Cada vez hay más conductores afectados por el síndrome del piloto suicida, a pesar de que los límites de velocidad que nos imponen convierten prácticamente en imposible que un indefenso insecto resulte aplastado por el morro del vehículo. En Barcelona, donde tenemos más conciencia vial y ecológica que el mismísimo san Cristóbal, acabamos de estrenar los 80 kilómetros por hora de velocidad máxima en todo el área metropolitana, autopistas de pago incluidas. El pretexto oficial: rebajar el índice de contaminación ambiental y, muy en segundo término, ahorrarse alguna víctima. El problema es que los técnicos más cualificados en la materia, incluido el Reial Automòbil Club de Catalunya, niegan la mayor y vaticinan un aumento de la polución. Pero ya sabemos que rectificar es de sabios y que por estos lares no sobra erudición últimamente. Así que, a partir del 1 de enero, los nuevos radares recaudatorios podrán cazar a más de 90 por hora a los irresponsables conductores que se dirijan o regresen de sus trabajos, porque un buen día decidieron vivir en la periferia de la gran urbe. Mucho nos tememos que las partículas en suspensión y el óxido de nitrógeno seguirán campando a sus anchas, aun a costa de aumentar la frustración y el estrés de muchos conductores, ya hartos de ver cómo los carriles de adelantamiento son sistemáticamente ocupados por vehículos que circulan con una lentitud exasperante. Eso sí. Como cualquier medidor verde arroje un mínimo dato positivo contra la contaminación, no faltará quien proponga limitar la velocidad del AVE, si es que llega algún día, o que los aviones despeguen en El Prat a menos de 250 kilómetros por hora, aun a costa de que se desplomen. Todo sea por respirar sano.