MÁS ALLÁ DEL AGRAVIO. LA CUESTIÓN CATALANA
Esta pasada semana, en el plazo de 24 horas, el presidente de la Generalitat, Montilla, y el presidente de los empresarios catalanes, Rosell, revisaron con una dureza sin precedentes las relaciones de Catalunya con Madrid. Un Montilla resurgido de su timidez, que ha adquirido incluso unas renovadas capacidades oratorias, alertó desde Madrid a toda España "del desapego catalán", que podría desembocar en un alejamiento irreversible.
En concreto, Montilla avisó de las "graves consecuencias políticas a medio y largo plazo de una desafección emocional de Catalunya hacia España y hacia las instituciones comunes" si finalmente el nuevo Estatut, avalado por tres cámaras parlamentarias y por el sí plebiscitario de los catalanes, fuera desautorizado por un Tribunal Constitucional manipulado políticamente e incapaz de mantener el tipo ante las presiones espurias de un determinado sector ideológico.
POR SU PARTE, el presidente de la patronal catalana cuantificaba la magnitud del agravio en términos de inversión pública, alertaba contra la tentación de defraudar las expectativas suscitadas por el nuevo Estatut o de hacer trampas en los cómputos para no aportar lo pactado, y descartaba en beneficio de la pedagogía la posibilidad de un tancament de caixes, de una huelga fiscal que sin embargo quedaba sobre la mesa como último recurso.
El doble toque de atención, adobado con la denuncia quizá desmesurada de que los pervertidos intentos de controlar el TC podrían interpretarse como un sofisticado golpe de Estado, ha merecido sin embargo muy escasa atención de su destinatario, de este Madrid retórico que en realidad abarca la médula del sistema institucional. El Gobierno ha reaccionado con irritación por considerarse injustamente tratado y los grandes rotativos de la capital han pasado con superioridad y de puntillas sobre una protesta que sin embargo refleja la decepción de toda la sociedad catalana.
Algún día habrá que analizar con perspectiva y desapasionamiento las relaciones Madrid-Barcelona durante toda la etapa democrática, y entonces se entenderá mejor, quizá, la dificultad actual para el entendimiento. Pujol, cuyas ya acreditadas dotes de estadista son incuestionables, fue pese a las apariencias muy discreto en sus reclamaciones. De hecho, jamás utilizó como argumento de presión la reforma del Estatuto, y ni siquiera blandió legítimamente las grandes cifras del agravio para exigir compensaciones. Fue Maragall quien, con sus socios, blandió la reforma estatutaria, primero, y la reivindicación exigente basada en balanzas fiscales, después. La crisis de las infraestructuras, que paradójicamente estalla cuando el AVE ya llega a Barcelona, no ha hecho más que avalar materialmente unas reclamaciones que tenían notorio fundamento.
La incomprensión entre Madrid y Barcelona tiene por ello un claro antecedente: el nacionalismo catalán ha abusado de un ingenuo victimismo durante los sus 23 años de mandato, y, como en la célebre fábula, tras aquel largo período de lamentaciones insistentes y un tanto vanas, ha sido difícil endosar ahora unas reclamaciones objetivas que sí están perfectamente fundadas. Porque Montilla no es nacionalista, ni siquiera ejerce el catalanismo con la vehemencia con que lo hacía Maragall, por lo que sus argumentos no pueden ser imputados a la desorientación que supuestamente produce el particularismo romántico. De ahí que en Catalunya hayan comenzado a manejarse cifras, estadísticas y balances, en lugar de agravios subjetivos, por lo que ya no tendría sentido reproducir antiguos diálogos de sordos: la relación bilateral ha de basarse en ecuaciones, sin olvidar la cuestión de confianza: en Catalunya, se desconfía de los políticos madrileños. El empresario Rosell lo ha explicado gráficamente: teme las sonrisas condescendientes con que le contemplan sus interlocutores en este asunto.
PESE A LOS incidentes en el camino, todo indica sin embargo que las legítimas exigencias de Catalunya están encontrando cauce gracias al Estatut y a la creciente receptividad del Gobierno central, fuertemente emparentado con el de la Generalitat. No es probable que el agua llegue, pues, al río, pero se equivocarían quienes no se percataran de que la irritación actual de los catalanes, debida a causas bien evidentes, no es ni una pose ni mucho menos un gesto afectado y pasajero.
El nuevo marco estatutario prevé los mecanismos para que no se reproduzcan en el futuro los déficit que se han arrastrado hasta hoy, pero probablemente el encaje pleno de Catalunya en el Estado requiere otros esfuerzos de más calado político, y no cuajará del todo hasta que se recuperen algunos consensos básicos sobre el Estado de las autonomías, a partir de una noción más moderna, abierta y generosa de la España plural que la que se ha manejado en Madrid hasta ahora.
El futuro debe planearse, en fin, sin olvidar que, a fin de cuentas, no todo en la relación entre Catalunya y Madrid puede reducirse al intercambio mercantil. Las razones para el vínculo y el extrañamiento, para el amor y el desamor, son más hondas que las que provienen de la pura economía. No debe olvidarse este trasfondo político e intelectual cuando se habla de agravios y de marginaciones.
Antonio Papell. Periodista.

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