El acuerdo social siempre pendiente, de Víctor H. Abelando en Brecha
Entre el deseo y la realidad
Una de las principales líneas de acción del gobierno progresista ha sido intentar un pacto o acuerdo social. Hoy esa posibilidad es mirada de reojo por varios actores, sea porque tiene contenidos que no satisfacen –como le ocurre a los empresarios con la legislación laboral– o porque no se sabe para qué es, como siente la mayoría del movimiento sindical.
El debate sobre un pacto o acuerdo social está de nuevo en el tapete. La idea no es nueva en el país y menos en el mundo. En las distintas presentaciones del presidente Tabaré Vázquez durante la campaña electoral, el acuerdo social apareció como la herramienta necesaria para las transformaciones que el Frente Amplio (fa) proponía a la ciudadanía.
En los primeros meses del gobierno se le dio forma a ese planteo y se inició el camino del diálogo social, condición previa para un pacto de esas características, aunque el nombre elegido en la ocasión fue el de “Compromiso nacional por el empleo, los ingresos y las responsabilidades”. A esa instancia se convocó a empresarios y trabajadores, que junto al gobierno comenzarían el análisis de la agenda que el país desarrollaría tanto en materia laboral como en el diseño del país productivo.
Superados los dos años y medio de gobierno, el plan inicial enfrenta varias dificultades, entre ellas la oposición de las cámaras empresariales a la nueva legislación laboral y una actitud recelosa del movimiento sindical ante –dicen– las evidentes carencias de contenido de futuro del diálogo social.
Ambos actores comparten la preocupación por la falta de precisión en el diseño de país productivo que anunció el presidente de la República.
Hugo Donner, vicepresidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (ciu), comentó a Brecha que en ocasión de escuchar las presentaciones de Vázquez, se sintieron francamente entusiasmados “porque nos gustó que por primera vez se hablara en serio de un proyecto de país productivo, con una idea de que se iba a planificar a largo plazo, con conceptos de los gordos, rectores, que no habían sido lo planteados por otros gobiernos. Después, con Vázquez ya presidente y cuando se tiró la idea del Compromiso Nacional, también salimos entusiasmados. Ahora, dos años y medio después, le digo que nos sentimos bastante decepcionados. No es que no se haya hecho nada, pero no vemos un camino franco, marcado, con acciones decididas. Muy probablemente sea porque el gobierno tiene en su seno visiones distintas”.
En tanto, desde el pit-cnt (véase entrevista a Juan Castillo), parece primar la idea de que no existe una estrategia para el desarrollo productivo por parte del gobierno. Empero, reconocen algunos aspectos positivos, aunque las cosas se den por agregación y no por un plan rector. De todas formas, se preguntan si el modelo de producción está básicamente definido por la inversión extranjera o si existe la posibilidad de que ella no sea el único vector porque, en la visión del sindicalismo, al Estado le corresponde el papel de locomotora del país productivo.
Por el contrario, en el otro plano decisivo de un posible acuerdo social, el establecimiento de claras relaciones laborales, es notoria la complacencia de la central sindical ante la legislación surgida en el actual período de gobierno.
PROBLEMAS. Varias semanas atrás, las cámaras empresariales se retiraron del Compromiso Nacional molestas por el articulado de la ley de tercerizaciones. Donner comentó a Brecha que dicha decisión surgió no tanto por la ley misma, sino porque ella desbordaba el vaso de una serie de desencuentros en materia laboral con el gobierno.
En relación a la política laboral, dijo Donner que “nos tiene francamente muy desilusionados el asunto del Compromiso Nacional, pues todas las veces que se lo ha convocado siempre coincide con uno de los bombazos que hemos recibido en materia laboral, en forma inconsulta”.
Para Donner, si bien el Ministerio de Trabajo les ha dado participación y algunas leyes se han corregido y “se ha escuchado nuestra opinión, se lo ha hecho con una lógica perversa. ¿Por qué? Porque cuando a usted lo invitan a participar en un compromiso nacional, se supone que primero debemos ponernos de acuerdo en las bases y no estar arreglando hechos consumados, como ha pasado siempre. La tónica en los temas laborales ha sido que no empezamos el partido cero a cero sino perdiendo diez a cero y después vemos de descontar un golcito”.
En opinión del directivo de la ciu, todas las leyes han supuesto triunfos para el pit-cnt, porque se ha accedido a sus reclamaciones históricas. “Hemos hecho mucho énfasis en la ley de tercerizaciones, aunque de todo lo que ha pasado en los últimos años no es lo peor. Convengamos que al lado del fuero sindical, del tema de las ocupaciones, del período de prescripción de los créditos laborales, la ley de tercerización es la menos importante”, afirmó Donner.
Juan Mailhos (asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, cncs) coincidió en que toda la normativa en materia laboral ha sido impuesta al sector empresarial, en cumplimiento de lo que el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, llamó a dar satisfacción a las promesas electorales.
“Vemos una identidad de estrategia y opinión entre el sindicalismo y el gobierno”, subrayó Mailhos.
Para el movimiento sindical, aunque con pequeñas salvedades, es claro que la nueva normativa laboral corrige las consecuencias negativas del pasado período de desregulación y flexibilización.
La consecuencia es que ahora, dijeron a Brecha varios dirigentes sindicales, los empresarios deben comprender que el mundo del trabajo tiene dos actores y que se debe tener en cuenta a los trabajadores. Tal es la conducta que en muchos casos sigue el empresariado europeo, aseguraron.
Sin embargo, no puede decirse que el diálogo social esté parado. El ministro Bonomi señaló a Brecha que los empresarios se han retirado de los ámbitos más políticos del diálogo social y que varias cámaras empresariales, la de la construcción por ejemplo, siguen participando y acordando en las comisiones creadas en el marco del Compromiso Nacional.
Mailhos comentó a Brecha que el retiro empresarial del ámbito más general debe servir para abrir un período de reflexión de los actores que en él participan. La cncs añadió que ha realizado gestiones para que en diciembre vengan a Uruguay delegaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras, para analizar con ellos y el pit-cnt las experiencias de acuerdo social en España. Sin que ello signifique –advirtió Mailhos– copiar el modelo español, “pero queremos conocer cómo ha evolucionado la realidad de España después del Pacto de la Moncloa”.
NUNCA ES TARDE.
En los últimos días, la necesidad de un acuerdo social emergió nuevamente, aunque los protagonistas del mismo difieran en las razones para ello.
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, sostuvo que es “necesario que hagamos un pacto social con participación del sistema político, de los empresarios y de los trabajadores, porque con un sistema dividido no vamos a avanzar”.
Aparentemente, la percepción desde la oposición es que se ha avivado el conflicto social y que ello puede redundar negativamente en los diferentes factores que inciden sobre la economía del país. En distintos medios de comunicación se ha insistido con el aumento de la conflictividad, generándose la idea de que el país vive circunstancias que pueden ser incontrolables. En esa lógica, alcanzar la estabilidad necesaria para el buen clima de negocios obliga a exigirle al demandante movimiento sindical que se avenga a modificar su conducta.
En cambio, desde el propio FA, el Partido Socialista (PS) entiende que el acuerdo social “alude a un modelo de desarrollo de país productivo con justicia social, y a una manera de gobernar donde la democracia, la política, el acuerdo y el diálogo primen sobre el mercado y los intereses de los más poderosos”.
A juicio del ps, el acuerdo debería caracterizarse por el intento de empresarios y trabajadores para “acordar modelos y reglas de juego para la vida económica, social y cultural, lo cual no presupone eliminar el conflicto sino crear un marco para encauzarlo, en base a reglas democráticas y no supeditado a los vaivenes del mercado”.
La intención del acuerdo social también es alcanzar la “ampliación y consolidación de la base social para los cambios, incluyendo a los trabajadores, cooperativistas, jubilados y pensionistas, estudiantes y capas medias expresadas por pequeños y medianos empresarios, profesionales, docentes y sectores vinculados a las nuevas tecnologías, la creatividad y la innovación”.
En el escenario que se crearía, los socialistas entienden la necesidad de gestar “una nueva hegemonía en la sociedad, un nuevo sentido común basado en ideas y valores de justicia, igualdad y transformación social”.
Revitalizar la posibilidad de transitar por un acuerdo social, tal como lo enunció el gobierno desde sus primeros días, dependerá del contenido que el mismo tenga. No parece que el movimiento sindical acceda a un acuerdo de ese tipo sin que se explicite la estrategia de país productivo, y menos lo haría si hubiera marcha atrás en la legislación laboral aprobada.
La actitud de los empresarios depende de que se le aseguren algunas cosas, como el respeto irrestricto a la propiedad privada, según señaló Donner, pero también dependerá de cuánto se sientan identificados con el modelo de país productivo propuesto.
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