CARTA DEL DIRECTOR

De entre toda la patulea de tipos execrables producida por el crisol de la Revolución Francesa no hay peor rata de cloaca, no hay villano más repelente, no hay sanguijuela más abominable que el panfletista Jacques Hebert, creador de su zafio álter ego, el Padre Duchesne. Otegi, Permach y Barrena juntos no le llegarían en la escala de la vileza ni a la mitad de sus rayados pantalones de sans culotte. Pero ni siquiera él merecía ser víctima de la caprichosa arbitrariedad que segó su cabeza.

Implacable impulsor del Terror desde su periódico impreso en octavo a base de rudimentarios grabados y prosa escatológica, Hebert aprovechó el asesinato de Marat para sucederle como apóstol de la guillotina. Nombrado Sustituto del Procurador de la Comuna de París, se distinguió por su saña en la persecución de Luis XVI -«le grand cochon», según su retórica de pocilga y albañal- y de todos los miembros de su familia. En el juicio contra María Antonieta llegó incluso a acusarla de mantener relaciones incestuosas con su hijito de ocho años. Hebert celebraba las ejecuciones y perseguía a sus víctimas con sus insultos soeces más allá de la tumba como si quisiera bailar sobre sus esqueletos y orinar sobre sus calaveras. Era la quintaesencia de la hez de la Tierra, pero incluso un mal bicho así tenía derecho a que la recién nacida República extendiera sobre él su manto de seguridad jurídica.

Ni siquiera sus desgarradores alaridos en la prisión de la Concièrgerie la víspera de su guillotinamiento, ni las befas de los parisinos congregados durante el trayecto hacia la Plaza de la Revolución -hoy de la Concordia-, por el morbo de ver al Padre Duchesne recibir su propia medicina, llegan a hacerle acreedor de un solo gramo de compasión, menos aún de simpatía. Al final del día quedaba una alimaña menos en el vociferante elenco del sadismo en el que durante el Año II (1794) terminó convirtiéndose la Revolución. Eso no obsta, sin embargo, para advertir que Hebert tenía razón en su último alegato y para subrayar que el carácter equitativo y previsible de la Justicia no se pone a prueba cuando acaricia con su túnica de seda al que disfruta de la protección del poder, sino cuando agarra por el gaznate al caído en desgracia.

Y es que Hebert no fue tanto víctima de su propia perversidad o de la conveniencia de Robespierre en su afán por depurar a las facciones antagónicas del jacobinismo, como de la vertiginosa doctrina bautizada como rebus sic stantibus. «Mientras sean así las cosas», decía el viejo aforismo latino que saltó del Derecho Canónico a los tratados internacionales, como cláusula de salvaguardia ante una imposibilidad material de cumplimiento sobrevenida, según los biempensantes; como cínica coartada para eludir las obligaciones contraídas, según los maquiavélicos. Si las circunstancias cambian, los pactos ya no están para ser cumplidos y la legalidad fluye con la coyuntura.

«¿Cómo es posible que una publicación que ha sido no sólo aprobada sino subvencionada por el Gobierno sea considerada delictiva hoy, cuando ayer se consideraba ventajosa para la República?», clamaba el panfletario al escuchar la lectura ante el Tribunal Revolucionario de los párrafos de los últimos ejemplares de Le Pere Duchesne, a modo de pliego de cargos. Muy sencillo, eso ocurre porque la gran aspiración de la razón de Estado es que hasta el Derecho Penal se rija por el principio de rebus sic stantibus. Ese fue el drama de Antonio Pérez, tras el asesinato de Escobedo con el consentimiento de Felipe II, tal y como lo analizó Marañón. Nadie debe sentirse seguro cuando lo que es azul por la mañana, puede volverse rojo por la tarde.

Quien sea capaz de hacer de tripas corazón y meterse a efectos dialécticos en el hediondo pellejo de Hebert no tendrá dificultad alguna para ponerse a continuación en el lugar de los dirigentes de Batasuna, capturados en plena reunión de su Mesa Nacional y trasladados con grilletes en las manos a los calabozos de la Audiencia. ¿Cómo no entender su mirada de estupor hacia el representante de esa misma Fiscalía que, después de abogar una y otra vez por su libertad ante transgresiones mucho más flagrantes de la ley, ahora pedía su ingreso incondicional en prisión? ¿Cómo no explicar su perplejidad ante ese juez Garzón que, casi sin solución de continuidad, pasaba de ayudarles a eludir la Ley de Partidos a darles con ella en la cabeza? «Criminalizar las acciones de la izquierda abertzale por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista no ajustada a la realidad», había resuelto en enero. ¿Por qué quien se mostró entonces tan laxo resurgía ahora tan estricto? Con la misma incredulidad miraba Hebert a sus bien recientes asociados e inminentes verdugos: el fiscal Fouquier Tinville, compinche en el ominoso proceso contra la reina, y el juez Dumas, compañero de nocturnos aquelarres en el Club de los Jacobinos.

Cuando hubo terminado de defenderse, uno de sus compañeros de «hornada» -así se denominaba a los amalgamados en cada viaje de las carretillas del Terror-, el sargento ascendido a general Charles Ronsin, reprochó a Hebert su exceso de palabrería, pese a que lo más sencillo y eficaz habría sido «leerles los textos de Marat» que, diciendo prácticamente lo mismo, le habían conducido menos de un año antes a una gloriosa absolución por parte del propio Tribunal. Ronsin era un ingenuo. Habría dado igual. La regla de rebus sic stantibus proporciona tal manga ancha a los dispuestos a aplicarla que, a falta de mejores argumentos, permite llegar desde las mismas premisas a conclusiones opuestas. O establecer, como por ejemplo hizo Garzón, que las anteriores reuniones de la igualmente ilegal Batasuna tenían como objetivo «buscar el final de la violencia» y por tanto «no puede considerarse ese hecho como un acto delictivo»; y, en cambio, ésta de ahora estuvo dedicada a «coadyuvar a los fines de la organización terrorista» y por tanto «la valoración no puede ser favorable a la falta de intencionalidad delictiva». La gallina. O sea que, habiendo variado las circunstancias... todos pa dentro.

Al final uno de los principales «hechos probados» en los que se justificó la condena a muerte a Hebert fue que en una sesión del Club de los Cordeleros había instado a que un ejemplar de la Declaración de los Derechos Humanos fuera cubierto con un velo negro en señal de luto, lo que inequívocamente convertía aquella reunión de confraternización revolucionaria, tan arraigada en el barrio de Saint Germain, en un acto subversivo contra el Comité de Salud Pública. Como si a Landrú lo hubieran enviado a la horca por una cuestión de atrezzo...

Que desde el Ejecutivo se hagan distinciones tan casuísticas en función de razones de oportunidad, forma parte de la fatalidad del ejercicio del poder, pero que la judicatura se preste a tal juego es uno de los espectáculos más sonrojantes que puede ofrecer un Estado de Derecho. Veinte años persiguiendo la notoriedad a toda costa han terminado haciendo de Garzón una especie de sacerdote ateo que sigue oficiando su liturgia sin el menor vestigio de fe. Tan capaz es de blindar la presunción de inocencia de los líderes abertzales, fingiendo no ver «hechos concretos y objetivos» que les criminalicen, como de destruirla en base a un mero juicio subjetivo de intenciones que ni siquiera establece la frontera entre el antes y el después en el momento en que ETA volvió a matar -el atentado de la T-4-, sino en el punto en que rompió su negociación política con el Gobierno, seis meses después.

Quien tuvo los santísimos bemoles de empurar a tres personas que exhalaban inocencia por todos sus poros como los peritos policiales que denunciaron la falsificación documental de sus superiores, cómo no se iba a prestar a hacerlo, según la doctrina Bermejo, «en el momento en que la jugada lo aconseje», con una veintena de flagrantes culpables como los ex «hombres de paz» de Batasuna... La de vueltas que da la vida. Quién nos iba a decir que veríamos uncidos en la misma noria y trabajando para el mismo molinero al juez que persiguió a los GAL y al fiscal felipista que pataleó contra esos sumarios, tildándolos de «hipocresía colectiva». Al menos el hoy ministro de Justicia ha sido constante en su sectaria disposición a verlo todo a través del prisma de la cláusula rebus sic stantibus, pues ya entonces, para dejar claro que no engañaba a nadie, sostuvo que la lucha contra la guerra sucia y el mismísimo crimen de Estado «es un ejemplo de que las cosas pueden tener un estado judicial o carecer de él en función de las exigencias de partido».

Ese continúa siendo su norte y su guía. Y que un individuo así haya alcanzado la condición de Notario Mayor del Reino es todo un índice de cuál es el grado de fiabilidad y confianza que puede inspirar el presidente capaz de designarle. Al menos Conde-Pumpido tuvo la delicadeza de envolver ese crudo pragmatismo -«El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino»- en un malvado halo de fantasía literaria.

Cualquiera puede entender ahora la creciente sintonía entre Zapatero y Garzón. Por utilizar el término que, según Fernando Morán, empleaba Felipe González para piropear a Craxi, son dos «decisionistas» puros. Yo no diría que han llegado ya al extremo de considerar que cualquier fin justifica cualquier medio, pero sí que tienen claro que tanto en la maniobrera concepción de la política del uno como en el torcido sentido del Derecho del otro, todo fin encuentra siempre sus medios. Es sólo cuestión de cintura.

Aunque lo único que les faltaba es que les atribuyéramos facultades sobrenaturales, la yenka antiterrorista que bailan al unísono para tratar de un modo u otro a los proetarras parece inspirada en el Evangelio de San Juan: ahora los veis, luego no los veréis, pero después los volveréis a ver. Por eso nadie duda de que, si Zapatero revalida el poder en las urnas, los capturados en esta redada pre-electoral de sospechosos habituales volverán a ser interlocutores válidos de un nuevo proceso de paz. ¿Por qué? Porque habrán variado las circunstancias. Y si no que se lo pregunten a De Juana Chaos.

Aunque proclame engoladamente lo contrario, Zapatero ha dado sobradas pruebas de entender que la ley debe adaptarse a la conveniencia y no la conveniencia a la ley. Ese utilitarismo ha impregnado su acción de Gobierno tanto en lo pequeño y concreto como en lo más genérico y trascendente. De hecho, la gran virtud que está teniendo toda esta esperpéntica jeremiada del felipismo mediático sobre el «fuego amigo» y los «brujos visitadores de La Moncloa» es recordarnos dos de las mayores arbitrariedades que se han cometido en lo que va de legislatura: el permiso a la Cuatro para emitir en abierto, utilizando la licencia de acceso condicional de Canal Plus y la modificación de la Ley de la Radio para convalidar el exceso de emisoras acumuladas por la Ser. En ambos casos Zapatero favoreció caciquilmente a Prisa mediante la doctrina de las circunstancias sobrevenidas, sin cortarse un pelo. Las circunstancias que habían cambiado en la televisión eran que la cadena de pago había dejado de ser negocio, mientras las cadenas en abierto estaban forrándose. Y las que habían cambiado en la radio eran que el Tribunal Supremo se empeñaba en llevar a cabo la ejecución de la sentencia que anulaba por ilegal la concentración resultante del bien llamado antenicidio. Menuda cara dura. ¡Rebus sic stantibus!

Había que arreglarles a Polanco y Cebrián ambos asuntos «como sea» y así se hizo. Había que sacar adelante el nefasto Estatuto de Cataluña «como sea» y así se hizo. Hay que neutralizar la presunta mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional «como sea» y ya se está en ello. Incluso en áreas tan esencialmente necesitadas de estabilidad y consenso como la Educación o la llamada Memoria Histórica, la acción de Gobierno de Zapatero aparece impulsada por un relativismo crónico que expande inseguridad y desconfianza. De repente todo parece estar en el aire, al albur de las circunstancias. Incluida la Nación, ese concepto «discutido y discutible». Incluida la Corona.

Es esta España de tanta rebus sic stantibus la que ha dado alas a los separatistas que van fijando desafiantemente en el calendario las fechas de su desconexión unilateral de la red. Es contra esta España de tanta rebus sic stantibus contra la que se ha producido un amplio movimiento de repulsa en torno a la Fiesta Nacional que Rajoy ha tenido la habilidad de encauzar y aprovechar.

Según Zapatero, la afección «ni siquiera llega a un resfriado», pero lo que es indudable es que, harta ya de tanta ducha escocesa -ayer no te quise, hoy sí te quiero, mañana ya veremos-, una parte importante de la Nación ha empezado a estornudar. El mensaje es claro: hay cosas que no pueden depender de las circunstancias, ni estar al albur de la oportunidad, ni quedar en manos del cinismo político. Hay espacios de identidad en los que cuando se dice «jamás», eso no debe querer decir «de momento». Por eso cayó tan bien la imagen del Rey y del Príncipe, presidiendo de uniforme el Consejo de Defensa Nacional. Porque, como advirtió Mirabeau en uno de los discursos más importantes de su corta vida parlamentaria, «no somos salvajes que hayamos llegado desnudos a fundar una sociedad en las orillas del Orinoco».

Ya que hemos comenzado con el mayor villano de la Revolución, terminemos con uno de sus grandes héroes, aun con toda su corrupción a cuestas. Esta cita sobre los «salvajes del Orinoco», tan visualmente elocuente, pertenece a la intervención clave de Mirabeau ante la Asamblea Constituyente, tendiendo puentes entre el viejo régimen que él había implacablemente combatido y la nueva Francia que el orden revolucionario estaba alumbrando. Sus siguientes palabras fueron: «Somos una vieja Nación, tal vez demasiado vieja para esta era. Tenemos un Gobierno establecido, un Rey establecido y unos prejuicios establecidos. Debemos, en la medida de lo posible, mezclar todo esto con la Revolución, para amortiguar el shock de la Transición».

Mirabeau no vivió para comprobar el nulo caso que le hicieron sus contemporáneos y la descomunal tragedia que ello desató. Pero desde algún busto de mármol puede corroborar que quienes sí seguimos su consejo fuimos los españoles de 1977, cuando llevamos triunfalmente a Carrillo y a La Pasionaria al Parlamento pero convertimos al heredero de Franco en nuestro Rey constitucional. Así fue como las dos Españas se refundieron en una sola, por encima de las circunstancias. Y ésa ha sido la clave de estos 30 años de libertad, prosperidad y estabilidad. ¿Para qué meter ahora la marcha atrás de la rebus sic stantibus?

pedroj.ramirez@el-mundo.es

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