Del sobrecoste de El Musel y la financiación europea, de Pilar Fernández Pardo en La Nueva España
Cualquier modificación en las condiciones de ejecución de las obras financiadas con fondos de cohesión debe ser vista con una preocupación especial, más aún en una obra tan trascendental para Asturias y para Gijón como es el puerto de El Musel.
Una desviación presupuestaria del 40 por ciento, especialmente cuando no obedece a imprevistos naturales sino a condiciones contractuales de las obras, puede crear problemas muy particulares en la solicitud de financiación europea.
La Unión Europea aporta para El Musel 250 millones de euros de los 580 millones previstos como coste inicial de la obra, correspondientes a la partida del fondo de cohesión del período 2000-2006.
Si ahora, ante esa desviación presupuestaria, las autoridades españolas pretenden que ese sobrecoste sea financiado por el nuevo fondo de cohesión 2007-2013, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias.
Los nuevos programas operativos del fondo de cohesión 2007-2013 para España, donde figura la previsión de una cantidad indeterminada de fondos para compensar posibles costes suplementarios en las obras del puerto, no han sido aprobados todavía por la Comisión Europea. El Grupo Popular en el Parlamento europeo, a través del trámite presupuestario, presiona a la Comisión para que apruebe sin más tardanza estos programas operativos.
La decisión de concesión de ayuda al puerto de Gijón establece una fecha máxima de terminación de las obras del 30 de octubre de 2008. Negociar una prórroga de terminación es siempre un proceso azaroso, cuya responsabilidad final compete exclusivamente a las autoridades comunitarias, últimamente muy estrictas con el mantenimiento de los plazos acordados. Recordemos que de no aceptar Bruselas prórrogas de finalización se retirarían los pagos pendientes de realización.
Por tanto, la aparición del sobrecoste y la negociación del mismo con las empresas adjudicatarias de las obras introduce un elemento de incertidumbre sobre la posibilidad de respetar los plazos acordados en Bruselas.
Desde un punto de vista técnico, hay otro problema. Es el de la definición legal del sobrecoste, formalizado en una modificación del contrato inicial.
Según la legislación comunitaria (directiva 99/37), la modificación debe ser objeto de un nuevo procedimiento de licitación salvo circunstancias imprevistas.
La Comisión Europea, muy estricta en su papel de control, está detectando que cada vez más en los estados miembros beneficiarios de fondos estructurales y de cohesión las modificaciones de los contratos se adjudican directamente al contratista inicial sin licitación nueva, incumpliendo la directiva citada, lo que en teoría debería llevar a procedimientos de infracción, penalizaciones económicas y pérdida de fondos.
En el caso de El Musel, un sobrecoste del 40 por ciento sobre el contrato inicial lleva, inmediatamente, a un debate sobre la posible imprevisibilidad del mismo y sobre el hecho de si era o no conocido con anterioridad. Si las autoridades comunitarias deciden que no era imprevisible, o bien que sí era conocido previamente, podrían perfectamente reclamar una nueva licitación para no perder las condiciones de subvención, habilidad del fondo de cohesión. Ese procedimiento de licitación podría retrasar aún más la terminación de las obras, yendo más allá del plazo máximo autorizado por Bruselas.
Recordemos que en el programa operativo provisional para los fondos de cohesión en España 2007-2013 se solicitaba un posible (no cuantificado) uso de fondos para el Musel en función de la dificultad de la obra, por inclemencias meteorológicas, nunca por incrementos en el precio de los materiales, que deben ser contemplados en los contratos iniciales de adjudicación de las obras.
Finalmente, tampoco resulta sencillo que el Gobierno español pueda destinar 230 millones de euros del fondo de cohesión 2007-2013 al Musel, sabiendo que en el período anterior, cuando España gozaba gracias a la negociación europea del Gobierno popular de 11 mil millones de euros en el fondo de cohesión, la partida destinada a Puertos del Estado llevaba poco más de mil millones de euros. Ahora parece imposible que, con poco más de tres mil millones totales en el nuevo fondo de cohesión se vaya a destinar una parte tan importante para ese sobrecoste, sobre todo, cuando las necesidades para otros puertos españoles aparecen perfectamente reflejadas en dicho programa operativo. Las promesas de Zapatero en ese sentido hay que remitirlas a cuando prometió 500 millones de euros del fondo de cohesión para financiar la autovía de La Espina, que nunca aparecieron.
En resumen, la situación parece, cuando menos, muy incierta. La financiación europea no está garantizada, y la imprevisión o incapacidad del Gobierno socialista para gestionar infraestructuras imprescindibles para el futuro económico español, es asombrosa (AVE, cercanías, redes eléctricas, autovías, puertos). Desde el Partido Popular expresamos nuestra gran preocupación y nuestra disposición, como siempre, para defender, a través de nuestros parlamentarios en las Cortes generales y el Parlamento europeo, los intereses asturianos.
Pilar Fernández Pardo es senadora del PP por Asturias.
