TRIBUNA

El conjunto de incidentes repetidos con las infraestructuras en Catalunya - ferrocarril, carretera, suministro eléctrico, aeropuerto- ponen de manifiesto el déficit crónico de inversión que sufre el territorio. El problema viene de lejos: las dotaciones relativas de infraestructuras públicas (excluyendo las de peaje) de Catalunya en relación a España o en términos por habitante en relación a la media española alcanzaron un máximo al final del franquismo. Después han ido a la baja y se han estancado. Los perjudicados han sido los ciudadanos de Catalunya y de toda España. Los primeros directamente, y los segundos indirectamente pues la economía española se ha resentido por la falta de inversión allí donde el criterio de eficiencia económica dictaba.

El necesario aumento sostenido de la inversión en Catalunya para resolver el déficit, a pesar de las cláusulas del Estatut, dependerá de la evolución de la coyuntura política. No parece arriesgado aventurar una ley de la participación de Catalunya en las infraestructuras públicas en España: todo intento de aumento será compensado por aumentos en otras comunidades quedando la participación relativa de Catalunya estable. Esta ley se sustenta en el contraste, alimentado para obtener ventaja política, entre la realidad de las infraestructuras en Catalunya y la percepción en el resto de España. La consecuencia puede ser un aumento generalizado en España de la inversión pública, que puede acarrear un aumento impositivo, o una vuelta al déficit público u otro estancamiento de la inversión en Catalunya.

Seamos optimistas y supongamos que la coyuntura política es favorable y que hay financiación disponible. En este caso se necesitan proyectos y el liderazgo para su realización. Proyectos hay unos cuantos pero debería haber también un esquema general que les dé coherencia a veinte años vista. Algunos de ellos han quedado encallados de momento por vetos de sectores locales. Grandes proyectos necesitan consenso social y liderazgo. Para alcanzar el consenso cabría lanzar un debate a fondo sobre las grandes infraestructuras necesarias para que Catalunya afronte el proceso de globalización con éxito. Este debate se debería hacer en un horizonte temporal corto. Así se daría legitimidad a las decisiones evitando el poder de veto de facto de grupos con intereses particulares.

Una vez concluído el debate, las instancias políticas representativas deberían decidir entre las opciones y ejecutarlas asumiendo el coste de que grupos minoritarios pudiesen lanzar una campaña en contra. La experiencia reciente puede representar la catarsis necesaria para que esta reflexión de largo plazo se haga. De lo contrario el desánimo y descrédito de la política seguirá su curso inexorable.

Xavier Vives. Centro Sector Público-Sector Privado de IESE.