No se entiende que pueda molestar a nadie un texto legal donde se califica de "injusto" e "ilegítimo" el régimen franquista y al tiempo se reconoce el sacrificio de sus víctimas en nombre de las libertades. Pero molesta. Y lo hemos vuelto a saber cuando, ahora sí, el proyecto de ley de memoria histórica entra en el telar parlamentario para convertirse en ley antes de que caiga la última hoja del calendario de 2007.

Es el compromiso alcanzado por todos los partidos políticos representados en el Congreso, excepto el PP, por la derecha, y ERC, por la izquierda. Al PP le molesta por exceso en la reprobación de los ofensores y a ERC porque se queda corto en el reconocimiento a los ofendidos. Se puede decir al revés: al PP le molesta por pasarse en el arropamiento a los ofendidos y a ERC porque se queda corto en la reprobación de los ofensores.

Pero ya sin marcha atrás. Habrá ley de memoria histórica, aunque con otro nombre. La ponencia se constituye mañana por la tarde y en pocas horas pasará a la Comisión Constitucional, cuyos trabajos presidirá su titular, el socialista Alfonso Guerra. Antes del 1 de noviembre ha de estar aprobada por el pleno del Congreso y lista para el Senado. Leña al fuego de la pre-campaña electoral. Ahora Zapatero aparecerá desenterrando el hacha de la Guerra Civil. Más madera.

Lo que se anunció ayer es la voluntad política de alumbrar la ley y de hacerlo con premura. Los grupos implicados (PSOE, IU, CiU, PNV, BNG, CHA y Na- Bai) negociarán y debatirán, mediante el consabido juego de enmiendas parciales, la redacción definitiva del texto. Sobre todo en los aspectos más controvertidos, algunos de los cuales han llegado a poner al borde del naufragio el proyecto fletado por el Gobierno en julio de 2006.

El punto más polémico: la anulación de sentencias por juicios sumarísimos o tribunales de depuración política. Ha dejado fuera del consenso a ERC -el escollo se salvó en el mes de abril con IU-, que pretendía declarar su nulidad por ley y de un plumazo, a lo que se opuso desde el principio el PSOE. Con el resto de los grupos se ultima una redacción donde no se hable de anulación sino de "ilegitimidad", pero sin dar lugar a reclamaciones y tal vez dejando abierta la puerta para que, a título individual, se pueda recurrir al Tribunal Supremo.

Aún queda encontrar la fórmula para expresar la condena del franquismo, el grado de obligatoriedad respecto a la retirada de símbolos y el reconocimiento personas sacrificadas exclusivamente por sus convicciones religiosas (enmienda de CiU), así como la regulación de la ayuda pública en la exhumación de cadáveres, el futuro del Valle de los Caídos y ciertas reclamaciones del PNV sobre la devolución de su patrimonio.

A los cinco minutos de anunciarse el desbloqueo de los contactos para su definitiva tramitación parlamentaria, el número dos del PP, Ángel Acebes, volvía a acusar ayer a Zapatero de querer abrir viejas heridas para enfrentar de nuevo a los españoles. Poca fe tiene en la sensatez de los españoles quien crea que ésta o cualquier otra ley democráticamente aprobada en el Parlamento puede reavivar los odios antiguos de aquella España sórdida que forjaron los vencedores de la Guerra Civil.