El portavoz de Batasuna Pernando Barrena ya lo había anunciado: «Vienen tiempos oscuros», había dicho horas antes de que ETA reapareciera ayer en Bilbao con una bomba lapa colocada en el coche de un escolta privado, en lo que podría considerarse una respuesta al encarcelamiento de la cúpula de su brazo político. Asimismo, el citado portavoz hablaba de «castigo político y declaración de guerra a la izquierda abertzale», al valorar el encarcelamiento de 17 dirigentes de Batasuna. Lo que cuesta entender es que ni la Fiscalía ni los jueces hayan actuado contra Barrena y, a estas horas, este individuo pueda seguir hablando como portavoz de una organización ilegalizada por ser parte de la banda terrorista ETA.

La decisión del juez Baltasar Garzón de encarcelar a casi toda la cúpula de Batasuna ha producido algunos sentimientos y reacciones encontradas. Por un lado, no deja de ser una buena noticia que quienes por sentencia de los tribunales son lo mismo que ETA sean retirados de la circulación y puestos a buen recaudo, es decir, en la cárcel, pagando de esa forma su conducta delictiva al formar parte de una banda terrorista. Pero, por otro, esa actuación ha suscitado muchas sospechas sobre lo que sería un oportunismo político, una utilización partidista de la Justicia, tanto por parte del poder gubernamental como, en este caso, del propio magistrado de la Audiencia Nacional, que ordenó las detenciones y, posteriormente, el ingreso en prisión de 17 de las 23 personas arrestadas.

¿Por qué se les ha detenido ahora y no antes? ¿Por qué se han consentido en los últimos tres años infinidad de ruedas de prensa, reuniones y manifestaciones de dirigentes de Batasuna sin que pasara nada? ¿Cómo es posible que Garzón justifique su decisión en el hecho de que desde que ETA anunció la ruptura de la tregua, el pasado mes de junio, ha quedado en evidencia que la voluntad de Batasuna no es acabar con la violencia? Sinceramente, ¿cree el juez que antes de esa fecha sí la tenía? Si es así, ¿en qué se basa para ello? Y si no, ¿por qué no actuó antes?

El acompasamiento de la Justicia y de la actuación de algunos jueces a los tiempos políticos, a las estrategias gubernamentales de corto recorrido, es la peor noticia para quienes siempre hemos considerado que la aplicación estricta de la ley no es solamente un instrumento fundamental para combatir el terrorismo, sino que es lo que proporciona a los demócratas una superioridad moral infinita sobre los terroristas y sobre quienes les apoyan. La mínima sombra de sospecha o duda sobre esa independencia del Poder Judicial respecto al político siempre empañará esa superioridad y será aprovechada ya no sólo por los terroristas o sus simpatizantes, sino por quienes, incluso teniendo responsabilidades institucionales, nunca han considerado que el Estado de Derecho sea la mejor forma de acabar con ETA, como es el caso del actual Gobierno vasco, presidido por Juan José Ibarretxe.

Ya hay suficiente experiencia acumulada en el pasado, cuando también gobernaba el Partido Socialista, para saber que los atajos en la lucha antiterrorista, amén de ser ilegales e inmorales, no conducen a nada bueno. También hay suficiente experiencia, mas reciente, para concluir que la aplicación estricta de la ley, la actuación policial y la colaboración internacional son instrumentos más que suficientes para derrotar a una banda terrorista. En el caso concreto que nos ocupa, el juez Garzón participó en su día en destapar, denunciar y juzgar lo primero y fue parte activa en lo segundo. No necesita, por tanto, a estas alturas, hacer demasiados equilibrios encima del alambre, aunque su inclinación natural e irrefrenable al protagonismo le lleve a ello.

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