LA EXIGENCIA DE UN ESTATUTO VALENCIANO CUMPLE 30 AÑOS

El martes se cumplieron 30 años de la mayor manifestación celebrada nunca en Valencia. Más de medio millón de personas salimos a la calle tras el lema unitario Ara, volem l'Estatut. Me resistí tanto como pude a secundar aquella convocatoria, esa es la verdad. Joan Fuster, que era el santo de mi procesión, había manifestado su intención de no mezclarse con "la tribu fascista, el búnker barraqueta y Alianza Popular, que todos son unos y los mismos". Pero allí estuvimos -dicen que también Fuster- en cordial algarabía, la mayoría saltando al son de Paquito el chocolatero -"sense blau, sense blau"- y otros -los otros- confesando que su presencia en tal tumulto era "para ofrendar nuevas glorias a España". "Como todas las aglomeraciones unitarias", escribió el mismo Joan Fuster días después, "la del 9 de octubre se asentaba sobre un quid pro quo". Podía haber nacido de un pacto; pero no lo hubo.

Aquel 9 de octubre de 1977 marcó un punto de no retorno para el País Valenciano. Los periódicos de la derecha -los únicos que se imprimían- habían bendecido, aunque a regañadientes, la vía autonómica, y franquistas confesos como Vicente Giner Boira salieron a la calle del brazo de la alegre progresía catalanista, y hasta de comunistas que ellos mismos habían denunciado pocos años antes. Un amable espejismo. Pero en Valencia la transición había sido impugnada de raíz meses atrás con la creación, por parte de las fuerzas ultraconservadoras, del blaverismo, un salvaje enfrentamiento civil que propició agresiones diarias contra intelectuales y políticos de izquierdas. El anticatalanismo fue el gancho de aquel movimiento, y el catalán -o peor aún, el valenciano catalanista-, su chivo expiatorio. Su base social la constituyeron las clases medias enriquecidas durante el franquismo, que intuían un cierto peligro ante la inestabilidad democrática que se avecinaba. Sus componentes básicos, junto al anticatalanismo, fueron la xenofobia, el autoodio y un orgulloso antiintelectualismo.

La explotación de la ignorancia y los prejuicios, y la falta de protagonismo social en aquel tiempo de cambios de la burguesía ilustrada -que haberla, la había- abonaron el terreno para la expansión del blaverismo en la sociedad valenciana. Algunas fuerzas políticas se frotaron las manos: "De l'embolic, a traure'n profit", pensaron los que vieron en aquel tótum revolútum un fértil granero de votos. La UCD de Abril Martorell, Emilio Attard y Manuel Broseta, y la complicidad de Alfonso Guerra y el aparato socialista, fueron artífices de este golpe ideológico que sigue envenenando hoy a miles de valencianos.

PERO ELLOS y nosotros asistimos a la manifestación en perfecta confusión carnavalesca, a pesar de que el blaverazo ya se había presentado a cara descubierta en los artículos de Manuel Broseta publicados en el diario Las Provincias, un medio de comunicación inmune a los aires democráticos, como se confirmó una vez más la aciaga noche del 23 de febrero de 1981. Los artículos Catalanismo y anticatalanismo I y II calentaron el otoño de 1977 y su epílogo, La paella dels Països Catalans, de febrero de 1978, sentaron las bases definitivas de aquel demoníaco invento del posfranquismo valenciano. La oficialización de la simbología particularista en el Estatut de 1982, y el arrinconamiento de valiosos e incómodos políticos como Vicent Ventura y Francesc de Paula Burguera ya anunciaban lo que se avecinaba. La denominación Comunidad Valenciana para designar un territorio geográfico es un indicio de la gran confusión conceptual -y de lenguaje- que aqueja a nuestra clase política desde hace décadas. Los partidos mayoritarios y de obediencia centralista compartieron la gestión de aquel capital social para alimentar un autoengaño colectivo -el del consenso- que llega hasta hoy mismo. Un consenso -perdón, un quid pro quo- de mutua conveniencia y sobre el que han navegado todos los gobiernos autonómicos, socialistas y populares, tanto monta monta tanto. Como traca final, los reacios al autogobierno en aquel confuso año 1977 ocupan ahora todos sus resortes institucionales. Entusiasmados, han descubierto el valor de la autonomía como elemento proteccionista de sus intereses parroquiales.

Y DE REPENTE, muchos de los que llevábamos cirio en aquella procesión nos sorprendemos reclamando el derecho (y el deber) de injerencia de las instituciones globales (estatales, europeas) ante los desmanes que se ciernen día a día sobre nuestro solar (digo, territorio) por las perversiones del autogobierno. En contra del autogobierno entendido como solidaridad y cohesión social que reivindicábamos tras la pancarta Ara, volem l'Estatut, los actuales dirigentes hacen un uso estrictamente instrumental de las competencias autonómicas. Por ello, en momentos de pasajera lucidez, nos descubrimos revisando las convicciones más profundas que nos movían en 1977. El uso incorrecto de la libertad genera reacciones contra la libertad y pone en peligro su existencia, nos enseñó Karl Popper. La gestión de esta autonomía genera problemas ecológicos, territoriales, sociales y económicos tan serios que también pueden destruirla, al menos tal y como nosotros la entendemos.

Toni Mollà. Periodista.