Dos economistas cifran el saldo fiscal en sólo 6.900 millones

Según un informe encargado por la Fundación BBVA, todos los años cada catalán aporta a la caja única del Estado 1.094 euros más de lo que recibe. Esto ha generado un déficit fiscal en Catalunya de 6.934 millones de euros de media anual en los últimos quince años. Es decir, desde 1991 hasta el año 2005 el saldo entre lo que Catalunya aporta al Estado y lo que recibe de este asciende a 104.010 millones de euros.

Estas cantidades pueden parecer a simple vista muy abultadas, pero distan de ser las reales. Al menos, son sustancialmente inferiores a otros cálculos. Sin ir más lejos, Funcas, la fundación de las cajas de ahorros -nada sospechosa de obedecer a intereses catalanes-había calculado ese déficit en 13.373 millones para el 2004.

El informe, encargado por la Fundación BBVA a los profesores Ezequiel Uriel de la Universidad de Valencia-Ivie y al profesor Ramón Barberán de la Universidad de Zaragoza, estudia las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la administración pública central entre 1991 y 2005.

Los dos profesores forman parte del grupo de expertos creado por el Instituto de Estudios Fiscales por encargo del Ministerio de Economía para obtener una metodología consensuada que sirviera de base para elaborar las balanzas fiscales con vistas a las negociaciones que sobre financiación autonómica tenían que haberse abordado hace un año y que por razones técnicas y políticas han quedado retrasadas hasta la próxima legislatura.

En el transcurso de aquellas reuniones, los expertos no se pusieron de acuerdo sobre cuál es el mejor método de cálculo, aunque en realidad deberían llamarse aproximación. Aquellas reuniones acabaron con una única conclusión: la definición de dos metodologías: la llamada "carga-beneficio" y la denominada de "flujo de caja". El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dijo entonces que tendría en cuenta las dos aproximaciones durante las negociaciones, si bien en las últimas semanas ha avanzado que no piensa hacer públicas tales balanzas.

El estudio de la Fundación BBVA se inclina por la metodología de "carga-beneficio". Es decir, se computa la carga que soporta cada ciudadano de un territorio en términos fiscales y los beneficios que recibe del Estado dicho territorio. Es la que más beneficia a Madrid, porque imputa al resto de territorios peninsulares servicios y órganos de la administración que se encuentran en la capital española por considerar que benefician a los ciudadanos de todos los territorios.

Otro de los miembros presentes en la comisión creada por el Instituto de Estudios Fiscales, Guillem López-Casasnovas se lamentaba ayer de que "la Fundación BBVA no haya pedido a sus autores que estimen la balanzas fiscales con las dos aproximaciones consensuadas en su día en las reuniones". Para este catedrático de Economía de la UPF, el estudio "no debería imputar unos gastos que se dice que se hacen en nombre de todos los españoles, pero que tienen un impacto económico sólo en Madrid".

De vuelta al estudio encargado por la Fundación BBVA, Madrid aparece como la comunidad más solidaria, al situar el saldo de la comunidad de Madrid en términos negativos por habitante en 2.302 euros, casi el doble que el saldo que se otorga a Catalunya.

La principal anomalía que refleja el estudio es el caso de Navarra y País Vasco como consecuencia de los regímenes forales que las sustentan. Así, Navarra que es la segunda autonomía por su renta per cápita, no sólo no aporta nada a la caja común del Estado, sino que cada ciudadano recibe de media 584 euros anuales.

El País Vasco también se sitúa en términos de renta per cápita (es la tercera) por delante de Catalunya y sus ciudadanos reciben más de lo que pagan en una cuantía de 792 euros de media anuales.

Asimismo aparecen como una singularidad, aunque en menor medida, las islas Canarias, donde cada ciudadano recibe del Estado 1.500 euros de media.

Con esta metodología también se pone de manifiesto que la autonomía que más recibe del Estado es Andalucía. Su balanza fiscal es positiva en 10.237 millones de euros anuales. Le siguen Galicia (3.849 millones), Castilla-León (3.535 millones), Castilla-La Mancha (2.633 millones).