El TSJ vasco lleva a juicio al lehendakari y la cúpula del PSE por reunirse con Batasuna

Ibarretxe está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Sería el primer lehendakari al que le sucediera. El motivo son las reuniones que Ibarretxe y los socialistas vascos mantuvieron con Batasuna durante el proceso de paz. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó ayer la apertura de juicio oral contra Ibarretxe y los líderes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares, por aquellos encuentros con una delegación de la ilegalizada Batasuna, encabezada por Arnaldo Otegi, en abril de 2006.

El Gobierno vasco puso el grito en el cielo. La portavoz de Ajuria Enea, Miren Azkarate, dijo que la decisión se debe a "un impulso político" y que la justicia vasca ha traspasado "la línea roja" al pretender sentar en el banquillo al lehendakari, en virtud de un proceso que se dirige, en realidad, "contra la sociedad vasca".

El proceso comenzó por sendas iniciativas del Foro de Ermua y de la plataforma Dignidad y Justicia contra el lehendakari y los citados dirigentes del PSE por reunirse con Batasuna, una organización ilegalizada. Hubo una denuncia similar ante el Supremo contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber amparado y defendido las reuniones, pero la Sala Segunda la rechazó en términos muy concluyentes. El Supremo sostuvo que el asunto del diálogo con Batasuna era de naturaleza política, y que dirimirlo ante los tribunales constituiría "un fraude constitucional".

El juez Garzón dictó un auto en el mismo sentido, rechazando incriminar a los participantes en esas conversaciones. Pero la justicia vasca lo vio siempre de otro modo, de manera que fracasaron los sucesivos intentos de que se archivasen las diligencias. La apertura del juicio oral era, de hecho, una decisión anunciada desde que la semana pasada el TSJPV decidiese ratificarse en la continuación del proceso, rechazando las últimas peticiones de sobreseimiento del PSE, que sin embargo anunció ayer que volverá a solicitarlo.

La fiscalía también había pedido el archivo, porque defendía la legalidad de la reunión, aunque fuese con miembros de una organización ilegalizada. De hecho, el juez acusa a los dirigentes de Batasuna del delito de desobediencia, porque a su juicio vulneraron la prohibición de realizar actividades orgánicas que pesa sobre ellos, mientras que al lehendakari y a los dirigentes socialistas les imputa la misma transgresión, pero no como autores, sino como "cooperadores necesarios". El juez lo justifica afirmando que si ellos no hubieran querido, no habría habido reunión alguna con la cúpula de Batasuna.

Las acusaciones populares piden para Ibarretxe una pena de 2 años y 9 meses de prisión, y otras inferiores para los socialistas, considerando que no ejercían cargo público. El fiscal estima que al no existir acusación pública el asunto no debería llegar a juicio.

El Gobierno central y el vasco comparten este punto de vista de la fiscalía y creen que la iniciativa supone cierto intento de someter a juicio el proceso de paz. El portavoz del Poder Judicial, Enrique López, dijo a su vez que la decisión procede de "un tribunal independiente" y merece "respeto".