La actitud adoptada en las últimas horas por el Ministerio de Fomento en relación con las obras en curso para la llegada del AVE a Barcelona, el debate sobre el grado de seguridad en que se desarrollan y la hipótesis de cerrar una vía de cercanías ante los socavones de esta semana ofrecen un panorama más que preocupante en plena recta final de una obra tan emblemática como imprescindible para la economía catalana. Este diario ha defendido desde el principio que no había mucho más tiempo para discusiones y nuevas demoras de una obra que algunos creímos que podía llegar en 1992, con los Juegos Olímpicos, aunque otros, los que gobernaban entonces, prefirieron optar por el tramo Madrid-Sevilla. Ello sólo tenía una contrapartida: seguridad total en las obras, rigor en la vigilancia de las mismas, máxima atención a los miles de damnificados que cada día se ven afectados y absoluta seriedad en los planteamientos tanto de la Administración responsable, el Ministerio de Fomento, como de la corresponsable, la Generalitat a través del departamento correspondiente. Es obvio que tras el desastre en el Carmel cualquier iniciativa para extremar las medidas de seguridad no debe caer en saco roto. Pero se daba por supuesto que eso ya se estaba haciendo y de que el control de la Administración a las empresas que realizan las obras era el correcto. El fuego cruzado entre el ministerio y las empresas concesionarias por un lado y la Generalitat, a través de algunos portavoces, pasando toda la responsabilidad a Fomento, unido a una sensación de descoordinación más allá del voluntarioso Morlán, ofrece un panorama, hoy por hoy, más que pesimista.