PRISMA

La Guardia Civil lleva practicadas ya 13 detenciones en relación al escándalo de las clínicas del Dr. Morín. Poco a poco, ante este alud de evidencias, los grupos que han hecho del aborto negocio o bandera ideológica intentan capear la situación.

Sus razonamientos centrales son dos: Primero, la falta de seguridad jurídica para las clínicas. Obvio, no puede existir para quienes pueden practicar el delito como sistema, acostumbrados a una impunidad de años, basándose en el falseamiento del estado de la salud de la madre, presentando como grave, lo que no lo es.En España se aborta sólo con el deseo y en cualquier momento del embarazo. Pues bien esto es ilegal, aquí y en toda Europa.La otra gran razón que aducen es la necesidad de una ley de plazos para evitar lo que ha sucedido. Esto es un error o una falsedad.La causa por la cual se aborta masivamente en España, la salud de la madre, del orden del 96% del total, no tiene como es lógico límite de tiempo. Una mujer con 7 meses de embarazo con riesgo grave para su salud, debe -si así lo quiere-, poder acceder a un parto provocado, y como ese es el fraude español masivo, hacer pasar como riesgo para la salud lo que no lo es, una ley de plazos continuaría siendo un coladero si previamente no se resuelve la cuestión. El problema que tiene España, lo que viene escandalizando a Europa desde hace meses y meses, y atrae la atención internacional, es que la ley se incumple de una manera masiva. Por consiguiente, las primeras medidas han de estar dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente por lo que al estado de salud de la madre se refiere. La única medida que garantiza tal cosa es que los abortos dejen de ser un área privatizada, se acabe con el lucro empresarial, y pasen a realizarse solo en los hospitales públicos, porque, hay que decirlo con rotundidad, eso de la objeción de conciencia en estos centros es una leyenda urbana. Las conciencias no andan tan finas. Parte de verdad hay, pero ni mucho menos tanto como para justificar que solo el 3% de los abortos se hagan en centros públicos. La razón real es otra. Los médicos, que a su vez son funcionarios, se niegan a practicar todo aborto que presente indicios de ilegalidad, y por eso son desviados al negocio privado. La propuesta del presidente del PSOE, Manuel Chaves, de primar económicamente a los médicos funcionarios que hagan tal tarea es razonable. ¿Por qué toda la sanidad debe ser pública, menos el aborto? ¿Cómo pueden el PSOE, IC, ERC, defender la sanidad pública, y al tiempo estar a favor de la privatización del aborto en clínicas privadas, convertidas en un buen negocio porque cobran doble, de la Administración y de las mujeres?

Claro que el beneficio les ciega. Ahora, las empresas abortistas reivindican el aborto a plazo hasta las ¡24 semanas de embarazo! Esto es carnicería pura y dura. Los médicos consideran viable un feto de algo más de 21 semanas, y en Holanda, el único país que establece estos términos, son los propios médicos abortistas los que se niegan a ir más allá de la semana 21. En la liberal Holanda, una mujer que abortó en España embarazada de 25 semanas fue detenida el noviembre acusada de homicidio. Y es que el ciego por voluntad de los dioses sólo busca la perdición.

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