Noviembre 11, 2007 – 3:16 pm

Tuvieron que transcurrir diez días, desde que uno de los periodistas más serios, documentados, y con una de las trayectorias más honestas que se pueden enseñar en esta comunidad autónoma –en una profesión envilecida por la dependencia empresarial de los presupuestos públicos-, Javier Cuartas, publicó en La Nueva España una noticia que para cualquier persona responsable eraSariego desmintió en junio lo más preocupante con lo que se puede uno encontrar. Tan preocupante como la falta de respuesta a la noticia. Nadie, salvo lo que se escribió a propósito de tan intranquilizadora información en este mismo medio, dijo esta boca es mía.

El titular era perfectamente descriptivo del contenido de la información: “El Principado plantea a los agentes sociales una reforma en profundidad de la sanidad”. Con este titular, Cuartas explicaba que el Gobierno de Asturias había entregado a los llamados “agentes sociales”, dos documentos, uno sobre la situación de la educación, y otro sobre el estado de la sanidad, ambos en la perspectiva de abordar sustanciales e impopulares “recortes”, ante la crítica situación de las cuentas de las dos competencias que más personal y más infraestructuras han puesto en manos de las comunidades autónomas, desde que se culminase, a falte de flecos de escaso fuste, el proceso de transferencias.

Las pocas personas que aquí -en Asturias- escriben con libertad, estuvieron inmediatamente de acuerdo en que estos documentos, proporcionados por quien sea a La Nueva España, eran el inicio de una operación para aflorar el sobrecoste del nuevo HUCA de La Cadellada, que se producía al hilo del escaso debate social producido por el afloramiento del tremendo deslizamiento que ya se ventiló en los presupuestos de construcción de El Musel, que con todo y con ser unas cifras tremendas, no gravitaban, como éste que se nos viene ahora encima, sobre las cuentas regionales.

De este bestial incremento de costes que nos llegaba, había informaciones que afloraron cuando el Principado presentó en el Ayuntamiento de Oviedo los documentos de modificaciones del proyecto que se filtraron a los medios, lo que sirvió al PP para lanzar ya la cifra de un 50% como posible incremento de los costes. De aquella –el pasado mes de junio-, el entonces consejero Rafael Sariego, rompió en sonoros insultos dedicados a los diputados del PP que ventilaron aquellos datos, y lo que ya tenía que haber sido un notable escándalo se ocultó convenientemente.

Cuartas, en su información de hace diez días, no publicaba muchas citas textuales de estos dos documentos a los que nos venimos refiriendo, pero sí las suficientes como para demostrar que son papeles reales, que no se trata de ninguna baladronada, sino de una primera toma de contacto, de eso que se denomina globo sonda, en el que se tantea la respuesta de sindicatos y patronal ante una eventual reforma de dos sectores cruciales de lo que se viene denominando el “estado social”. En ellos no se hablaba del sobrecoste de las obras del hospital, sino de la reforma de toda la sanidad.

Se trataba y se trata de no relacionar lo uno con lo otro, para evitar la indignación popular, pues hasta el más lerdo ve que detrás de la operación se encuentra, al mergen de la propia privatización de la sanidad pública, la instrumentalización de una desmesurada operación urbanística en la zona de La Corredoria conocida como Prado de la Vega, impulsada por Sogepsa. Areces trincó en esta operación, de manera desvergonzada a los “sanitarios progresistas” de la Plataforma por un Hospital Necesario, al PSOE, a IU, a CCOO, a UGT y a todas las “fuerzas sociales” que apoyaron en su momento lo que no era ni más ni ni menos que un desvergonzado negocio y una puerta abierta a la privatización de los servicios. Ahora todos dirán que “ellos no fueron”, pero no tienen argumentos, porque Areces los convirtió en cómplices, y la coalición Izquierda Unida es la responsable de las decisiones que en materia de vivienda se tomaron en Sogepsa, pues su candidata Laura González -ahora candidata a las generales- fue una de las principales impulsoras de la operación, lo que explica los silencios de esta gente.

Javier Cuartas, en el artículo del que venimos hablando, refería su crónica, de manera expresa, al documento dedicado a la sanidad, por tratarse, en sus propios términos, del “más inquietante”, al hacer referencia “al sistema público de salud, dado que es la sanidad y no la enseñanza, en virtud de la estructura envejecida de la demografía asturiana, donde la espiral de gasto amenaza con crecimientos insostenibles”. Es evidente que el sistema público de salud se nutre de los presupuestos del Principado de Asturias, en los que están incorporados los ingresos procedentes del Estado. Una crisis financiera derivada de la construcción del HUCA, una aventura loca donde las haya, forzosamente ha de repercutir sobre la financiación del conjunto del sistema. Nadie que haya apoyado esta operación puede hacerse ahora el nuevo. Esa es la situación.

LA NUEVA FILTRACIÓN

Diez días después de lanzar este primer toque, por fin, la administración asturiana filtró al diario El Comercio, este domingo, en exclusiva, ya como noticia irreversible que cae como un obús sobre las expectativas de la sanidad asturiana, el sobrecoste del HUCA, concretado en ese 50% adelantado el pasado verano por el PP a costa de enormes insultos, sin pormenorizar nada en absoluto, puesto que la sociedad asturiana debe ser consciente de que en este nuevo sobrecoste que ventila la administración, no hay ningún crecimiento real de los servicios, dado que en la propia información de El Comercio se reconoce que “la zona de hospitalización pierde poco más de 2.000 metros”, sin entrar para nada en cuál es la pérdida real de habitaciones y de camas que se va a producir, con relación a la actual oferta sanitaria del HUCA del Cristo, que sin duda va a experimentar una tremenda contracción, a pesar de los Juan Navarro Baldewegenormes dispendios que se están produciendo con la construcción del edificio nuevo.

Dicho todo esto, además, sin tener en cuenta que en estos momentos no existe en ningún escenario presupuestario previsión alguna para atender los enormes gastos de traslado al nuevo edificio, así como para abordar unas cifras que desconocemos totalmente, pero que se nos antojan brutales, a la hora de financiar unos equipamientos de coste astronómico, como los sanitarios, que sin duda en gran medida habrán de adquirirse como material nuevo, una vez que el complejo sanitario abandone su actual emplazamiento.

En la noticia filtrada a El Comercio se apoya la justificación de este modificado en causas muy parecidas al “oleaje” y “las canteras”, que son utilizados como pretexto en el caso del sobrecoste de El Musel. Dice El Comercio: “en total, el complejo de La Cadellada crece en 14.703 metros cuadrados y pasa de una superficie construida de 177.666 metros cuadrados a otra de 189.047”.

Es decir, que un crecimiento anecdótico de la superficie construida, que pone una vez más en evidencia la ausencia de un verdadero plan funcional previo a la construcción del edificio, que no llega al 10% de la superficie total, se utiliza como pretexto para justificar un desfase del 50%, con lo que encima tendremos que dar gracias por la utilización de este pretexto, que parece tener como misión la prestación de un mejor servicio, cuando, hay que repetirlo una vez más, el nuevo HUCA de La Cadellada reduce sensiblemente el número de camas que actualmente acogen a los enfermos asturianos en El Cristo, e incluso reduce la superficie destinada a hospitalización por debajo de las ya encogidas previsiones iniciales del proyecto.

¡Qué nadie se llame a engaño! Igual que ya sabemos que detrás de los excesos de El Musel se encuentra un plan para la privatización de los nuevos espacios portuarios dedicados a los graneles –el puerto, porque no hay allí más que graneles-, detrás de esta nueva bomba informativa ahora confirmada por el gobierno de Vicente Álvarez Areces de esta manera vergonzante, paulatina, mintiendo primero, filtrando a la prensa después, entregando documentos en secreto a patronal y sindicatos por el medio, evitando en definitiva dar la cara ante el supuesto pueblo soberano, se encubre ni más ni menos que la privatización de la sanidad asturiana, en las mismas manos a las que se han confiado las obras, cuya nueva licitación nadie va a reclamar ya, dada la peculiarísima situación de este expediente, que no cuenta con la dirección de obra que ganó el concurso con el que se adjudicó.

Y sin embargo aquí se está violando la ley de manera gravísima, y es evidente la existencia de maniobras encaminadas a embarullar y hacer imposible su aplicación y la depuración de responsabilidades, pues si el proyecto se adjudicó a Juan Navarro Baldeweg –el mismo que vive en Madrid un llamativo escándalo por las obras de los Teatros del Canal- y a Ángel Fernández Alba, la rescisión de su contrato, para dejar la dirección de obra en manos del arquitecto local Alfonso Iglesias, hace prácticamente imposible saber quién o quiénes son los responsables de lo ocurrido.

Quedan en el aire montones de preguntas, de la que no es la menor de dónde va a salir la financiación que falta para terminar la obra, pues para desgracia de todos nosotros, los que vamos a padecer la reconversión y la privatización chapucera y dolosa de nuestros servicios por la vía del pufo irreversible, España se acerca lentamente a un derrumbamiento del mercado inmobiliario que hace impensable que esta financiación se pueda gestionar, tal y como pretenden nuestras patéticas autoridades, con cargo a la realización de las plusvalías de los solares que ocupa el actual complejo hospitalario.

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