PRISMA

Pocos días después de ser nombrado, el Ministro de Cultura anunció que los directores de los grandes centros culturales dependientes del Ministerio serían elegidos a través de un proceso concursal.

El mecanismo es sencillo: los distintos candidatos deben presentar un proyecto que se somete al análisis y posterior dictamen de un tribunal. El primer equipamiento cuyo director se decidirá con este régimen de selección, es el Centro de Arte Reina Sofía, lo que nos dará una muestra exacta de la transparencia y eficacia del sistema.

Aún siendo un modelo innovador en las dinámicas del Ministerio de Cultura, ésta experiencia ha sido ensayada en otras instituciones.Por no ir demasiado lejos en el tiempo, el director del Grec, Ricardo Szwarcer fue elegido a través de un proceso similar y nada hace pensar que el sistema hay tenido deficiencias.

Elegir entre candidaturas abiertas y a través de un proceso objetivo (suponiendo que la objetividad sea posible en este tipo de decisiones) supone un notable avance en la institucionalización de nuestras políticas culturales en la medida que los elegidos no son necesariamente personajes cercanos a una ideología concreta o a criterios de gestión orgánicos, lo que abre la posibilidad de que su duración en el cargo no dependa de los vaivenes políticos sino del nivel de cumplimiento del proyecto sobre el cual se les eligió.

Sin embargo la cuestión no es tan sencilla. Acabar con los nombramientos a dedo es simbólicamente importante, pero puede quedar en un simple hecho retórico si tal medida no va acompañada de un compromiso público del proyecto ganador. La pregunta es muy simple; ¿quién es el depositario del proyecto elegido?: el Ministerio, el Ayuntamiento, la institución convocante, o el sector cultural afectado y, en su defecto, la sociedad en su conjunto.

Se supone que un proceso abierto no es únicamente una excusa para legitimar un nombramiento, ni tan solo un procedimiento inteligente para disponer de opciones diferentes, sino una transformación real del sistema de elección de nuestros responsables artísticos.Para lo primero no es necesario ningún tipo de cambio en nuestro ordenamiento dado que concursos públicos se han realizado muchas veces. Para lo segundo (que es lo importante) sí conviene establecer un contrato programa público a partir del cual la evaluación de los resultados sea tan objetiva como lo es el nombramiento.

De poco serviría contratar a un director artístico en función de un proyecto personal si después no es evaluado sobre los resultados de este mismo proyecto. Dicho de otra forma; igual que nos comprometemos a seleccionar la mejor propuesta deberíamos aceptar no cesar al interfecto si la cumple escrupulosamente.

Bienvenida sea la propuesta del Ministro de Cultura si nos permite a todos los ciudadanos ser un poco más propietarios de los proyectos culturales públicos, lo que al fin y al cabo es uno de los objetivos básicos de cualquier política cultural de progreso.

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