Octubre 25, 2007 – 1:14 pm

Algo se está moviendo en el PP de Oviedo, ante la espectacular pasividad que demuestra el PP de Asturias, cuando los asturianos se están desayunando con el escándalo de los sobrecostes de obras que no parecen estar siendo auditadas por la Sindicatura de Cuentas por lo que corresponde a las inversiones del Principado de Asturias. Los mecanismo de control presupuestario, o están fallando, o no existen.

A la primera reacción de silencio clamoroso que sucedió a la noticia que está produciendo un notable escándalo en la sociedad asturiana, parecen seguir algunos movimientos, tal y como indica la publicación de alguna frase suelta y algún comentario aislado en La Nueva España –en solitario-, pero sobre todo, conviene destacar como más llamativa la noticia de la petición del senador Jaime Reinares, que ha solicitado la comparecencia de la ministra de Fomento Magdalena Álvarez, para explicar los sobrecostes de las obras públicas de Asturias. Jaime Reinares ha anunciado que pedirá la comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en la Cámara alta, «para que ofrezca explicaciones sobre los sobrecostes de las grandes infraestructuras que están actualmente en ejecución en Asturias». La apuesta de Reinares es el primer movimiento que se detecta en el PP de Asturias ante la impresionante noticia de que las obras de el Puerto del Musel van a dar pie a la negociación de un reformado de un 40% sobre el contrato inicial de 580 millones de euros.

Reinares no se refiere sólo a las obras del macropuerto, también alude a los desfases en los tramos de la Autovía del Cantábrico, pero también en los túneles de Pajares, cuyas adjudicaciones -no hay que olvidar-se suspendieron en el 2004, nada más tomar posesión el nuevo gobierno, alegando que eran irregulares por asociar proyecto y obra; en su petición reclama que se aclare también cuál es la situación presupuestaria del nuevo Hospital Central de Asturias y, cómo no, las de la Universidad Laboral.

Asturias cuenta con un mecanismo legal de control presupuestario que es la Sindicatura de Cuentas, envuelta desde su creación en una llamativa guerra de posiciones entre los síndicos Antonio Arias, designado a sugerencia de Izquierda Unida, Mercedes Fernández, propuesta por el PP y Avelino Viejo, por el Partido Socialista. Desde el primer momento, ese organismo cuya misión es acudir allí donde el Tribunal de Cuentas del Reino no llega por la descentralización del estado, ha estado sometido a una intensa presión desde el propio gobierno del Principado, que motivó agrios debates parlamentarios, incluida la comparecencia del Sindico Viejo y de la secretaria técnica Rosa Zapico, atrapados en no se sabe bien qué polémica.

La consecuencia de estos debates, así como de la guerra interna entre síndicos, es que Asturias, ante la creación de un organismo que sustituyó las competencias delegadas por el Tribunal de Madrid, se ha quedado sin control económico, en lo que resulta difícil no interpretar como una maniobra deliberada por parte del gobierno, que fue el que inició las maniobras de acoso contra el Síndico Mayor y la secretaria de la Sindicatura.

¡Cómo no sospechar lo peor! Aquí se están desarrollando inversiones monstruosas en proyectos como la Radio Televisión Pública de Asturias que carecen de control y que además están siendo objeto de un sorprendente consenso entre la FSA y el PP, a cuenta de los salarios de los consejeros que se alojan en su órgano de administración, que todavía no han abierto la boca para que de una vez nos enteremos cuánto han costado las obras de LABoral, donde tiene sus estudios esta desmesurada planta de producción de propaganda partidaria, la red de repetidores de Señal gestionada por la sociedad GITPA –la misma que parece ser responsable del sospechoso asunto de la Red Asturcón y su gestor Adamo-, así como los contratos de producción audiovisual que nadie conoce.

Esperamos ansiosamente el resultado de la petición de comparecencia de Reinares, pues si grave es la falta de control económico global de la vida presupuestaria asturiana, el hecho de que en El Musel nos encontremos ante uno de los mayores reformados de la historia de las obras públicas en España, exige una reacción de la sociedad asturiana en demanda de claridad, que sin duda debe extenderse a las obras de la Autovía y el Hospital Central de Asturias, a LABoral, y cómo no, a la RTPA, pues el hecho de que recientemente se haya producido un acuerdo entre la FSA y el PP para quitarle el control del aparato al presidente Vicente Álvarez Areces -y como decíamos antes repartirse el consejo- no justifica que se la excluya de esta imprescindible pasada por los tamices del sistema de pesos y contrapesos que se supone que define la esencia de una democracia.

De lo dicho por Reinares, en esa información que desliza La Nueva España, hay una interesante y enigmática frase que conviene destacar: “esos sobrecostes son fruto de la ineficacia socialista, por no pensar algo peor como, por ejemplo, que esos reformados se lleven a cabo en compensación por ciertas operaciones propagandísticas desde Leganés”. ¿Estará decidiéndose el PP a impulsar también las averiguaciones con lo sucedido en la financiación del escandaloso caso del “Construyendo Asturias?

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