En Annapolis podría pactarse el fin del conflicto entre Israel y Palestina. ¿Será posible su implementación?

La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha expresado claramente cómo espera la administración Bush que se desarrolle el actual proceso de paz palestino. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, llevarán a cabo encuentros preparatorios para definir los elementos más importantes de un acuerdo. Luego, el borrador preliminar será presentado ante una conferencia internacional que se reunirá en Annapolis, Maryland, a fines de noviembre.

Para llevar las cosas hasta este punto, la secretaria de Estado dio pruebas de determinación e ingeniosidad. Al comienzo de la mayoría de las negociaciones, cada parte tiene más clara su propia posición que el resultado final. Lo singular de la conferencia de Annapolis es que el resultado debe estar acordado de antemano. Lo que sigue siendo incierto es la capacidad para implementarlo. Pues durante la mayor parte de la historia, Israel ha rechazado la idea de un Estado palestino, ha insistido en una Jerusalén indivisa como capital y se ha negado a permitir un retorno de los refugiados palestinos. El lado árabe ha igualado las negativas israelíes negándose a reconocer a Israel sobre ninguna frontera; insistiendo luego en las fronteras de 1967 que nunca fueron reconocidas cuando existían; y exigiendo un derecho irrestricto de los refugiados a volver a Palestina con la derivación demográfica de superar a la población judía del Estado judío.

El proceso está siendo impulsado a partir del supuesto de que las partes pueden ser llevadas a aceptar a fines de noviembre —o que ya han aceptado tácitamente— el llamado Plan Taba de 2000, desarrollado, luego de la abortada reunión de Camp David, por negociadores técnicamente no oficiales. Establece un retiro israelí esencialmente hasta las fronteras de 1967, reteniendo sólo los asentamientos alrededor de Jerusalén pero angostando el corredor entre Haifa y Tel Aviv. El Estado palestino a crearse se vería compensado con una parte de territorio israelí equivalente, probablemente en el Negev subpoblado. El gobierno israelí estaría dispuesto a ceder los barrios árabes de Jerusalén como capital de un Estado palestino.

Si la situación es llevada realmente hasta ese punto, reflejaría un cambio revolucionario de percepciones en ambos bandos. La Intifada y el ímpetu global del islamismo radical han hecho ver al pueblo y a la dirigencia israelíes que su Estado se encuentra bajo la amenaza de cuatro peligros nuevos y crecientes: primero, un entorno de seguridad alterado donde la principal amenaza no son tanto las guerras convencionales del pasado como los ataques terroristas de grupos sin una geografía definida y que operan desde bases móviles y pequeñas; segundo, el problema demográfico dado que la alternativa a una solución de dos Estados podría ser un solo Estado donde la población judía pasaría a ser minoría; tercero, la amenaza existencial de la proliferación nuclear, especialmente por parte de Irán; y por último, un entorno internacional en el cual Israel se halla cada vez más aislado debido a la creciente idea en Europa occidental y en grupos pequeños pero influyentes de EE.UU. de que la presunta intransigencia de Israel es la causa de la hostilidad árabe hacia Occidente. Al mismo tiempo, el miedo emergente a Irán ha generado un reordenamiento de las prioridades en el mundo árabe. Para los Estados sunnitas moderados, la principal preocupación pasó a ser el peligro de un Irán dominante. La confluencia de inquietudes estadounidenses, árabes, israelíes y europeas alienta la expectativa de que un acuerdo entre Israel y sus vecinos árabes pueda aliviar, o incluso eliminar, sus miedos comunes.

¿La diplomacia será capaz de cumplir con estas expectativas? Y, ¿cuáles son las consecuencias de una impasse? Pues en cuanto se llegue al tema de la implementación, surgirán una serie de cuestiones aparentemente técnicas, pero en su esencia profundamente dilatorias.

En la diplomacia propuesta, los interlocutores de ambas partes enfrentan posiciones internas inestables. La coalición que gobierna Israel colapsó, y los niveles de aprobación del gabinete han alcanzado su punto más bajo. La eliminación de los asentamientos de Cisjordania constituirá una experiencia traumática para Israel; tanto más cuanto que las concesiones israelíes —retirada de los asentamientos— son concretas, inmediatas y permanentes, mientras que las concesiones árabes —reconocimiento de Israel y normalización de las relaciones— son abstractas y revocables.

El proceso de paz se fusionará con los conflictos genéricos de Oriente Medio. La conferencia de Annapolis no puede ser el fin de un proceso; debería más bien echar los cimientos de una nueva fase potencialmente cargada de esperanza que continuará en administraciones futuras. Pero no debería guiarse por el calendario político estadounidense. Si se les pide a los amigos árabes e israelíes de EE.UU. que soporten más de lo que son capaces de resistir, se corre el riesgo de un estallido aún más grande. Una "solución" preparatoria que desbarate la entidad política de las partes impedirá el progreso definitivo. Quebrar la columna vertebral psicológica del aliado israelí de EE.UU. no haría más que envalentonar a los radicales y desestabilizar con ello a toda la región. El liderazgo estadounidense sobre la base de parámetros realistas con Israel y los países árabes moderados constituye un requisito previo esencial para el éxito en Annapolis. De no ser así, es un llamado a la impasse y al aislamiento estadounidense. La firmeza de las fuerzas de moderación depende de la posición de EE.UU. en la región y no sólo con respecto a Palestina. Como en Irak, tampoco en Palestina la influencia estadounidense se verá favorecida por una imagen de retirada. Todos los pueblos de la región, amigos o enemigos, estarán juzgando la suma total de los objetivos de EE.UU. y su constancia para alcanzarlos.

Henry A. Kissinger. Ex secretario de Estado de los EE.UU.

http://www.clarin.com/diario/2007/11/04/opinion/o-03403.htm

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