Es una zona bien tratada por el sol, cuenta con excelentes comunicaciones, mira hacia el occidente de Asturias. Hablamos de los terrenos donde actualmente están ubicados los edificios hospitalarios de Oviedo, cuyo destino será la crónica de un derribo anunciado. Dos de los grandes pesos pesados de la vida política astur, Areces y Gabino de Lorenzo, se reúnen para abordar el asunto. Parece que hay acuerdo.

Ante lo irreversible no podemos no preguntarnos si existió de veras un debate a fondo sobre la necesidad de construir un nuevo hospital, así como sobre cuál sería su ubicación más idónea. Ello sin olvidar que acaso no se haya escuchado lo suficiente al conjunto de profesionales de la sanidad, con cuyo criterio hubiese sido muy pertinente contar.

Habría que plantearse acto seguido si lo que se va a decidir acerca del futuro de la zona donde se encuentran actualmente los centros hospitalarios es algo en lo que la ciudadanía, empezando por la más próxima, se viene sintiendo partícipe. Convendría pararse a pensar a propósito del sistema democrático realmente existente. Los actuales mandatarios políticos han sido votados por un porcentaje no muy alto del electorado, si se tiene en cuenta la abstención. A su vez, los aparatos de los partidos son los que elaboran las listas correspondientes, cosa en la que la ciudadanía no tiene arte ni parte. Ítem más: la militancia de las respectivas formaciones políticas tampoco es determinante más allá de la retórica.

Pero el hecho es que son los políticos quienes deciden si habrá zonas verdes, servicios públicos o si esa zona terminará por convertirse en un espacio abigarrado de edificios, es decir, más ladrillo, es decir, más negocio inmobiliario. La pregunta clásica sería aquí pura retórica. Está muy claro qué sectores saldrían más beneficiados, si nos ponemos en la peor de las hipótesis, esto es, en la especulación urbanística.

Si es verdad que en este país la gran mayoría de los ciudadanos, al decir de las encuestas, no manifiesta el más mínimo interés por la política, habrá que concluir que quienes deciden lo hacen, si no en contra de los intereses generales, sí al menos al margen del pensar y sentir ciudadanos. Y eso debería ser una preocupación que rebasase el tópico del día después de los comicios del ámbito que sea, cuando el emergente abstencionismo en las urnas se aborda como sobre ascuas dentro de las torrenteras declarativas que jamás se salen del guión.

En esa reunión donde se dirimía el futuro de la zona de la que venimos hablando, al lado del alcalde de Oviedo y del presidente de Asturias tendrían que estar también representantes de la llamada sociedad civil, empezando por asociaciones de vecinos y permitiendo la participación de la ciudadanía en su conjunto, más allá de la que se atribuyen los partidos.

Y en todo caso, la conveniencia de contar con un nuevo hospital, defendida por ciudadanos muy respetables, pudo haber derivado (esperemos que no) en algo muy diferente a lo que en principio se pretendía. Porque no se ha debatido lo suficiente. ¿A quiénes se ha escuchado para decidir ubicar las infraestructuras sanitarias en el espacio en el que ahora se está edificando? ¿Qué criterios han venido prevaleciendo? ¿Urbanísticos, sanitarios, cuáles?

Porque, a la vuelta de unos años, quien acostumbre a pasear por esa zona, al recordar lo que antes fue, es decir, un espacio para un servicio público tan importante como la sanidad, se podrá preguntar la casuística que llevó a su derribo, así como las razones que esgrimieron unos políticos que tienen todo el poder para decidir, sin necesidad de escuchar a esa sociedad civil que cada vez se inhibe más a la hora de ocuparse sobre cuanto sucede a la vida pública.

Derribos y piquetas se ciernen sobre el que vino siendo el principal asentamiento sanitario de Asturias. Descomunal edificación en los alrededores de lo que en su día estuvo destinado a hospital psiquiátrico.

El planteamiento del archinombrado derecho a decidir que enarbolan los partidos nacionalistas más soliviantados habría que traerlo al asunto que nos ocupa. ¿Puede hablarse de una democracia plena cuando se toman decisiones que afectan a todos sin que para ello conste la influencia de la opinión de la ciudadanía? ¿Puede hablarse de una democracia asentada cuando, por mucha que sea la crispación en el discurso, las políticas no se diferencian tanto? Dicho de otro modo, de haberse producido unos resultados electorales distintos el pasado 27 de mayo, ¿las cosas transcurrirían de distinto modo en el tema que aquí nos trae? ¿Entonces?

Ahora no se habla de «poderes fácticos», como se decía con cierta solemnidad en la transición. ¿Quiere decir eso que no existen, por mucho que no sean los de las armas ni, mucho menos aun, los de las urnas, por parodiar a Ángel González?

«Creer sospechas y negar verdades». Difícilmente mejorable este endecasílabo de Lope. ¿Es soslayable la sospecha de que el servicio al ciudadano no es principal prioridad política? ¿O es más que una sospecha?