Ha transcurrido algo más de una semana desde que el senador Sopeña y yo, en rueda de prensa, solicitásemos el cese inmediato del presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte de España, señor Marquínez. La única respuesta dada por los responsables del Ministerio y la Confederación ha sido remitir un comunicado que podría resumirse como que «en la CHNE estamos encantados de lo bien que lo hacemos y, además, estamos invirtiendo y ejecutando más y mejor que nunca».

Dado que la huida hacia delante no es nunca la mejor estrategia para resolver los problemas, y menos aun las situaciones en las que la ineficacia y la ineficiencia nos acarrean la pérdida de cientos de millones de fondos europeos FEDER, a la vez que nos llevan hacia caminos de corrupción, voy a tratar de reiterar el porqué de la petición y de la necesidad del cese inmediato del máximo responsable de la Confederación.

La eficacia de una Administración pública se puede medir por el grado de ejecución de los presupuestos que se ponen a su disposición. En el caso de la CHNE, las Cortes Generales aprueban los presupuestos en base a unas inversiones que, en este caso, estaban definidas en los diferentes planes hidrológicos, fundamentalmente en el plan hidrológico nacional 2001-2008, que, a su vez, tenía previstas importantísimas aportaciones de la UE de hasta el 70 por ciento para su cofinanciación. Los saneamientos y abastecimientos, así como actuaciones en nuestros ríos, son las obras que centran los proyectos encomendados a sus órganos ejecutores: Ministerio de Medio Ambiente, CHNE y la empresa pública Aguas de la Cuenca Norte (Acunor), que preside también el presidente de la Confederación Hidrográfica.

Pues bien, desde el año 2004, último Presupuesto que el Gobierno del PP dejó aprobado con más 228,4 millones de euros de inversión prevista, la ejecución alcanzó el 44 por ciento, quedando sin utilizar 127,5 millones de euros. En 2005, de los 216,4 millones de euros de inversión presupuestada, se ejecutó el 42,1 por ciento, dejando 125,4 millones sin ejecutar, y en 2006, último año publicado, de 286,1 millones de euros, la ejecución bajó al 37,0 por ciento, no disponiéndose de 180,2 millones. Es decir, la ineficaz gestión del señor Marquínez empeora cada año y ha conseguido que en tres años, de 731 millones de euros de inversión aprobados, haya dejado sin ejecutar 435, el 60 por ciento.

Pero por si la ineficacia no fuese razón suficiente para que la señora Narbona decidiese su cese, hay otra que nos parece más grave aun que la simple ineficacia. El señor Marquínez, en un alarde de chulería de «señorito de cortijo», se ha permitido despedir al director técnico de la empresa pública Acunor en medio de un concurso de obra de casi 30 millones de euros porque el informe propuesto por el director técnico presente en la mesa de contratación no sólo proponía la mejor oferta técnica para su adjudicación, sino que, además, coincidía con la más barata. Y el presidente de CHNE y Acunor, una vez despedido el técnico -además, funcionario con amplia experiencia en la Confederación Hidrográfica-, se permitió adjudicar a una oferta más cara la obra, convirtiendo en sus cómplices al resto de los obedientes componentes de la mesa de contratación.

Independientemente de que los tribunales le hayan dado la razón al técnico y hayan declarado el despido nulo con derecho a readmisión e indemnización, a cualquiera algo versado en lo que es una mesa de contratación se le ocurre preguntarse: ¿En base a qué criterios técnicos los miembros que no son especialistas en la materia (geólogo, economista, licenciado en Derecho) adjudican una obra contra el criterio del director técnico a otra oferta que no es la más barata? ¿Acaso construye o hace mejores reformas de viviendas, tiene una buena agencia de viajes...? En estas fechas, en las que están de absoluta actualidad los modificados de El Musel y del nuevo Hospital, no quiero imaginarme la situación que estoy seguro que se habrá producido cuando la empresa adjudicataria presentó los correspondientes modificados para la obra de abastecimiento a los municipios del Noroccidente. Por esta segunda razón, y con fin ejemplarizante y de transparencia, el señor Marquínez también debería ser cesado.

Son estas razones suficientes para que, por higiene política, se produzca el cese de este personaje, aunque no las únicas, pues la torpeza y el grado en el que ha llegado a perder el norte en sus responsabilidades lo determina el que ni siquiera ha medido las consecuencias y la debilidad que en un terreno más embarrado supondría la utilización de las contrataciones de personal para «su gabinete».

José Ramón García Cañal es diputado del PP en la Junta General del Principado.