PRISMA

Ser un ciudadano corriente, en este país es cada vez más difícil.Años atrás, se puso el grito en el cielo a raíz de la progresiva instalación de cámaras de vigilancia por todas partes en nombre de la seguridad. La presencia de cámaras, denunciada por muchos como una agresión y una violación de la intimidad, se justificaba por el efecto disua- sorio que ésta tendría frente a la delincuencia. La grabación del desdichado incidente de la agresión a una menor en un tren de los Ferrocarriles de la Generalitat, no sólo no evitó el crimen, sino que ha convertido al agresor en una estrella mediática en la línea habitual ya, de la mayoría de medios de comunicación.

Las cámaras quizás facilitan el trabajo de la policía y de la justicia a posteriori, pero no protegen al ciudadano, que vive permanentemente vigilado, controlado cuando es inocente, sometido a vejaciones en estaciones, aeropuertos y edificios oficiales, donde siempre es tratado como sospechoso, pero cuya indefensión es total cuando es víctima. Las cámaras serían quizás aceptables si alguien las mirara en tiempo real y el agresor de la menor hubiera sido esperado ya en el andén o los servicios de vigilancia hubieran irrumpido en el vagón de inmediato. La niña reunió el valor suficiente para hacer la denuncia, pero la fiscalía no se personó. El escándalo está más que servido.

Sabíamos que el sistema judicial es precario en nuestro país.Este condenable episodio, convertido en mediático, es sólo una muestra de cómo la propia administración ignora y vulnera los derechos de los ciudadanos. Como lo es el abuso permanente a que es sometida la población a cuento de las medallas que algunos quieren ponerse con otro tren, el de alta velocidad, que está generando un caos que perjudica, como siempre, a la ciudadanía, a la gente corriente que sostiene el país con su trabajo, con una paciencia que ya sólo provoca pasmo.

No es sólo que la gente deba invertir más tiempo en acudir a su lugar de trabajo y tenga dificultades para cumplir con su horario laboral, o que no puedan llevar su vida habitual si viven cerca de las obras. También es raro que las empresas no lideren protestas, siquiera en nombre de la economía.

Los gestores del bienestar y las garantías ciudadanas, los responsables políticos y sus pactos de pasillo y de despacho, miran siempre hacia otra parte: las urnas, sin comprender que todos los perjudicados también votan o que se sumarán también a la creciente cuota de absentismo. Quizás ni siquiera los motivan las urnas, su cuota de poder, que no de gobierno, sino la inercia, el hábito adquirido de las luchas de partido convertidas en entelequia: se aprueba una Ley de Memória Histórica, pero se incumple la ley desde el gobierno central con los papeles de Salamanca o no se lleva a los tribunales, los que se niegan a condenar la dictadura franquista.

¿En qué clase de democracia vivimos? ¿Dónde está el defensor del pueblo, el Sídic de Greuges? ¿Qué futuro tiene Cataluña, si nadie se hace responsable de nada? ¿Qué pasaría si los afectados, auténtico motor de la economía, se quedaran en casa y se negaran masivamente a acudir a su trabajo o reclamaran ventajas fiscales? Seguramente sólo ellos, una vez más, serían los perjudicados.

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