Estuvo ocurrente ayer el líder del PP, Mariano Rajoy, cuando acusó al Gobierno de querer formar una gestora en el Tribunal Constitucional, de las que sirven para reflotar a las organizaciones averiadas del PSOE. Y denuncia a sus adversarios por querer poner a su servicio el alto tribunal. Así valora la recusación gubernamental de dos de los magistrados, García Calvo y Rodríguez Zapata, con etiqueta de "conservadores", presentada el viernes por la Abogacía del Estado.

La recusación sólo concierne a la participación de ambos en los debates sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que permite prorrogar el mandato del presidente y del vicepresidente hasta el nombramiento de sus sucesores. Pero la maniobra del Gobierno tiene mayor alcance, claro.

La maniobra forma parte de una estrategia, cuyo primer movimiento se produjo una semana antes al autorizar el Consejo de Ministros la personación de la Abogacía del Estado en el mencionado recurso del PP, cuyo objetivo es impedir la posible reprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional antes de las elecciones de marzo. Pero la simetría argumental impide pasar por alto las maniobras precedentes que, desde el otro lado de la barricada política, se han llevado a cabo para lograr justo el objetivo contrario, que el Tribunal Constitucional le de un revolcón a la obra predilecta de Zapatero, el Estatuto catalán, y le ponga en evidencia en vísperas de las elecciones generales.

Lucha nada ejemplar

La reyerta política también llega al Tribunal Constitucional. Asistimos a una lucha indecente, al menos nada ejemplar, por la mayoría entre "conservadores" y "progresistas". Sin embargo, nadie se chupa el dedo. La batalla la inició el PP con su extemporánea recusación del magistrado Pérez Tremps. Le consideró contaminado para intervenir en el debate sobre la posible inconstitucionalidad del Estatut por haberlo prejuzgado en un informe que en su día le pidió la Generalitat (relaciones exteriores). Y ahora la Abogacía del Estado (es decir, el Gobierno) recusa por la misma razón (artículo 219 de la Ley del Poder Judicial), a dos magistrados que han prejuzgado un asunto sometido a su jurisdicción.

Los dos recusados, García Calvo y Rodríguez Zapata, se han pronunciado públicamente contra la continuidad de la presidenta y el vicepresidente, y eso les inhabilita para decidir sobre el recurso del PP. Pudieron haberse abstenido por propia iniciativa, como por cierto hicieron la presidenta (María Emilia Casas, "progresista") y el vicepresidente (Guillermo Jiménez, "conservador"), por tener interés personal en el debate, pero fueron incapaces de ver la viga en el ojo propio cuando habían sido capaces de ver la paja en el ojo ajeno (Pérez Tremps). Lo decente hubiera sido abstenerse, pero eso le hubiera devuelto la mayoría a los "progresistas". No lo hicieron por las buenas y ahora el Gobierno les obligará por ley.

Resultado: una vez sustanciada esta recusación propiciada por Moncloa, los "progresistas" serán cinco y los conservadores tres. Esa mayoría no solo servirá para lograr la prórroga de la presidenta y el vicepresidente, sino, sobre todo, para manejar el calendario y sacar de la agenda previa a las elecciones un posible fallo del Tribunal sobre el Estatut.