CiU acepta la invitación, pero desconfía de la voluntad de consenso del Govern

Unidad y firmeza. Esta es la receta de Antoni Castells para negociar con el Gobierno la nueva financiación autonómica que, de acuerdo con la previsión del Estatut, ha de estar diseñada a los dos años de su entrada en vigor, es decir, el 9 de agosto del 2008. Unidad de los partidos catalanes para plantear "con una sola voz" las demandas de Catalunya en una negociación que se prevé complicada por la contienda electoral de marzo. Y firmeza a la hora de defender los intereses de Catalunya ante el Gobierno.

El conseller de Economia efectuó el planteamiento en el Parlament, durante el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat para el 2008, presentadas por CiU, PP y Ciutadans y que PSC, ERC e ICVEUiA rechazaron en bloque y sin fisuras. Antoni Castells dio por agotado el modelo de financiación autonómico vigente - acordado el 2001 entre PP y CiU y que empezó a aplicarse el 2002- y, de hecho, contextualizó los presupuestos del próximo año como los últimos de la Generalitat que se aprobaban con el sistema actual y avisó de que su revisión sería justamente la prioridad del Govern en el 2008.

Dentro de este objetivo, Castells pidió la unidad de los partidos catalanes para garantizar el éxito de la negociación con el Gobierno, convencido de que "no hay motivos para que esta unidad no exista" y de que también debe tener cabida el conjunto de la sociedad, que entiende que "comparte la prioridad de abordar, de una vez y a fondo, la cuestión de la financiación". La negociación ha de basarse en los criterios fijados en el Estatut y ha de acometerse, según Castells, "con voluntad de entendimiento y de diálogo", pero también "con toda la firmeza para defender los intereses que los ciudadanos nos han encomendado y lo que es de justicia". La firmeza tiene intención de aplicarla igualmente al reclamar que se cumplan los plazos de revisión fijados en el Estatut, que sitúa el límite para acordar el nuevo modelo de financiación a los dos años de la entrada vigor y permite una aplicación gradual durante cinco años.

La petición del conseller de Economia fue bien acogida en las filas de CiU, que se mostró dispuesta a trabajar por la unidad, aunque Antoni Fernández Teixidó puso en duda que la voluntad de consenso del Govern fuese real. PP y Ciutadans, en cambio, defendieron el sistema vigente y únicamente mostraron su disposición a respaldar una reforma realizada en el marco de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca ) y acordada por el conjunto de autonomías. Por lo demás, todas las partes mantuvieron las posiciones esperadas respecto a los presupuestos de la Generalitat del 2008: la oposición los criticó a fondo y los partidos del Govern exhibieron unidad para intentar contrarrestar la falta de sintonía que anteayer quedó en evidencia y que hoy volverá a hacerlo en relación con la crisis del caos ferroviario.

Antoni Castells defendió el rigor y la ambición de unas cuentas que, explicó, priman el gasto social, no aumentan la presión fiscal e impulsan la inversión y, además, eliminan el déficit de 1.264 millones de euros heredado el 2003 de los últimos gobiernos de CiU. Los impuestos centraron, como es habitual, buena parte del debate, capítulo en el que el titular de Economia subrayó que la presión fiscal no se incrementaba, y puso como ejemplo la reducción en la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales por el impacto de la desaceleración del mercado de la vivienda y las primeras rebajas que se incorporan del impuesto de sucesiones y donaciones.

Antoni Fernández Teixidó (CiU), muy al contrario, denunció una elevada presión fiscal, calificó de insuficientes los presupuestos, se quejó del escaso grado de ejecución que entiende que suelen tener las cuentas de la Generalitat y acusó al Govern de dar un trato desigual al territorio. Enric Millo (PP), por su parte, los tildó de poco ambiciosos y continuistas y censuró que tengan un endeudamiento - 518,2 millones de euros para financiar inversiones- a su juicio excesivo. Y Albert Rivera (Ciutadans) lamentó que incluyan partidas "para mantener a amigos, compañeros y conocidos" y "para agendas personales y de partido".