La creación de una ley que reconociera todas las partes implicadas en la Guerra Civil española había sido largamente reivindicada. Después de meses de debate, finalmente el 31 de octubre pasado, el Congreso de Diputados aprobó la Ley de la Memoria Histórica con los votos del PSOE, IU-ICV y sus socios nacionalistas y con el único rechazo de ERC y PP, que, pese a todo, avaló algunos puntos.

Sobre el papel, la nueva ley debía nacer con la voluntad de cerrar heridas, pero sólo ha enfrentado a los dos grandes partidos españoles y no pudo contar con el beneplácito de ERC. La norma se aprobó después de introducir a última hora una enmienda de CiU, que permitirá a la Iglesia invocar razones «artístico-religiosas», y no solo «artísticas», como decía su redacción inicial, para no retirar de sus templos símbolos conmemorativos de la Guerra Civil o de la dictadura. Este cambio en la norma se plasmó mediante una enmienda transaccional, pactada por PSOE y CiU y firmada por PNV y CC, que establece que la retirada de escudos, insignias y placas conmemorativas del franquismo «no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley».

La modificación beneficia a cientos de iglesias. Sin embargo, el PP se opuso y denunció que la votación había incurrido en una irregularidad. Para el portavoz del grupo popular al Congreso, Eduardo Zaplana, la nueva ley «rompe el consenso de la Transición» porque «impone una memoria única y oficial» como hacía, dijo, «el franquismo». A pesar de su oposición, el PP votó a favor de algunos artículos, como el que despolitiza el Valle de los Caídos y otros que aumentan las indemnizaciones. Más duro fue incluso el portavoz de ERC, Joan Tardà, que dijo que la norma «consolida los actos de la dictadura franquista» y supone «una condena a una segunda muerte a las víctimas del franquismo».

Para la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la nueva ley no hay ni una línea que no pueda ser avalada por cualquier demócrata. La esencia de la norma es, según la vicepresidenta, el reconocimiento de la dignidad y la ampliación de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, así como la recuperación individual de su memoria personal y familiar. La nueva ley también deslegitima los tribunales y las condenas del franquismo.

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