“Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tralará…”, cantábamos en nuestros tiempos infantiles. Hoy no sé si vamos o no vamos despacio, pero es evidente que podíamos tararear unas coplillas parecidas. Vamos a contar mentiras, disparates, paradojas, incongruencias, desatinos.

El señor Rosell, jefe de la patronal catalana, promueve el despido de los funcionarios de la Administración Central, aquellos que habitualmente han ingresado por oposición, por procedimientos objetivos. Según él, son innecesarios; de este modo quedarán exclusivamente los de las Autonomías, en la mayoría de los casos nombrados digitalmente; en Cataluña, reclutados por fidelidad a CiU y al nacionalismo. El señor Rosell considera que ha de prescindirse de los ministerios de Sanidad, de Cultura, de Vivienda y no se sabe de cuántos más. Todas esas materias no deben, según el señor Rosell, coordinarse ni regularse en el ámbito estatal, pero he aquí que sí cree que ha de existir en este ámbito una estructura empresarial, puesto que él aspiraba a presidir la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), y es que España sólo existe cuando interesa.

Como bajar los impuestos es de izquierdas, el presidente del Ejecutivo anuncia la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, y el señor Rajoy y los empresarios, se supone que por el mismo motivo, están totalmente de acuerdo. Y para ser todavía más de izquierdas, el señor Gómez Navarro, antiguo ministro socialista y hoy —por la gracia del Gobierno— presidente de las Cámaras de Comercio, propone que se reduzcan las cotizaciones sociales que pagan los empresarios y se suba el IVA que grava por igual a todos los ciudadanos.

El señor Gómez Navarro, para continuar siendo fiel a su ideología de izquierdas, considera que se debe flexibilizar aún más el mercado laboral con la finalidad de que los salarios crezcan menos si cabe, y continúen perdiendo poder adquisitivo. Lógicamente, la moderación salarial no debe afectar a los consejeros ejecutivos de las grandes empresas, cuyas retribuciones anuales —que ascienden por término medio, según datos de la CNMV, a 872.000 euros (cerca de 130 millones de pesetas)— aumentaron el año pasado, sin duda por parecerles exiguo su nivel retributivo, un 33,33%; aproximadamente igual que el común de asalariados. Tampoco creo que el señor Gómez Navarro se refiriese al resto de ejecutivos privados, cuyo sueldo anual medio alcanza 389.174 euros (unos 65 millones de pesetas).

El señor Rossell proclama que deben eliminarse los privilegios y equiparar las condiciones de trabajo del sector público y el sector privado. Algunos se preguntarán si es que aboga porque los directivos públicos se blinden con indemnizaciones similares a las que aparecen en los contratos de los ejecutivos privados, o se les reconozcan sueldos similares a los citados más arriba y que no deben de ser muy distintos de los que cobra el propio señor Rosell. Asimismo podría pensarse que se refiere a que las retribuciones que pagan a sus empleados las Comunidades Autónomas y muchos Ayuntamientos sean las que rijan también para los funcionarios de la Administración Central. Seguro que éstos estarían encantados con tal equiparación.

El capital privado se ha hecho con el control de los grandes suministros públicos: gasóleos, electricidad, comunicaciones, gas, etc. Las grandes empresas pretenden ir más allá; sin importarles el beneficio, quieren dar más servicios a la comunidad y por eso ambicionan introducirse progresivamente en todas las labores públicas. Cada vez hay menos funcionarios y se externalizan más las actividades administrativas. El señor Gómez Navarro, que es de izquierdas, pretende que se privatice la gestión de la sanidad, con lo que sin duda sobrarán empleados públicos, todos los médicos. En esto coincide con el señor Rosell, que es nacionalista y de derechas, y que también quiere prescindir de los funcionarios, al menos de los de la Administración Central.

¿Mentiras, incongruencias, desatinos...? La realidad misma.