El debate sobre el salario mínimo en España vuelve a enfrentar a esas dos facciones aparentemente irreductibles que dividen a la Administración socialista entre populistas y ortodoxos. Esta vez, los polos de la polémica los encarnan el ministro Caldera (responsable, por otro lado, del programa electoral del PSOE) y el sempiterno guardián de las esencias, Pedro Solbes, quien no sólo milita siempre en el mismo bando (naturalmente, el de los números y el sentido común) sino que aparece casi siempre como un auténtico halcón solitario que mide sus fuerzas cada día con la progresía que le envía Zapatero por oleadas.

Esta vez, a diferencia de las últimas propuestas social populistas, el debate se centra en el dinero que deben cobrar, como mínimo, los trabajadores españoles. Se habla como es lógico de dinero no público, y no como en las anteriores propuestas, en las que el dinero salía de las arcas del estado o de los entes autonómicos. Aquí, quien tiene que rascarse el bolsillo es la empresa y, en algunos casos, el sector público como empresario. Ello implica que en el debate ya entran, con carácter estelar y no de menor espectadores, los sindicatos y desde luego los empresarios.

La importancia del debate sobre el salario mínimo hay que centrarla, no obstante, con algunas cifras. Por ejemplo, que el salario mínimo solamente lo percibe el 1% de la población ocupada española. Otro dato: tenemos el salario mínimo más bajo de Europa, es decir, sólo superior al de Portugal y Grecia. Otro dato: las diferencias con algunos países europeos son a veces abismales, del doble a veces. Otro dato: el salario mínimo no llega ni a la mitad del salario medio del trabajador medio español, ya que ronda el 42%. Un dato más: los objetivos que han presentado estos días los sindicatos para darle un empujón al asunto pretenden implantar una subida media anual del 8% (es decir, cuatro veces la tasa de inflación) cuyo objetivo sería, dando por supuesto que el salario medio aumenta a un ritmo equivalente a la mitad o incluso menos que el que se pretende para el salario mínimo, alcanzar dentro de unos años (en 2016) el 60% del salario medio. Hay muchas más cifras en torno al asunto, pero cuando se discute de salario mínimo rara vez se piensa en las cifras directas sino en los efectos inducidos sobre el resto de las remuneraciones, ya que el salario mínimo tiene un cierto valor de referencia para el conjunto de la negociación colectiva, a la que inevitablemente contamina con una presión lógicamente alcista.

Con relación a los salarios bajos, y al salario mínimo en particular, se ha dicho a veces que una presión alcista excesiva puede acelerar los procesos de deslocalización, en especial en la industria, que es tradicionalmente la que cambia de ubicación sus plantas de fabricación, moviéndose en dirección a las zonas en donde los costes le resultan más favorables. La constatación de que España es uno de los países más afectados últimamente por la deslocalización industrial no acaba de encajar bien con el hecho de que España es el país con el salario mínimo más bajo de Europa. Se podría preguntar: ¿por qué se van las industrias si tenemos los salarios más bajos de Europa? Sencillamente porque eso de los salarios más bajos de Europa, que en el caso del salario mínimo es verdad, no lo es a nivel general, por la sencilla razón de que el salario mínimo en España tiene un papel menor que marginal. Se podría que decir que simbólico. Da la impresión de que el salario mínimo ha desempeñado el papel de banderín de enganche para el aumento de las remuneraciones del resto de los asalariados, empujándolas al alza.

Quizás por ello, cuando se abre el debate sobre el salario mínimo, se manejan tan pocos argumentos económicos y sí abundante artillería política y pseudo social. Se ha dicho en ocasiones que cuanto más se eleva el salario mínimo, menores son las posibilidades de entrada en el mercado laboral para los jóvenes, sobre todo si su grado de formación y de preparación para la demanda de empleo que se precisa es bajo. ¿No sería entonces más útil ver la forma de incrementar, un 8% anual o lo que fuese, el gasto destinado a formación, que ese sí que es, en España, uno de los más bajos del mundo desarrollado? Sería quizás una contribución más útil y socialmente más integradora y desde luego muy favorecedora de eso que tanto necesitamos, la elevación de la productividad. Subir el salario mínimo no mejora ninguna productividad, no va en la dirección económicamente correcta y ni siquiera está demostrado que socialmente repare ninguna desigualdad sino que, al contrario, provoca efectos adversos al implantar barreras cada vez más inasequibles para el acceso de los jóvenes al empleo. Más que de salario mínimo, lo que debería estar discutiéndose es sobre la formación mínima interprofesional.