LA MASACRE DE MADRID

Era de prever que la sentencia sobre el juicio del 11-M no resultaría satisfactoria para algunos, como así ha sido. Una sentencia es una sentencia y nada más que una sentencia. Es decir, una sentencia debe limitarse a aplicar normas jurídicas a un determinado supuesto de la realidad. Y nada más. Tampoco, por supuesto, nada menos.

Una sentencia se limita, pues, a averiguar la verdad judicial. ¿Qué significa este término? Significa que el juez (o el tribunal) deben llegar a un veredicto únicamente a través de los procedimientos que la ley prevé. Por tanto, el juez debe limitarse a: primero, precisar los hechos de acuerdo con las pruebas que las partes le presenten en el juicio; y, segundo, interpretar las normas aplicables conforme a los criterios jurídicos habitualmente aceptados. Ambas operaciones son la base de la argumentación jurídica que debe conducir a dicho veredicto. Esto, y sólo esto, es una sentencia.

La verdad histórica, normalmente plural y sometida al libre debate, la determinan los historiadores, utilizando los diversos métodos propios de su disciplina. La verdad moral se funda en los puntos de vista de carácter ético de las personas que analicen la conducta de un determinado sujeto. Ambas verdades dan amplio campo a la subjetividad.

En cambio, la verdad judicial no es la libre opinión del juez sino el resultado de una argumentación previamente delimitada por la ley. Ahí la subjetividad queda muy reducida. El juez puede tener la firme convicción de que alguien es moralmente culpable y, sin embargo, dictar una sentencia en la que se le considera jurídicamente inocente, al no haberse podido probar, de acuerdo con las reglas jurídicas, su culpabilidad.

La lectura apresurada de una sentencia compleja no permite dar un juicio fundado sobre la misma. Sin embargo, hay indicios como para creer que ésta es una buena sentencia: la unanimidad del tribunal, la opinión favorable de la fiscal, el orden y seriedad del juicio oral, el prestigio profesional del presidente.

Este juicio positivo no puede ser determinante para reivindicar el buen funcionamiento general del poder judicial en España. Ahora bien, cuando se critica tanto a los jueces, la mayoría de las veces sin fundamento alguno, quizás sea esta una ocasión para, junto a la policía, reivindicarlos.

¿Quiénes son los culpables de los atentados de Londres y Nueva York? ¿Están en Guantánamo? Más todavía, el magistrado Gómez Bermúdez, presidente del tribunal, fue considerado hasta hace poco un juez conservador, del ámbito del PP. Pues bien, ¿no dice la sentencia que ETA nada tiene que ver con los causantes de la gran tragedia de Madrid? ¿Quién politiza la justicia?