“España no moverá ficha. Dejará pasar el incidente entre el rey y Chávez y en ningún caso cerrará las vías de diálogo con el Gobierno de Venezuela”. Así se expresan fuentes diplomáticas consultadas por El Confidencial, que hoy por hoy descartan que Exteriores estreche el cerco sobre Venezuela y su presidente. Se estima, por el contrario, que se dejará una puerta abierta al diálogo con Caracas, en línea con la estrategia seguida en Cuba, donde el embajador Carlos Alonso Zaldívar pretende tener un papel dinamizador de la democracia en la isla caribeña.

“Zapatero seguirá apostando por el diálogo, algo que está muy interiorizado en el PSOE, por lo que todo seguirá igual”, insisten esas fuentes. El argumento que se da es doble. Por un lado, el Gobierno está convencido de que se puede ayudar más al pueblo venezolano a través de una actitud dialogante con Chávez y, por otro, se quieren salvaguardar a toda costa los intereses de España en Venezuela. No sólo los que afectan a las grandes multinacionales presentes en ese mercado (BBVA, Santander o Repsol), sino también los intereses de los 250.000 españoles que viven en Venezuela, de los que alrededor de 160.000 están inscritos en los registros consulares.

Esta estrategia diplomática de ‘esperar y ver’ es, de hecho, la que ha desarrollado Exteriores desde que Chávez intensificó la autodenominada ‘revolución bolivariana’, entre cuyos hitos está la entrada en vigor de una nueva Ley de Tierras que ha supuesto la expropiación de fincas agrícolas propiedad de emigrantes españoles. Pese a que ninguno de ellos ha sido por el momento indemnizado, el Ejecutivo español no ha adoptado ninguna posición de fuerza frente al Estado venezolano, ni siquiera a través de una reclamación judicial en los tribunales internacionales de arbitraje. Es más, en septiembre de este año se produjo un debate en el Senado sobre el asunto y la respuesta que dio el senador socialista Rodríguez Losada es que “si el Gobierno de España procede a demandar en tribunales internacionales a la República de Venezuela, ello significaría una ruptura inmediata de relaciones”.

Rodríguez Losada no es, precisamente, un ignorante en cuestiones venezolanas. Vive desde hace más de 40 años en Caracas aunque es senador pro la provincia de Ourense. Y en su intervención en la Cámara Alta dijo incluso que España “no tendría capacidad suficiente para evacuar a 200.000 personas” en caso de una hipotética ruptura de relaciones diplomáticas. El propio ministro Moratinos aseguró tras aprobar el Senado una moción en la que se pedía una protesta formal contra el Estado venezolano que presentar esa queja sería un acto “irresponsable”.

Presencia de las empresas españolas

Los intereses económicos directos de España en Venezuela son cuantiosos, pero más en términos de inversión directa que en relaciones comerciales, toda vez que las exportaciones españolas apenas representan el 2,73% de las compras venezolanas en el exterior. Hay que tener en cuenta que los dos primeros bancos del país son filiales del BBVA (Banco Provincial) y el Santander (Venezuela); la primera compañía de seguros es Mafpre, mientras que el segundo operador de telefonía móvil es Movistar, filial de Telefónica.

Los intereses de Repsol en Venezuela, por su parte, son escasos, ya que su filial en ese país apenas aporta el 1% de los beneficios del grupo, mientras que en términos de producción de crudo su participación sólo representa el 3%, lo que explica la calma que vivió ayer la compañía. La inversión española en Venezuela ha ido claramente en retroceso en los últimos años. En 2001, ascendió a 1.416 millones de euros, pero es que en 2005 únicamente se registraron inversiones por valor de 34 millones de euros, mientras que en 2006 apenas llegó a los 93 millones de euros, lo que pone manifiesto hasta qué punto la progresiva nacionalización de la economía venezolana ha pasado factura en términos de inversión directa. Elecnor, Iberdrola, Iberia, Air Europa, Barceló, Sol Melía, Hesperia y el grupo Inditex, también tienen intereses en Venezuela, pero ayer nadie habló de una inminente crisis diplomática.