no sólo por el atentado de Atocha, sino por los propios resultados electorales salidos del drama del 11M, debería haber sido una legislatura de acuerdos, pactos y entendimientos, se ha convertido en la legislatura en la que ha salido a relucir lo peor de la política, y lo peor de los políticos, y donde, además, los nacionalistas, a los que se ha querido integrar en un proyecto común, se han dedicado a echar un pulso constante al Estado.

Sólo al final de la legislatura se ha recuperado la racionalidad y tanto el Gobierno como la oposición han emprendido una carrera desesperada a la búsqueda de ese voto moderado, de centro, que es el que, al fin y al cabo, es el que proporciona la victoria en las urnas.

En el Partido Popular han comenzado a esconder a quienes han dado la cara y se han mostrado más intransigentes. Y en el Partido Socialista han intentado revestir de centrismo algunas listas con la incorporación de Pedro Solbes como número dos por Madrid o José Bono como número uno por Toledo.

Después de tanta bronca, de tantos conflictos, de tantos melones innecesariamente abiertos, la moderación parece haberse apoderado de quienes han convertido el Parlamento en “la casa de los líos” y la política en un mercado persa donde todo se puede cambiar, comprar y vender.