Como consecuencia inevitable de su éxito de convocatoria y de su importante significado, la manifestación barcelonesa del pasado sábado contra el desbarajuste de las infraestructuras y por el derecho de Cataluña a decidir en esa materia ha sido objeto de lecturas tan sesgadas y de incriminaciones tan graves que me parece un deber de racionalidad democrática recordar algunos datos básicos acerca de aquel suceso y del contexto que lo engloba.

Veamos. En Barcelona, el pasado mes de julio se produjo un apagón eléctrico que, por sus dimensiones, por su duración y por la precariedad estructural que hizo aflorar, tiene pocos paralelos en el Occidente desarrollado. Medio año después, nadie ha asumido responsabilidad alguna por la gravísima crisis; peor aún: la comparecencia de Manuel Pizarro ante el Parlamento catalán para dar explicaciones en nombre de Endesa fue un alarde de sofismas y desplantes tendente a demostrar que los abonados de Cataluña todavía deberíamos estarle agradecidos.

En esta misma Comunidad, políticos, académicos, empresarios y hasta Cámaras parlamentarias llevan años reclamando la publicación de las balanzas fiscales, clamor al que el Gobierno central ha respondido con un rosario de negativas; la última, la del secretario de Estado Fernando Moraleda, 48 horas antes de la manifestación sabatina. Tampoco comenzaron en 2007 las averías y los retrasos en la red ferroviaria de Cercanías, que han culminado este otoño con un mes y medio de colapso. Sin embargo, tamaño desastre no ha hecho dimitir ni a un guardagujas; Rodríguez Zapatero ha usado los resortes menos nobles del poder para proteger a la ministra de Fomento, y ésta, a dos días de la convocatoria barcelonesa, se permitió calificar a quienes la critican de "anormales"; la "gente normal" -explicó- le envía cartas de apoyo por su gestión. Ninguno de los asuntos citados constituye una bandera romántica ni un fetiche identitario; son, más bien, temas prosaicamente materiales. Pero no sólo han perjudicado los intereses y la vida cotidiana de cientos de miles de personas; también hieren la dignidad civil de muchas otras, que se han sentido escarnecidas, vejadas, víctimas de un trato cuasi colonial dispensado por incompetentes. Este sentimiento transversal de agravio es la clave de la numerosa concurrencia a la manifestación.

Descubrir que la Plataforma pel Dret de Decidir, primera convocante de la protesta, es un grupo de filiación soberanista o autodeterminista no resulta difícil: basta con saber leer. Dicho grupo, pues, procuró barnizar la manifestación con la simbología que le es propia; y sí, hubo estelades, pero ni más numerosas ni más enardecidas que en cualquier manifestación nacionalista de la última década, incluida la de febrero de 2006, que no mereció mayores aspavientos. Cuantos estuvieron en el cortejo cívico del pasado sábado pueden certificar que los gritos de "Independència!" fueron esporádicos y escasamente coreados por parte de una muchedumbre tranquila, comedida y sin síntoma alguno de agresividad.

Entretengámonos, con todo, un instante más en la cuestión de los símbolos. Es inaceptable y hasta indecente la equiparación tácita que algunos trazan entre la bandera independentista, por un lado, y la rojigualda con el águila franquista, por el otro, como dos emblemas análogamente "extremos". La primera representa una idea problemática en cuyo nombre se han cometido disparates y dicho algunas tonterías; la segunda, a un régimen criminal que asesinó a decenas de miles de personas y oprimió durante décadas a decenas de millones. Y por cierto, ¿cómo es posible que se reproche al ex presidente Pujol la mera cercanía física a una estelada, el sábado por la tarde, pero no al presidente Montilla deber el cargo a los de la estelada, precisamente?

Muy a su pesar, los partidos tuvieron en la manifestación un papel de lo más discreto. Mientras sus aparatos acarrearon menos de 10.000 personas, muchísimas más afluyeron justamente porque no se trataba de una operación partidista. Ahora bien, la posición discreta de los partidos no justifica tachar su presencia de bochornosa. Esquerra Republicana e Iniciativa-Esquerra Unida se limitaron a trasladar a la calle los que habían sido sus argumentos y sus votos tanto en el Parlamento catalán como en Madrid. En cuanto a Convergència, sí, ha gobernado durante 23 años, a lo largo de los cuales incurrió en menos errores de los que le imputaban los adversarios, y bastantes más de los que admitía su autocomplacencia. Pero ¿una larga estancia en el poder democrático deslegitima luego para ejercer la oposición? Cuando los tories dejaron Downing Street tras los 18 años de la era Thatcher-Major, ¿a alguien se le ocurrió exigirles ni un día siquiera de mutismo antes de tener derecho a criticar a Blair? ¿Los 14 años de Gobierno de Felipe González invalidaban al PSOE para criticar al PP desde 1996? Sólo el pueblo soberano con sus votos puede imponer purgatorios políticos o aquilatar la autoridad de un partido para hacer tarea opositora.

Serenidad y cintura democrática -las que han mostrado, por ejemplo, los consejeros socialistas Castells, Tura o Nadal- son las recetas más inteligentes tras una protesta como la del sábado. Menospreciarla o atribuirle un carácter que no tuvo sólo profundizará el agravio que la nutrió.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.