Considera ilegal y arbitraria la «destitución» de dos auditores que el síndico mayor califica de «ceses» Pide el amparo de la Junta y el despido de la secretaria del órgano auxiliar

La reciente decisión del síndico mayor, Avelino Viejo, de «cesar en su gestión» a dos de los tres auditores contratados en febrero del presente año por el órgano auditor del Principado ha originado una crisis interna en la Sindicatura de Cuentas. El detonante ha sido el envío, por parte de uno de sus tres integrantes, Antonio Arias, de un duro escrito al Parlamento asturiano, institución de la que el órgano auxiliar fiscalizador depende y a la que pide amparo, en el que cuestiona la legalidad de la decisión. Antonio Arias, que también ha remitido el escrito al propio síndico mayor, rechaza la condición de «cese» de la decisión de Avelino Viejo, critica el personalismo de la misma y se refiere a ella como una «destitución».

Ante lo que califica de «dislate» que no puede quedar «impune», Arias reclama del Parlamento asturiano que afronte la actual situación de la Sindicatura de Cuentas en la que, desde hace meses, no existe prácticamente una relación entre su máximo representante y los otros dos integrantes, el propio Antonio Arias y Mercedes Fernández.

El síndico denunciante habla de «falta de consideración» de Avelino Viejo hacia sus dos compañeros, a los que no solamente no convocó para tomar la decisión de 'cesar' a los dos auditores -José Luis González y Jesús Valledor, adscritos directamente a Arias y Fernández-, sino que ni les informó de la decisión. Se da la circunstancia de que, en función de la literalidad de la normativa del órgano auxiliar auditor, fue el propio Avelino Viejo quien nombró a los tres auditores que desde el pasado mes de febrero trabajan para la Sindicatura.

Destituir a la secretaria

Antonio Arias también solicita la convocatoria de una reunión del Consejo -los tres miembros de la Sindicatura- para plantear la destitución de la secretaria general Rosa Zapico- «por falta de idoneidad para dicho cargo», así como la deliberación y adopción de acuerdos sobre la situación de los citados auditores, por si el síndico mayor «decide rectificar o, por el contrario, actuar a sabiendas de la conculcación de la legislación aplicable».

EL COMERCIO consiguió ayer hablar telefónicamente con Avelino Viejo, quien declinó hacer cualquier tipo de valoración «sobre un escrito que desconozco». En cualquier caso, al leerle algunos de los párrafos del escrito de Arias, el síndico mayor rechazó el término «destitución» y recordó que en la decisión tomada se dice literalmente «determinar el cese» de los dos citados auditores. Se da la circunstancia de que la propia ley de creación de la Sindicatura atribuye una posible destitución al Consejo y reserva al síndico mayor el nombramiento o cese del personal.

También se mostró sorprendido del paso dado por Antonio Arias, que calificó de «anómalo», y recordó que cualquier tipo de relación de la Sindicatura con la Junta General del Principado le corresponde legalmente a él y sólo a él.

Al margen de las consideraciones legales que enfrentan a Avelino Viejo y Antonio Arias en el caso concreto del «cese en la gestión ordinaria» o «destitución» de los dos auditores, lo que sale a la luz ahora es la existencia de una situación que se prolonga desde hace varios meses -dicen algunas fuentes que ni se hablan- y que ha desembocado en una crisis de un alcance todavía impredecible, tanto si el Parlamento autonómico decide tomar en consideración el escrito de Arias como si decide ignorarlo, toda vez que desde hace tiempo ha preferido que la conflictiva historia de la Sindicatura se resuelva internamente. En todo caso, todo apunta a que la salida más probable sea la renuncia de Antonio Arias, síndico a propuesta de Izquierda Unida, entonces socio de gobierno de los socialistas y ahora en la oposición.