Nin tanto, Nin tan poco, de Fabián Werner en Brecha
Entre la avidez de los medios y el empresarismo progresista
Varios medios agitaron las aguas suiriendo prácticas corruptas en el entorno del vicepresidente de la República aunque no parecen existir evidencias sólidas. Pero no es la primera vez que se habla de una trama político empresarial ligada al gobierno progresista.
Una serie de denuncias anónimas que se hizo llegar en tres entregas durante el mes de octubre a la Presidencia de la República sobre el presunto tráfico de influencias por parte del vicepresidente Rodolfo Nin y su hermano Gonzalo a fin de beneficiar empresarios en la compra de insumos para el Ejército, acaparó los titulares de los medios en los últimos días.
La primera tanda de publicaciones, que se inició el jueves 22 con una dosificación de nombres y detalles del contenido de los documentos, hizo pensar al oficialismo en una operación cuidadosamente montada con un doble objetivo: por un lado, instrumentar una venganza por parte de los intereses empresariales afectados por no concretar los negocios aludidos y, por otro, golpear políticamente al número dos del gobierno progresista.
Pero también se coló en el análisis de la cuestión el papel que jugó parte de la prensa, que adoptó un procedimiento periodístico considerado de dudosa profesionalidad al publicar el contenido de una denuncia anónima sin mayores pruebas, para recién después comenzar a aportar indicios respecto de su veracidad.
De todos modos, es cierto que buena parte de la verosimilitud que se le puede atribuir a la versión está dada por elementos anteriores a la divulgación de esta denuncia. Es que desde hace tiempo se afianzó en ámbitos políticos y empresariales la convicción de que alrededor del gobierno se ha ido formando una “rosca” que participa de reuniones en clubes, restoranes y casas particulares, donde se habla de política, pero también de negocios. Y es en ese marco de relaciones poco claras entre políticos y empresarios que cualquier imputación con elementos más o menos comprobados adquiere un tono de denuncia que sacude al gobierno y afecta el histórico postulado de transparencia de la izquierda.
UNA COSA TRAE LA OTRA. Una persona vinculada al ámbito castrense entregó tres informes a la Presidencia de la República en los que “denuncia eventuales desprolijidades en la participación de empresarios, oficiales y un dirigente frenteamplista”. Tal fue la presentación del tema que realizó Búsqueda el jueves 22, citando fuentes vinculadas al ámbito militar que pidieron permanecer en el anonimato. En el artículo se citaban pasajes textuales de los documentos entregados luego al Ministerio de Defensa, aunque sin dar los nombres de las personas involucradas, no se sabe si por prudencia o por haber accedido al contenido de los textos en forma indirecta a través de las fuentes, que prefirieron dosificar la información.
Pero el viernes 23 la cuestión tomó otro cariz, cuando El Observador dio el nombre de Gonzalo Nin, secretario personal de su hermano, el vicepresidente de la República, como uno de los mencionados en los documentos. También trascendió que los empresarios nombrados eran el ex teniente Eduardo Coronel –conocido proveedor del Ejército desde 1985– e Igor Svetogorsky, célebre por su participación en el escándalo de Focoex durante el gobierno del Partido Nacional y habitual proveedor de armamento a la fuerza de tierra (véase recuadro). Además, en esa misma edición se dio detalle sobre un altercado que se había mencionado en la nota de la víspera, entre el ahora identificado Nin y el director del Hospital Militar, general Miguel Dalmao –cuyo nombre no figura en la denuncia–, en la fiesta de cumpleaños de Coronel. El motivo del entredicho (que según Búsqueda está grabado en audio y video) fue la inminente compra por parte del Ejército de una partida de fusiles de asalto, y sobre la cual los 15 generales en actividad debían remitir una opinión al comandante Jorge Rosales.
Las denuncias están contenidas en diez carillas, en tres entregas fechadas los días 4, 22 y 24 de octubre, y refieren a negocios para la compra de insumos, armas y obras de construcción en predios militares. El primer asunto denunciado es la adquisición de 40 carros blindados, asunto por el cual se acusa al vicepresidente y a su hermano por haber incidido directamente para que se eligiera la oferta representada en Uruguay por el intermediario Svetogorsky. Se asegura que Rodolfo Nin llamó al director del Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), coronel Heriberto Fernández, para que atendiera a “su amigo Svetogorsky”, razón por la cual éste tiene una actitud “generosa” con su sector, la Alianza Progresista (AP). No se explica la manera en que se expresa tal agradecimiento.
Esta presunta intervención del vicepresidente no fue consignada en las primeras notas periodísticas publicadas hasta el lunes 26, en cambio sí se mencionó a su hermano y secretario Gonzalo, quien aparece identificado en la línea siguiente en la misma carilla. “Gonzalo Nin ha pretendido incidir públicamente en la adquisición de armamento a Chile, quien luego de unos whiskys se torna muy extrovertido”, dice el texto sin prestar mucha atención a la sintaxis. Y añade: “En la adquisición de los blindados y la futura compra de armamento la incidencia de los hermanos Nin fue determinante en el primero y en la segunda es probable pierda fuerza por ser un tema que está molestando a varios”. Esta enigmática afirmación no es explicada en el documento.
En la segunda denuncia se habla de las negociaciones para la compra de un hospital de campaña, para la que existiría una oferta proveniente de España por 6 millones de euros, de una empresa que también representaría Svetogorsky. Aquí se menciona por primera vez a un grupo denominado Inclan, integrado entre otros por el empresario Coronel, quien realiza negocios con el Ejército desde 1985. “La base del pliego de condiciones se encuentra en la PC de Svetogorsky desde hace meses”, dice la denuncia, y agrega que ese mismo equipamiento puede conseguirse en el país a un costo que oscila entre 1,5 y 2,5 millones de dólares, utilizando además mano de obra e insumos nacionales.
El tercer grupo de denuncias refiere a la refacción del edificio castrense ubicado en Dante y República, donde se ubicó antiguamente la Escuela de Inteligencia del Ejército, y cuyas obras, a un costo de 700 mil dólares, todavía están en marcha. Este trabajo también está a cargo de Coronel, gracias a la decisión del ex comandante en jefe Carlos Díaz, quien además le encargó al empresario la restauración de su domicilio particular.
Luego de enumerar diversas violaciones a la legalidad como evasión de aportes sociales y sobrefacturación, el texto define al “grupo Inclan” como “transgresor”, y detalla su integración. Además de los ya mencionados hermanos Nin y los empresarios Coronel y Svetogorsky, nombra al diputado Carlos Gamou como “respaldo” dentro del mpp, y al general Milton Ituarte como “reforzador de acciones” mediante el asesoramiento al Comando General del Ejército.
Ninguno de los documentos aludidos identifica al o los autores, ni agrega documento probatorio de las imputaciones. A pesar de eso, el presidente Tabaré Vázquez resolvió trasladar las denuncias a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti. Según diferentes versiones, la Presidencia no dio aviso de ello a ninguno de los Nin, lo cual habría molestado al vicepresidente.
LA IZQUIERDA SE INVESTIGA. El viernes 23, ya con algunos nombres sobre la mesa, la ministra Berrutti restó trascendencia a las denuncias y explicó por qué. “A mí me hicieron llegar unas fotocopias, sin valor alguno, y sin firmas, por lo que son totalmente irrelevantes”, ya que “no contienen referencia alguna, por lo que ni siquiera han sido consideradas”, declaró. En la edición de ese día, El Observador consultó a Gonzalo Nin, quien dijo que nunca participó en un negocio de venta de armas, y admitió haber ido a una fiesta aunque negó haber tenido una discusión con Dalmao. Con respecto a su relación con Coronel, dijo conocerlo de Melo, de donde son oriundas ambas familias. Posteriormente, a otros medios que lo consultaron, anunció que se presentaría ante la justicia el lunes 26 para pedir la investigación de los hechos denunciados como forma de demostrar su inocencia.
Si bien en un principio dijo descartar que hubiera una conjura interna en el fa para perjudicar a su hermano, días después esa especulación volvió a tomar fuerza. De hecho, es una de las principales hipótesis que se maneja entre los dirigentes de la 738, que de todos modos esperarán a que actúe la justicia para resolver qué actitud asumen.
Esa fue la evaluación que hizo el sector en una reunión mantenida el domingo 25 en la sede del PDC, durante la cual se decidió además dar todo el respaldo del sector a los hermanos Nin, que Gonzalo pidiera licencia por tiempo indeterminado a la secretaría personal de su hermano, y que el mismo escrito que se presentaría al día siguiente ante la justicia se presentara a la Mesa Política del fa para que decida si remite el caso al Tribunal de Conducta Política (TCP). Fuentes del sector dijeron a Brecha que para la 738 esto representa “un ataque directo” al vicepresidente de la República para perjudicar su carrera política, y que no es casual que esta denuncia haya surgido pocos días después del congreso del sector que resolvió “relanzar” la figura de Nin como uno de los postulantes a la candidatura presidencial del fa para 2009. En el marco de ese análisis también se sospecha que hay sectores de la propia interna frenteamplista que están propiciando la difusión de estas denuncias, con lo cual el panorama político que las rodea se vuelve todavía más complejo.
Esta hipótesis fue mencionada en varios medios, que incluso llegaron a deducir la existencia de una especie de coordinación entre el ala más dura del mpp, afín al dirigente Julio Marenales, con la logia del Ejército Tenientes de Artigas. Este sería un alineamiento novedoso, si se tiene en cuenta que esta logia siempre se relacionó con el sector tupamaro encabezado por Eleuterio Fernández Huidobro, hoy alejado del mln.
Pero más allá de que exista o no esta extraña confluencia de intereses, hay miembros del oficialismo que analizan con preocupación creciente las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del gobierno y los movimientos que se dan en la izquierda ante ellas. En ese contexto es que se ve al marenalismo como una de las corrientes partidarias de la investigación y la denuncia pública de los hechos presuntamente irregulares, como ocurrió en el caso que tuvo como protagonista al ex senador del mpp Leonardo Nicolini, absuelto recientemente por la justicia en un fallo de primera instancia. En el otro extremo se ubican quienes prefieren privilegiar el ejercicio del gobierno y defender a los inculpados hasta las últimas consecuencias, como ocurrió con Asamblea Uruguay en el caso del director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, actualmente investigado en un juzgado penal.
En una posición intermedia se ubican quienes mantienen la idea de adoptar acciones de inmediato ante la detección de posibles casos de corrupción. Esa línea puede verse expresada en dos variantes: una, la de los hermanos Nin (Gonzalo pidió licencia a la secretaría del vicepresidente hasta que se aclaren los hechos); la otra postula la idea de adelantarse a los hechos retirando a los jerarcas de sus cargos antes de que se oficialicen las denuncias (como ocurrió hace unos meses en la Intendencia de Montevideo con el recambio en un alto cargo de dirección ante lo que se visualizó como una potencial irregularidad).
DEFENSA Y ATAQUE. Ante lo que se consideró el inicio de una “operación” prolijamente instrumentada, la reacción de ap y de Gonzalo Nin no se hizo esperar. El viernes 23 por la tarde apareció en escena la abogada Hebe Martínez Burlé como defensora de quien hasta entonces había sido el único miembro del gobierno mencionado por los medios y confirmó la presentación de un escrito denunciando los hechos el lunes siguiente. Ese día por la mañana definió a las fuentes de la información periodística como “absolutamente cobardes” por refugiarse en el anonimato para presentar la denuncia, y dijo que el único camino que le queda a su defendido para preservar su honor es “investigar”. Por la tarde presentó un escrito de seis carillas en el que solicita a la justicia que se investiguen los hechos denunciados, pero también a las fuentes que originaron la especie, ante la convicción de que se le imputaron a Nin “hechos de naturaleza delictual” que lo hacen “pasible de un procedimiento penal o disciplinario so pena de exponerlo al odio o desprecio público”.
El escrito principalmente apunta al delito de difamación, aunque el hecho de que las versiones hayan sido difundidas en forma anónima impide identificar a los “difamadores”. Por ello requirió la “investigación profunda” de los hechos en el marco de la ley de prensa y a través de los periodistas o propietarios de los medios que difundieron las denuncias. Quienes atribuyeron esos hechos a Nin “eran conscientes del resultado y de la significación de las conductas que le irrogaban”.
En el escrito se pide a la sede actuante que se cite a declarar a la ministra Berrutti, al senador José Korzeniak (a quien Nin planteó su preocupación por la compra de armamento, y por una tercera oferta de armamento brasileño todavía más barata que las dos anteriores), al director del cale, Heriberto Fernández, al vicepresidente Nin, al general Dalmao y a los empresarios Coronel y Svetogorsky. El juez que asumió competencia es Rolando Vomero y la fiscal Diana Salvo.
El mismo lunes 26 el gobierno cerró filas en torno a los hermanos Nin, a través del presidente Vázquez. “Te quiero decir que tenés todo mi respaldo, todo mi apoyo. Te quiero mucho y me parece muy bien la actitud que tomó tu hermano”, le dijo Vázquez a su vice. Rato después el propio vicepresidente negó que su hermano hubiera presentado renuncia a su secretaría (“ninguna denuncia anónima nos puede hacer renunciar a la gente”) y confirmó que su alejamiento era temporal.
De allí en adelante la defensa pública de Gonzalo Nin estuvo a cargo de su abogada, quien consideró que la denuncia tenía como centro su presencia en un cumpleaños y la charla que había mantenido con el general Dalmao sobre la compra de fusiles. “¿Qué prohibición tiene Gonzalo Nin, como un ciudadano cualquiera del país, de dar su opinión, cuando sabe que se van a comprar los fusiles más caros del mundo y habiendo posibilidades de acceder a otros de igual calidad por menor precio, en beneficio de las arcas del Estado?”, preguntó la abogada.
Y respecto a la versión de que esa charla había sido registrada por personas no identificadas, replicó que si la conversación está grabada “que la traigan, vamos a escucharla”. Rodolfo Nin fue más lejos al sostener que el contenido del registro “revierte los dichos de la información periodística”, lo cual da a entender que el vicepresidente conoce el contenido de la grabación.
Al día siguiente, el martes 27, la ministra Berrutti anunció que revisará todos los trámites de compra de armas por parte del Ejército. “En la medida y en función de las repercusiones tan infelices que han tenido estos sucesos (voy a) repasar, revisar, volver a supervisar los trámites para ver si está todo correcto”, declaró. Pero además aclaró que en el correr de la semana se abrirían las ofertas para la compra de los fusiles, ya sin la oferta de la empresa representada por Svetogorsky, que retiró su propuesta en función del cambio en el número de armas a adquirir y variaciones monetarias.
DUDAS RAZONABLES. Entre las acusaciones lanzadas anónimamente y –por el momento– con poco sustento probatorio respecto de compras influenciadas políticamente, y la defensa de los miembros del gobierno, persisten algunas dudas que dejan varios aspectos del asunto pendientes de dilucidación.
Si bien es cierto que deberían ser los acusadores quienes probaran la veracidad de sus afirmaciones, Gonzalo Nin enfrenta un creciente cúmulo de imputaciones con respecto a su vinculación con al menos uno de los empresarios acusados. A su admitida relación con Coronel, hay que sumar ahora las versiones relativas a la sociedad que mantiene con él para el arrendamiento de un campo en Cerro Largo, así como la propiedad de una srl con Santiago Coronel Carriconde, un sobrino del empresario. Esta eventual relación había sido negada por Nin, quien dijo no tener “ningún tipo de involucramiento con ninguna empresa ni con influencias sobre mí para beneficiar a nadie” (radio Sarandí, viernes 23).
Svetogorsky, uno de los principales involucrados en las denuncias, calificó como “infundadas y falsas” las imputaciones que lo mencionan, dijo que no todas sus participaciones en procesos licitatorios estatales son exitosas e incluso negó haber presentado una oferta por un hospital de campaña, aunque dijo estar dispuesto a participar del proceso (Búsqueda de ayer, jueves).
Más allá de esta batería de defensa, en ámbitos políticos y empresariales se habla del papel que ha jugado el hermano del vicepresidente a través de sus actividades en el Palacio Legislativo, teniendo como sede un despacho en el segundo piso del Edifico Anexo, al que en los pasillos parlamentarios se conoce como la “gestoría”.
Por allí, según dijeron a Brecha varias fuentes legislativas, han pasado muchos de los empresarios que también fueron vistos en encuentros informales en clubes de pesca, restoranes o domicilios particulares, en los que se habla de política y también de negocios. La presencia allí de Svetogorsky y de otros conocidos representantes del ambiente empresarial como Juan Salgado, Mario Bonanata y el ex secretario del intendente Arana Mario Areán, son el marco de verosimilitud que alimenta estas nuevas versiones sobre la existencia de un “empresarismo progresista”, que preocupa dentro y fuera de la izquierda.
Ficha repetida
El empresario Igor Svetogorsky no es un recién llegado en esto de las denuncias de tráfico de influencias y eventual corrupción. Su nombre fue relacionado a prácticas muy similares a las que ahora se le imputan cuando el partido que estaba en el gobierno era el Nacional, y las acusaciones provenían del Frente Amplio.
Regalos, donaciones, viajes a Europa y frecuentes agasajos a legisladores, ministros y jerarcas varios del gobierno de Luis Alberto Lacalle fueron profusamente denunciados, pero nunca pudieron enmarcarse en una figura delictiva. Por esa razón, tras dos años de idas y venidas, en marzo de 1998 fue archivada una denuncia por tráfico de influencias que tenía como principales imputados a Svetogorsky y a ex gobernantes blancos como Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Villanueva Saravia y Enrique Braga.
Entre los muchos que cuestionaron desde la izquierda los negocios de este empresario con el gobierno blanco se cuentan los hoy ex diputados Leonardo Nicolini, por entonces en Asamblea Uruguay y hoy en la Corriente de Acción y Pensamiento del mpp, y Carlos Pita, actual embajador uruguayo en Chile.
