La abolición de la pena de muerte en todo el mundo es un objetivo que puede parecer lejano. Sin embargo, ahora existe una oportunidad muy real para poder alcanzarlo si Naciones Unidas aprueba una suspensión en la aplicación de este castigo extremo e inhumano. Esta suspensión temporal sería el paso previo fundamental hacia la abolición total.

La Unión Europea, en alianza con estados de otras regiones del mundo, va a presentar en la 62ª Asamblea General de la ONU de este mes de octubre una resolución que pide una suspensión mundial de la pena de muerte. Amnistía Internacional apoya esta iniciativa y trabaja estrechamente con los miembros de la Unión Europea y otros estados para conseguir que al menos 100 países de todos los grupos regionales copatrocinen la resolución.

Es de esperar la oposición feroz de algunos países que intentarán que no prospere, argumentando que no es un asunto de derechos humanos, sino una cuestión que compete exclusivamente a la jurisdicción nacional de los estados. Por eso, hay que asegurarse de que el margen de votos a favor de la resolución sea lo más amplio posible.

Aprobar esta suspensión representaría un compromiso muy sólido y la afirmación moral por parte del órgano político de mayor nivel de Naciones Unidas de que la abolición de la pena capital es fundamental para la protección del derecho a la vida, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras leyes internacionales.

Un total de 133 países de los 192 miembros de la ONU han abolido la pena de muerte en sus legislaciones o en la práctica, el último de ellos Ruanda, en julio de este año. De hecho, en 2006 sólo 25 países llevaron a cabo ejecuciones, la mayoría de ellas en China, Estados Unidos, Irán, Irak, Pakistán y Sudán. Europa es una zona libre de pena capital, con la única excepción de Bielorrusia.

En Africa, sólo seis estados la aplicaron el año pasado. En América, sólo Estados Unidos la ha aplicado desde 2003. En ese país, sin embargo, es tan grande la preocupación suscitada por la crueldad y el sufrimiento que provoca la inyección letal en el condenado, que muchos estados se están replanteando su aplicación. En cuanto a China, su representante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado este año que su país está tratando de limitar la aplicación de la pena de muerte y que el objetivo último es la abolición.

Es cierto que una resolución de Naciones Unidas por sí sola no va a conseguir que un país deje de aplicar la pena capital, ya que esas resoluciones no son legalmente vinculantes.

Sin embargo, supondría un gran impacto político y otorgaría una enorme fuerza moral al movimiento abolicionista. En consecuencia, se convertiría en una herramienta muy valiosa para convencer a los estados más reacios de que deben adoptar la suspensión como paso previo a la abolición.

Mediante un liderazgo político fuerte y una estrategia bien planificada, el mundo tiene estos días la oportunidad de acercarse a la abolición total de la pena de muerte y a un futuro con más justicia.

Delia Padrón es presidenta de Amnistía Internacional España.

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