Normalmente cuando se habla de la economía asturiana se tiende a considerar su evolución y su estructura productiva sin hacer mayores referencias a las implicaciones espaciales de tales cuestiones. Sin embargo, desde que surge el proceso de industrialización a lo largo del siglo XIX y hasta décadas relativamente recientes, Asturias se fue convirtiendo en una economía dual desde la perspectiva espacial: un sector agrario y pesquero con unas estructuras arcaicas y poco conectado con el mercado, que se extendía por una gran parte del territorio regional y en el que los estándares de vida eran bajos, y un sector industrial, relativamente moderno, orientado a la producción de materias primas para el mercado, al que se unían unas ramas de servicios que configuraban unas zonas urbanas en el centro de la región con niveles de renta relativamente altos.

Cuando en mayo de 1982 toma posesión el primer Gobierno autonómico, presidido por Rafael Fernández, este panorama apenas se había alterado en lo sustancial. La modernización de la agricultura, a través de la especialización lechera, había comenzado ya en la década de los setenta, pero los déficit infraestructurales y la calidad de vida de las zonas rurales seguían presentando una importante brecha con respecto a la zona central de la región. Por otra parte, la situación de comienzos de la década de los ochenta se había visto alterada por los efectos de la prolongada crisis económica internacional que se derivó de la subida de los precios del petróleo a partir de la segunda mitad de los años setenta y que en España se amplificaban con el proceso de transición de una dictadura a una democracia y con la necesidad de abordar una profunda reestructuración de un sector industrial hasta entonces fuertemente protegido de la competencia exterior. Como es bien conocido, en Asturias esta crisis se prolongó hasta fechas relativamente recientes y dio lugar a intensos procesos de reestructuración industrial.

En 1981 se pudo contar con los primeros trabajos que permitían evaluar cuantitativamente las diferencias económicas entre los concejos asturianos, pues en ese año apareció «La renta de los municipios asturianos para los años 1976 y 1978», que elaboró SADEI y que desde entonces se ha venido publicando cada dos años: la última apareció recientemente y está referida al año 2004, haciendo el número quince de la serie. El hecho de que el autor de este articulo formase parte de aquel equipo que realizó las primeras estimaciones de la renta municipal le impulsó a elaborar en 1982 un trabajo sobre «Las disparidades espaciales en Asturias», que se incluyó en el libro colectivo «Estudios sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias», editado por la entonces Caja de Ahorros de Asturias y que constituyó una primera aproximación a la dimensión de los desequilibrios municipales.

Para tener una referencia de los desequilibrios territoriales presentes en la Asturias de finales de los años setenta baste señalar que las diferencias en la dotación de teléfonos era de la dimensión siguiente: Oviedo, con 431 teléfonos por cada mil habitantes, ocupaba la primera posición y presentaba un indicador ciento treinta veces mayor que el de Yernes y Tameza, que, con 3 teléfonos por cada mil habitantes, ocupaba el último lugar del ranking municipal.

En términos de renta, las diferencias en el año 1980 se podían sintetizar en la comparación siguiente: Noreña, con 10.045 euros de renta familiar disponible por habitante, a precios del año 2004, era el concejo con mayores niveles de renta, mientras que Pesoz, que ocupaba el último lugar, sólo alcanzaba los 3.890 euros. Es decir, el concejo más rico en renta familiar por habitante superaba en algo más de dos veces y media al más pobre.

Los fuertes desequilibrios que en los diferentes indicadores de bienestar presentaban las zonas rurales con respecto a los núcleos urbanos del centro de la región hicieron que los primeros gobiernos autonómicos incorporasen de forma explícita el reequilibrio regional como un objetivo prioritario. Así, el Gobierno presidido por Pedro de Silva, que sale de las primeras elecciones autonómicas de mayo de 1983, pone en marcha una serie de políticas que incluyen un fuerte componente territorial que contrasta con los limitados recursos que hasta entonces venía contando la labor de cooperación municipal desarrollada por la Diputación Provincial. Unas fueron de carácter horizontal, es decir, para todos los territorios rurales, tales como los diferentes planes de cooperación municipal y los planes de inversiones y ayudas de la Consejería de Agricultura y Pesca, sin olvidar la importante labor desarrollada por la Agencia de Electrificación Rural. Otras fueron de naturaleza selectiva, como fue el caso del plan integral de Eo-Oscos, que se puso en marcha en 1985. La dinámica del propio proceso de traspaso de competencias permitió que en los años siguientes las dotaciones presupuestarias en estas materias experimentasen un crecimiento sostenido y continuado.

Además de estas políticas de ámbito estrictamente autonómico, las zonas rurales asturianas se vieron beneficiadas asimismo por las importantes medidas de protección social que pusieron en marcha los gobiernos socialistas a lo largo de los años ochenta y primeros noventa: extensión de las prestaciones de la sanidad pública a todos los agricultores, mejoras en el sistema de pensiones de la Seguridad Social Agraria y la aprobación de las pensiones no contributivas, entre las más destacadas. La puesta en marcha de todo este conjunto de acciones tuvo un impacto positivo en la renta familiar disponible de las familias de las zonas rurales y supuso un antes y un después en la sensibilidad de la acción de gobierno hacia estas áreas de nuestra región.

Sin embargo, en gran parte de la década de los años noventa el objetivo del reequilibrio regional dejó de ocupar un lugar prioritario en las políticas y hoy es un vocablo en desuso en los debates políticos regionales. Quizá la razón se pueda atribuir a que las diferencias se hayan reducido significativamente, o bien al hecho de que hayan aparecido en escena nuevos problemas más relevantes, o que el objetivo de lograr una región más equilibrada espacialmente haya pasado a un segundo lugar. En todo caso, cualquiera que viaje hoy por Asturias podrá comprobar que los niveles de calidad de vida de las zonas rurales han aumentado significativamente. La pregunta que cabe hacer es: ¿se ha reducido la brecha en términos de renta entre las áreas rurales y las urbanas?

En el año 2004 las diferencias entre el primer concejo con mayor nivel de renta familiar disponible por habitante, que fue Oviedo (14.010 euros), y el último, que fue San Tirso de Abres (9.899 euros), se sitúan en 1,4 veces. Por tanto, a primera vista parece que los desequilibrios municipales se han reducido con respecto a los niveles comentados anteriormente para el año 1980. No obstante, cabría preguntarse si esta reducción entre los extremos afecta también al resto de los concejos de la región. En definitiva, la cuestión relevante es cómo se puede realizar una aproximación cuantitativa a la evolución de las disparidades espaciales en Asturias en los últimos veinticinco años.

Para contestar a esta cuestión se ha elaborado un indicador de convergencia que mide la importancia de la media de las sumas de las diferencias de la renta familiar disponible por habitante de cada concejo con la media regional utilizando la fórmula del coeficiente de dispersión. El cálculo se ha realizado para todos los años para los que existe una estimación de la renta municipal en el período 1980-2004. Con el propósito de no cargar al lector con la exposición de la formulación concreta del indicador, sólo es preciso saber que un valor cero de dicho indicador implicaría que las rentas familiares disponibles por habitante en todos los concejos serían iguales y, por tanto, la suma de las diferencias con respecto a la media regional sería igual a cero. Por el contrario, cuanto mayor sea el valor del indicador mayor será la divergencia entre los municipios en términos de renta por habitante. Los resultados de los cálculos se visualizan en el gráfico adjunto .

Como puede apreciarse en el gráfico, entre los años 1980 y 1990 el indicador de convergencia se redujo a la mitad, lo que implica una disminución muy significativa de las disparidades municipales y, por tanto, una mejora sustancial en el objetivo del reequilibrio regional. Sin embargo, en los años noventa el valor del indicador se estabilizó durante la primera mitad, para incrementarse posteriormente, lo que pone en evidencia que durante la pasada década se produjo un frenazo en el proceso de convergencia de los desequilibrios territoriales. A partir del año 2000 se produce un cambio de tendencia, pues la reducción significativa del valor del indicador de la convergencia señala un nuevo proceso de disminución de las disparidades municipales en materia de renta familiar disponible por habitante durante el período 2000-2004.

En definitiva, el proceso autonómico ha supuesto un importante impulso de la reducción de las disparidades espaciales en Asturias en términos de renta por habitante, especialmente a lo largo de la década de los años ochenta. Los últimos datos disponibles apuntan a que este impulso vuelve a estar presente en la política regional, después del parón de los años noventa. Quizá sea el momento de plantearse qué contenidos debería tener una política de reequilibrio regional de segunda generación, pues hoy los problemas que deben abordarse son muy diferentes de los existentes a principios de los ochenta, centrándose, probablemente, más en los desequilibrios de población y su grado de envejecimiento que en las disparidades de renta.