El presidente francés lleva adelante un embate contra los restos del estado de bienestar que, pese a contar con respaldo ciudadano, encuentra también fuertes resistencias sociales.

En el inicio de los 80 la primera ministra Margaret Thatcher comenzaba las escaramuzas con el hasta entonces poderoso gremio minero británico y las cosas no parecían perfilarse bien para su gobierno. En 1981, Thatcher había visto cómo los sindicalistas le doblaban la muñeca y la obligaban a renunciar a su plan de cerrar 23 minas de carbón y, además, a reducir las importaciones del mineral y a aumentar los subsidios a la industria que ella misma había achicado con una ley de comienzos de década.

La pregunta que todos se hacían era si la reforma conservadora que Thatcher había prometido e iniciado con su acceso al gobierno en 1979, estaba encallando en las playas del movimiento obrero organizado. Parecía la repetición del infortunio de otro conservador en el poder, Edward Heath (1970-1974) cuyo gobierno se empezó a deshacer en el intento por reformar los sindicatos.

En 1982, Thatcher recibió un salvavidas político del sur del mapamundi, donde una dictadura militar intentó hacer historia invadiendo las islas Malvinas en poder de Londres. La causa nacional a la que se aferró rápidamente Thatcher y generó una guerra de 74 días se probó para ella un milagro disfrazado.

Una vez ganada, Thatcher quedó envuelta en el aura de su mote, "dama de hierro", y en el bienio 1884-1985 le quebró el espinazo a los mineros y luego a otros sindicatos no menos poderosos.

El presidente francés Nicolás Sarkozy, dicen en su país, enfrenta ahora su "momento Thatcher" en alusión a ese tiempo hace un cuarto de siglo en que los conservadores desplegaron su ofensiva sobre la estructura socio-económica inglesa cuyos principios centrales -el endiosamiento de las leyes del mercado- perduran hasta el presente.

Sarkozy es ahora también desafiado por las grandes organizaciones sindicales que tienen en Francia un poder casi desproporcionado en relación con su capacidad de atraer afiliados. Su tasa de adhesión entre los trabajadores es aun inferior a la de Inglaterra y aun Estados Unidos. No obstante, el poder de esas organizaciones francesas es casi mítico y desde 1968 ningún gobierno ha conseguido atravesarlo con consecuencias permanentes.

La semana que concluyó vio a los trabajadores de los gremios del transporte hacer que Francia se detuviera sobre sus talones. El lunes próximo se sumarán los maestros, los empleados municipales, los trabajadores postales y otros dependientes estatales. Una semana después le tocará el turno a la justicia.

En la superficie de las cosas la razón para este duelo es la reforma de los beneficios que algunos sectores tienen a la hora de las jubilaciones y pensiones. Los sindicatos en combate tienen un sistema por el cual se pueden retirar con jubilación completa habiendo aportado 37 años de aportes —con 55 años de edad y hasta 50 en ciertos casos— contra 40 años de contribuciones que se le exigen a los trabajadores de otros rubros. Es el primer paso apenas, Sarkozy quiere llevar la reforma más adelante hasta lograr que todo trabajador aporte al menos 41 años antes de retirarse.

Pero hay más, mucho más en juego, y todos lo saben. Lo de Sarkozy —quien anunció en la campaña que lo llevó al triunfo en mayo pasado— viene para largo y la cirugía que quiere hacer es mayor. Hay en carpeta una reducción de impuestos, una flexibilización profunda de las leyes laborales, la revisión de la jornada laboral de 35 horas instalada a fines de los 90 y una disminución severa del empleo público. Más tarde aun, vendrá el sistema público de salud considerado una de las joyas de la identidad francesa.

En más de un sentido parece que Francia es el último gran campo de batalla en que el zaherido estado de bienestar intenta perdurar. Los antecedentes no son los mejores para el impulso renovador de Sarkozy. En 1995 Jacques Chirac fue derrotado en una guerra en muchos sentidos similar a la que Sarkozy libra en el presente y en el 2006 Dominique de Villepin, entonces primer ministro, perdió su puesto y sus ambiciones de ser el próximo presidente francés cuando fracasó en su intento de flexibilizar el mercado laboral juvenil.

No hay oportunidad para que nadie le haga a Sarkozy el regalo que los militares argentinos le hicieron a Thatcher.

En cada uno de aquellos casos, y en otros anteriores, la opinión pública francesa se alineó decididamente tras la protesta. Algunos analistas especulan que el sitio que ocupan los sindicatos es explicable en Francia, un país que con un Parlamento castrado en su potencial, sugiere que el gremialismo es uno de los pocos espacios para practicar oposición. No en vano los sindicalistas, en especial los de las centrales obreras más comprometidas con la izquierda, están apelando a la consigna triunfadora en el 95: "Todos juntos, todos juntos" repiten como invocación mágica en cada acto.

Las cosas no son tan fáciles y, en todo caso, este es el comienzo de todo. Para empezar, aquella opinión pública parece haber mutado. Hasta el diario de izquierda Liberación publicó esta semana una encuesta que mostraba que el 59% de los franceses encontraban a los sindicatos como responsables del conflicto y ofrecían, en distinto grado, respaldo a las propuestas de Sarkozy.

Por otra parte, Sarkozy habló claro como candidato sobre su programa, que es lo que está haciendo, y esa posición le ganó un mandato taxativo del electorado. Por lo demás, así como Thatcher probó a medios de los 80 que había aprendido de los errores de Heath, el francés está dispuesto a no tropezar como Chirac en el 95.

En cualquier caso es importante tener presente que los franceses son impredecibles en muchos sentidos. Y que este embate conservador contra los restos del estado de bienestar llegan un tanto tarde, cuando buena parte del mundo industrializado se pregunta si la saña contra las políticas sociales no ha ido demasiado lejos en las dos décadas pasadas.

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