Han cruzado la raya, contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que consideró que enjuiciar por la vía penal una actuación política es literalmente “un fraude constitucional” que atenta gravemente contra la separación de poderes, el Juez instructor del Tribunal Superior ha decretado la apertura de juicio oral contra el Lehendakari de Euskadi y el resto de los representantes políticos imputados.
La decisión se toma no sólo en contra de la máxima instancia jurisdiccional española, el Tribunal Supremo, sino también en contra del criterio de la Fiscalía que reiteradamente ha solicitado, tanto al instructor de la causa como a la Sala de lo Civil y Penal del Superior, “el sobreseimiento y archivo” de este caso, el Juez instructor y la Sala del Superior de Justicia enjuician al Lehendakari por realizar la actividad política para la que fue elegido.
Al respecto, cabe recordar una vez más, que los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por unanimidad, no admitieron a trámite la querella interpuesta por Manos Limpias contra el Presidente del Gobierno español y el Consejo de Ministros, al entender que no existe ningún tipo penal en el que encuadrar la conducta de los querellados, conducta que como todos sabemos respondía a reuniones para la búsqueda de soluciones de paz y normalización política. Lo que vale para el Presidente español, no vale para el Lehendakari de Euskadi.
El Juez instructor y la Sala de lo Civil y Penal actúan contra el Lehendakari contradiciendo su propia jurisprudencia anterior, al no admitir, con criterios radicalmente contrarios a los que utilizan ahora, el enjuiciamiento del Consejero Balza.
El Juez instructor, en su auto de hoy, dice seguir el criterio aplicado en el llamado caso Atutxa, lo cual nos hace preguntarnos si el señor Instructor nos anticipa hoy su deseo sobre el sentido de la sentencia.
Tenemos que denunciar el llamativo silencio, durante todo un año, del Tribunal Constitucional cuando se están quebrantando gravemente los derechos fundamentales del ciudadano y Lehendakari Juan José Ibarretxe, cercenando gravemente el derecho al ejercicio a la actividad política de la máxima representación institucional de Euskadi, que lo es por elección popular.
Estamos ante un hecho histórico de especial gravedad, por primera vez en la historia, por impulso político, se enjuicia penalmente al Lehendakari por ejercer su función política, para la que ha sido elegido por la sociedad vasca. Es un juicio contra la sociedad vasca y su voluntad mayoritaria de alcanzar la paz y la normalización política. Mientras en todo el Mundo el diálogo es la vía para solucionar los conflictos, el Instructor y la Sala de lo Civil y Penal observa la actitud positiva de hablar como un delito penal y, por tanto, criminaliza el diálogo político.
Así pues, la decisión se adopta no sólo contra el Tribunal Supremo, no sólo contra la Constitución, no sólo contra el criterio de la Fiscalía, no sólo contra la propia jurisprudencia de la Sala de lo Civil y Penal del Superior, sino sobre todo, contra esta sociedad y este país que mandató al Lehendakari para que hiciera política y solucionara los problemas. La sociedad vasca asiste atónita al hecho de que al Lehendakari se le siente en el banquillo de los acusados por cumplir con el mandato que la propia sociedad le otorgó.
Vitoria-Gasteiz, 30 de octubre de 2007

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