Parece una ley no escrita que en los períodos preelectorales los partidos políticos mayoritarios protagonicen una carrera de promesas y ofrecimientos con los que tratar de convencer a sus potenciales votantes. Confieso que ese estilo subastero del «quién da más» no se corresponde con mi forma de hacer entender la política ni con el respeto que les debemos a los ciudadanos, a los que no se les puede tratar como a cazadores de saldos en las rebajas de cualquier gran supermercado. Sin embargo, en las últimas semanas, y en especial con el anuncio de Zapatero de eliminar el impuesto sobre el patrimonio, esa carrera se ha convertido en una competición alocada y peligrosa y, desde mi punto de vista, ha puesto de manifiesto la auténtica naturaleza de la propuesta del PSOE, que se aleja cada vez más de lo que en cualquier país del mundo deben considerarse políticas de izquierdas. Porque, nos pongamos como nos pongamos, bajar los impuestos directos no es de izquierdas, porque afecta siempre a la calidad de vida de los que menos tienen.

Los impuestos en nuestras sociedades cumplen una doble función. En primer lugar, sirven para procurar los recursos suficientes para financiar los servicios públicos y sociales que son esenciales para la comunidad. Nuestra sanidad, educación, inversiones en infraestructuras, seguridad pública, atención a la dependencia, protección del medio ambiente o sistema judicial, entre otros muchos servicios que gestionan los poderes públicos, se financian con nuestros impuestos. Pero además, y en segundo lugar, respondiendo al modelo de Estado social que queremos construir en Europa, los impuestos sirven para redistribuir la riqueza, tratando de que quienes más se benefician de los efectos del mercado contribuyan proporcionalmente más para lograr paliar las dificultades de los que tienen menos y favorecer una sociedad cohesionada y, por tanto, menos conflictiva. Ése es justamente el modelo impositivo que deja establecido la Constitución española cuando determina el carácter progresivo de nuestra fiscalidad. Y eso es así porque se parte de la constatación, que hasta ahora parecía evidente para todos, de que la riqueza en nuestras sociedades tiende a distribuirse de manera desigual e injusta.

Es cierto, en todo el mundo, que la derecha económica más egoísta -en España con más virulencia que en otros lugares- siempre ha querido cambiar este modelo fiscal, conseguido tras décadas de lucha del movimiento obrero, tratando de que los ricos pagasen lo menos posible y que la contribución a las cargas públicas se rigiese por el famoso principio insolidario de «yo ya tengo arreglado lo mío, los demás que se las apañen como puedan». Como materializar ese principio no es todavía políticamente correcto, han inventado una serie de fórmulas para endulzarlo y hacerlo socialmente más presentable. La derecha norteamericana argumenta, por ejemplo, que la gente gasta mejor el dinero que el Estado y, por tanto, cuanto más dinero tenga la gente y menos los poderes públicos, mejor para todos. Pero es sabido que en Estados Unidos no hay Seguridad Social, ni sanidad pública universal, ni protección al desempleo, ni siquiera está establecido por ley que las trabajadoras y trabajadores disfruten de vacaciones pagadas. En Europa han venido formulando hipótesis más rebuscadas, pero no por eso menos injustas.

El impuesto sobre el patrimonio es un ejemplo de contribución basada en la progresividad y en una política fiscal desde la izquierda. Tienen que pagarlo sólo aquellos contribuyentes que disfruten de una riqueza estimable. Pocas familias que tengan bienes por valor inferior a cien millones de pesetas tienen la obligación de declarar, desde luego yo no conozco a ninguna. Su tipo impositivo no es muy alto en los primeros tramos y sólo va creciendo a medida que se incrementa el valor de lo que se posee. Es cierto que la regulación del impuesto y, en general, de nuestro sistema fiscal permite que se evadan de pagar las grandes fortunas. Por eso lo razonable, lo justo, lo que respondería a una política de izquierdas, es reformarlo para evitar que los que más tienen porque se benefician de los injustos efectos del mercado se libren de contribuir al bienestar de todos. Pero Zapatero ha decidido en esto abrazar la ideología de los neoconservadores y cargarse de un plumazo este impuesto, como si fuera a sacar votos en el colectivo de los que tienen más de cien millones de patrimonio, hay que ser muy ingenuo. En su competición con Rajoy por ver quién baja más los impuestos, ha formulado una propuesta que ni el líder del PP es capaz de igualar. Lo más que Rajoy ha podido hacer es reconocer en esto su derrota y aceptar como propia la iniciativa del Presidente.

Dicen que el impuesto sobre el patrimonio tiene un escaso efecto recaudador, como si 250.000 millones de las antiguas pesetas fuesen poco dinero y nos podemos permitir el lujo de prescindir de ellos. Este dinero, que se distribuye para todas las comunidades autónomas, para Asturias supone la nada despreciable cifra de 37 millones de euros. Para que se hagan una idea, con ese dinero podemos pagar durante el próximo año el salario social; las ayudas a la dependencia para los miles de asturianos que vayan a ver reconocida esa situación; las peculiares ayudas, dirigidas a ricos y a pobres por igual, para la adquisición de los ordenadores que se ha sacado de la manga este nuevo Gobierno de la izquierda singular, y todavía nos sobrarían cinco millones de euros para construir una residencia de día en alguno de los lugares de nuestra comunidad en los que estaba previsto hacerlo. Como se ve, en Asturias tenemos, de mano, 37 millones de razones para decir que no a este derechazo del PSOE.

No deja de ser sorprendente que los socialistas asturianos, los mismos que pusieron el grito en el cielo por la promulgación de la ley de Salario Social la legislatura pasada, porque según ellos las ayudas a familias en situación de exclusión social iban a esquilmar las arcas del Principado, sean ahora palmeros de las familias con más de cien millones de patrimonio, que estarán celebrando no tener que contribuir tanto al Estado, de todos modos ellos ya tienen su sanidad y educación privadas. Qué lejos está el PSOE de los socialdemócratas nórdicos que han generado un Estado social que nadie cuestiona.

Laura González es candidata de IU-BA-Verdes a las elecciones generales.