La ley de Memoria Histórica es el punto final a la transición, más de treinta años después de la muerte de Franco. La transición se hizo bajo la ficción táctica circunstancial -por razones de oportunidad política, no de transacción ideológica- de que a la muerte de Franco para reconciliar a las dos Españas era necesaria una elipsis, creando la apariencia errónea de que entre democracia y dictadura es necesaria o posible una bisectriz. Las dos Españas son la derecha y la izquierda, tradición frente a revolución, y ambas han convivido en democracia desde Espartero, con los mismos errores y aciertos que las restantes democracias europeas, aunque sustituyendo dos guerras mundiales por la guerra civil. La democracia no nació en España con la Constitución de 1978 y es evidente que la transición, antes que una restauración de la Monarquía, fue una restauración de la democracia, que es la verdadera esencia histórica nacional. Las dos Españas son parte de la España democrática, por lo que la negación de la democracia es la negación de España como ámbito de convivencia y, por tanto, como nación. A pesar de sus errores políticos, tanto la II República como antes la Restauración representaron a las dos Españas, porque aun de forma imperfecta tenían para ello voluntad política. La guerra civil y la dictadura de Franco, como en 1923 la dictadura de Primo de Rivera, fueron al mismo tiempo el fracaso de las dos Españas, la de Narváez y la de Espartero, la de Cánovas y la de Sagasta, la de Maura y la de Canalejas, la de Dato y la de Romanones, la de Azaña o Indalecio Prieto y la de Lerroux o Gil Robles. Ninguno de ellos -ni siquiera el líder de la CEDA- apoyó nunca una guerra civil, nuestra vergüenza endémica. El final político de la guerra de 1936 no llegó hasta la muerte de Franco. En ese momento España no necesitaba una reconciliación moral, que ya se había producido en la conciencia civil, sino verdadera democracia y prudencia política. En realidad, Franco no representó a ninguna de las dos Españas, sino que las aplastó, un hecho que debe ser reconocido tanto por la derecha como por la izquierda democráticas. La verdadera reconciliación entre los españoles enfrentados por la guerra es la democracia, no un término medio entre democracia y dictadura.

Es, por tanto, necesario hacer justicia histórica a la tradición democrática de España interrumpida por el paréntesis aberrante de la guerra civil y por los 47 años de las dos dictaduras militares, lo que exige racionalmente para la convivencia civil eliminar los símbolos y la apariencia de normalidad de la dictadura de Franco, que son los de la guerra. La tesis de que la transición fue posible por amnesia histórica y de que la España actual es el resultado de la guerra civil y de las previsiones sucesorias del general Franco, en realidad, pertenece al más profundo acervo ideológico de los vencedores de la guerra. Huyendo de los nazis, Walter Benjamin se suicidó en Port Bou, en la frontera española, el 26 de septiembre de 1940, por la errónea creencia de que su expedición de fugitivos iba a ser detenida y devuelta por Franco a la Gestapo. Adorno -que lo esperaba en Nueva York- dio título a «Tesis sobre el concepto de la Historia», su obra póstuma inacabada en el momento del suicidio, publicada en 1942. En ella Benjamin propone al historiador «cepillar la Historia a contrapelo» (tesis VII) porque la Historia siempre la hacen los vencedores haciendo suya la cultura como botín. «Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer». (VI).

Desde 1989 se han introducido en el mundo dos modelos de justicia retroactiva alternativa a la justicia ordinaria, para resolver la contradicción entre la demanda de justicia material sustantiva que exige la reparación de los daños causados por una dictadura y el principio del imperio de la ley que impide la plena retroactividad de la justicia. Para su aplicación en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, en América ha surgido la idea de «justicia transicional» como conjunto de medidas jurídicas excepcionales para hacer posible la transición desde un contexto de violencia o de limitación de las libertades civiles a una democracia plena, que incluye actos de gracia, revisión de causas, reparación moral y material a las víctimas y reforma de instituciones políticas (entre otros, Albon, 1994, y Uprimny-Saffon, 2006). Por otra parte, se ha elaborado desde Sudáfrica el concepto de «justicia restaurativa» de los derechos de las víctimas, con un enfoque social o colectivo de la reparación. El politólogo noruego profesor en Columbia Jon Elster acaba de publicar «Closing the books.Transitional justice in historical perspective» (2004) (trad. cast. «Rendición de cuentas», Ed. Katz, 2007), donde estudia el problema de la retroactividad de la justicia desde la Atenas del siglo V a. C. hasta la caída de la URSS.

La ley de Memoria Histórica es un acto extemporáneo, tardío pero necesario, de justicia transicional y restaurativa de la España democrática que surge cuando se acaban de aprobar por la Unión Europea las «Directrices para fomentar la observancia del Derecho Internacional humanitario» (Declaración 2005/C 327/04 en «Diario Oficial UE», 23/12/ 2005), que proyectan la noción de justicia transicional y restaurativa a las relaciones entre estados como parte del Derecho Internacional de intervención aplicable por la Corte Penal Internacional y los Tribunales internacionales de Justicia.

El hecho de que la ley se apruebe treinta años después de la Constitución no la priva de legitimidad histórica, y la ausencia de consenso en su aprobación no es en sí misma un defecto de la ley, sino del actual clima político disparatado en las relaciones entre Gobierno y oposición democrática, más atentos a una exacerbada confrontación electoral permanente que al interés general. La más urgente educación para la ciudadanía es la desaparición de los símbolos propagandísticos de la guerra y la dictadura, que son un atentado a la memoria histórica de la España democrática, la única España posible.