EL REVES DE LA TRAMA

Hay consenso en torno al trabajo del tribunal que ha juzgado el atentado del 11-M. Es un insólito consenso en este tiempo de insidias y de profesionales de la confusión, que debe mucho a la personalidad de los tres magistrados, en especial a la manera de actuar de Gómez Bermúdez, quien concentra la rara unanimidad del elogio. El consenso aprecia en la sentencia un buen trabajo técnico, limitado por el suicidio de presuntos autores materiales, por los datos obtenidos en los interrogatorios y por los aportados en el sumario, que el tribunal, no obstante, ha dejado malparado con algunas rectificaciones clamorosas.

No hay consenso, en cambio, acerca de lo que deba hacerse a partir del fallo, si pasar página o seguir investigando. Esta cuestión es más técnica que política, y estoy seguro de que los propios magistrados, que han sentenciado con los datos que obraban en su poder, piensan en la necesidad de no dejar aquí el asunto, como en tantos casos en que la responsabilidad profesional aconseja no dormirse en los laureles. Pero dos declaraciones la han metido en el tráfico de las diatribas políticas y ha quedado contaminada de inmediato. Rodríguez Zapatero se ha apuntado a la tesis de que «ha sido fijada la verdad de los hechos» mientras que Mariano Rajoy apoyó «cualquier otra investigación que permita avanzar sin límites en la acción de la Justicia».

A partir de aquí, para un sector político la investigación va a estar mal vista, como lo ha estado la investigación periodística realizada hasta ahora. Es difícil, si no imposible, fundamentar el rechazo a la investigación, pero en política los absurdos existen y son comprados gustosamente por muchos. Quien diga que hay que investigar más corre el riesgo de ser tildado de activista político, cuando lo que ha ocurrido es que no ha sido proclamada la verdad absoluta de los hechos sino la verdad jurídica, o sea la verdad que ha podido obtener el tribunal con los datos que ha podido manejar.

Hace unos años, tras un juicio fundamental para el futuro de la democracia, el que sentó en el banquillo a los militares golpistas de 1981, Adolfo Suárez publicó en el diario El País (4 de junio de 1982) un artículo que llevaba este inequívoco título: Yo disiento. El que había sido gestor de la Transición reclamaba un juicio más justo porque entendía que la sentencia no protegía «de manera suficiente los derechos del pueblo español» y, de manera bien significativa, afirmaba que el rigor consiste en «castigar adecuadamente a todos los culpables». Salvando las distancias, muchos pensarán que las palabras de Suárez podrían aplicarse al juicio del 11-M, que ha concluido sin castigo a los autores intelectuales, a los autores por inducción que el tribunal no ha descubierto.

Si un político, incluso con el prestigio del ex presidente, escribiera hoy un artículo similar sobre la sentencia del 11-M, sería abroncado mediáticamente y denostado por el sector que ha dictaminado que la verdad jurídica de la sentencia es la única y total verdad del 11-M. Vivimos ahora bajo el imperativo de unas cuantas verdades que se fuerzan incluso contra la realidad, contra el sentido común y hasta contra la ecuanimidad: hay quien sigue sosteniendo, por ejemplo, que el anterior Gobierno es culpable del atentado, lo cual es una extravío que suscriben los terroristas. En estos tiempos en que se quiere penalizar la discrepancia, la investigación es la mejor respuesta a los intentos de imponer una verdad política y la mejor ayuda que se puede prestar a la justicia.

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