SECRETOS Y MENTIRAS

Cuando Felipe González llegó al poder, mantuvo la guerra sucia contra ETA y dejó de perseguir a los mercenarios que la llevaban a cabo. Pudo responder a un pacto bastardo con los franquistas. O tal vez lo hizo gratis.

La aprobación de la Ley de la Memoria Histórica promovida personalmente por el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha coincidido en el tiempo con un aniversario que casi ha pasado desapercibido: el pasado 28 de octubre, se cumplieron 25 años de la histórica victoria del PSOE, que con un 48,11% de los votos y 202 diputados iniciaba más de una década de hegemonía socialista, liderada por Felipe González, en España.

Sería mezquino discutir que los gobiernos presididos por Felipe González desde entonces y hasta 1996 fueron imprescindibles para la modernización de España y para la normalización política de un país como el que habitamos. Los hombres de González crearon sistemas de protección social que hicieron la Sanidad y la Educación universales al tiempo que practicaban una política económica de carácter liberal que permitiría el ingreso de España en la Unión Europea y, finalmente, en la octava potencia económica mundial.

La cuestión es cuántos acuerdos bastardos tuvieron que pactar Felipe González y el PSOE con los franquistas reformistas para ser elegidos como la fuerza que pilotaría la modernización de España hasta que la derecha estuviera madura para volver a gobernar y para acceder al poder de manera democrática.

El primer paso lo dio González en el histórico congreso en Suresnes celebrado en octubre de 1974. Su liderazgo ante la vieja guardia socialista en el exilio había quedado más que acreditada desde principios de la década. De hecho, González y su gente resucitaron a un PSOE que no había jugado papel alguno de resistencia durante el franquismo en comparación con el que había sido la gran referencia de la izquierda: el Partido Comunista, y, en Cataluña, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Algunos de los líderes antifranquistas del interior, como el catalán Jordi Pujol, ejercieron papeles mucho más significativos que el del PSOE o cualquiera de sus dirigentes.

Pero en octubre de 1974 era evidente que el franquismo se encaminaba al colapso y que los más inteligentes de sus dirigentes habían llegado a la conclusión de que la única manera de que el régimen sobreviviera a Franco era transformándose de forma ordenada en una democracia occidental en el que los franquistas más modernos mantuvieran su influencia. Para eso, había que aceptar un Gobierno de izquierdas, pero nada más allá del PSOE. En octubre de 1974, González planteó su órdago: «O el marxismo o yo». El hombre de la alternativa, el líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, lejos de aprovechar la coyuntura para hacerse con el liderazgo, se alineó con González, y éste salió investido secretario general del PSOE casi por aclamación.

Cuando poco más de un año después murió Franco, las disposiciones del caudillo empezaron a cumplirse. Le sucedió en la jefatura del Estado el que era príncipe de España -que no de Asturias porque las casas reales europeas no habían reconocido su condición de heredero-, Juan Carlos de Borbón. La legitimidad del actual Rey no quedó restablecida hasta que su padre y legítimo aspirante a la Corona, Juan de Borbón, en un acto solemne, abdicó de todos sus títulos, excepto del de Conde de Barcelona, a favor del actual monarca.

En los cinco años siguientes a la muerte de Franco, a pesar de la ejemplar transición a la democracia, la violencia neofascista estuvo muy presente en España y, en la mayoría de las ocasiones, con el apoyo más o menos secreto del aparato del Estado. Algunos de esos crímenes de la ultraderecha eran, en ocasiones, brutales expresiones de impotencia ante lo que parecía un irreversible proceso hacia la democracia. Pero, en realidad, y en su mayoría, eran advertencias a los arquitectos del nuevo régimen: nada de flirteos con el comunismo, la Unión Soviética debe renunciar a tener papel alguno en la configuración de la nueva España.

Los golpes más espectaculares y recordados fueron la masacre de Montejurra en 1976, en la que dos militantes del carlismo izquierdista cayeron muertos, y el atentado de Atocha, contra un bufete de CCOO estrechamente vinculado al Partido Comunista.

Entre los objetivos del terrorismo negro no figuraron aparentemente objetivos del PSOE, a pesar de que el partido de González era la fuerza llamada a gobernar una vez concluida la remodelación del sistema político. De hecho, hubo abundantes conversaciones secretas entre González y el ministro del Interior franquista que había, por lo menos, tolerado las acciones del terrorismo negro: Manuel Fraga.

En la mayoría de aquellas acciones armadas tomaron parte lo que la prensa de la época llamó «mercenarios extranjeros», pero que en realidad eran miembros de organizaciones neofascistas o ultraderechistas de todo el mundo, que estaban prestando sus servicios en América Latina y en Europa y que, a la muerte de Franco, se concentraron en Madrid. Coinciden algunos nombres relacionados tanto con la masacre de Montejurra como con actividades posteriores que se atribuiría el Batallón Vasco Español (BVE), una organización parapolicial al servicio del Estado para ejercer la guerra sucia contra ETA. El más tristemente célebre terrorista negro internacional, Stefano DellaChiaie, tuvo quizás el papel más destacado. Pero no sería el único. Miembros de la Triple A, el aparato parapolicial creado por el último Gobierno de Perón que asesinó a no menos de 1.500 personas; o renegados franceses de la OAS, la organización terrorista que se rebeló contra la descolonización de Argelia, y algunos de cuyos miembros ejercieron como terroristas en España después del acuerdo entre la organización y el Gobierno de Giscard d'Estaigne, como Jean Claude Cherid, tendrían papeles fundamentales en la historia política secreta española. Cherid fue el primer jefe de los GAL y, a su muerte en 1984, su viuda recibió una pensión del Estado español.

Uno de los supuestos jefes de la Triple A, el argentino Rodolfo Almirón, llegó a España en julio de 1975. Algunos de los testigos de la masacre de Montejurra le identifican como uno de los extranjeros que atacaron a los carlistas, aunque él lo niega.

Sin embargo, admite sin pudor haber prestado servicios para la empresa ANISE, entre 1978 y 1980. Esta empresa, según reconocería el propio Almirón a EL MUNDO, tuvo un papel destacado en la formación de los equipos de seguridad del PSOE. Almirón abandonó ANISE para ocuparse personalmente de la custodia de Fraga, hasta que su pasado fue puesto al descubierto por Cambio 16 en 1983. Entonces abandonó la escena pública. La Justicia española, en manos del PSOE, hizo caso omiso de la orden de busca y captura que remitió Argentina en 1984, hasta hace casi un año, cuando, tras ser descubierto, se le detuvo para entregarlo a Buenos Aires.

ANISE, por su parte, jugó un oscuro papel, nunca aclarado, en el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Los conjurados siempre han asegurado que pretendían instaurar un gobierno de concentración nacional presidido por Felipe González. Pero todo esto no es más que una nueva teoría de la conspiración.

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