El lehendakari argumenta que PP y PSOE dialogaron con ETA

El lehendakari Juan José Ibarretxe va a pedir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que cite a declarar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su antecesor, José María Aznar, en el juicio que debe celebrarse contra el jefe del Ejecutivo vasco, por el presunto delito desobediencia, por haberse reunido con Batasuna durante el proceso de paz. Con estas comparecencias, Ibarretxe pretende demostrar que se le está sometiendo a un juicio político por dialogar con la izquierda abertzale, mientras Aznar y Zapatero han auspiciado el diálogo con ETA, sin que la justicia les haya pedido cuentas.

La defensa del lehendakari pedirá asimismo que declaren el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ex titular de la misma cartera durante la etapa del PP, Jaime Mayor Oreja, así como el presidente del PSE, Jesús Egiguren, el líder del PNV Josu Jon Imaz y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, según anunció ayer la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate. Ibarretxe está acusado de desobediencia porque el año pasado se reunió con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Batasuna, a sabiendas de que esta coalición fue disuelta y tiene prohibida toda labor orgánica.

Los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares están acusados del mismo delito. Zapatero, a su vez, fue objeto de una querella similar que se tramitó en el Tribunal Supremo (TS), dado que goza de un fuero especial como presidente del Gobierno. El Supremo rechazó la iniciativa, argumentando que los encuentros con dirigentes de la disuelta Batasuna respondieron a una decisión de tipo político que no está sujeta al control de los tribunales, sino del Parlamento, por su propia naturaleza.

El juez Baltasar Garzón también archivó una denuncia similar, al considerar que una cosa es prohibir las actividades orgánicas de Batasuna y otra distinta impedir a sus líderes que se reúnan con dirigentes de otros partidos en el marco de un proceso de paz. Pero el TSJ del País Vasco ha rechazado una y otra vez las peticiones de que archive este proceso, como antes hicieron la Audiencia Nacional y el Supremo. A estas peticiones se ha sumado la fiscalía, pero el caso sigue porque el Foro de Ermua mantiene la acción popular. Este caso concreto está haciendo que el Gobierno se plantee una reforma legal para impedir que la acción popular pueda llevar adelante una acción penal cuando la fiscalía esté en contra. De hecho, la defensa de Ibarretxe planteará que incluso en el actual marco legal la ausencia de acusación por parte del fiscal debe suponer el archivo del asunto.