Ponga un juzgado en su vida, de José Luis Requero en El Mundo
PLAN DE VIVIENDA
El autor analiza la decisión del Gobierno de crear juzgados de desahucios. Con esta medida, se corre el riesgo de traducir en tribunales especializados cada promesa electoral que haga un partido político, en lugar de enfrentar responsabilidades
La próxima convocatoria electoral parece que tiene ya un tema: la vivienda. Ya lo fue durante las pasadas elecciones autonómicas y locales, pero entonces con el argumento de la corrupción. Ahora se trata de dar casa gratis (Andalucía) o bien propiciar a golpe de piso la emancipación juvenil, incluso se baraja dar dinero a los mismísimos caseros. Y en el mostrador de productos electorales parece que se expondrá uno nuevo: los juzgados de desahucios.
Esto no es nuevo. Hace cuatro años el tema electoral fue la violencia de género, lo que también pasaba por una promesa electo-judicial: la creación de juzgados de violencia sobre la mujer. No aburriré contando cómo han evolucionado esos juzgados, cómo los jueces los evitan o cómo se colapsan.
Tampoco voy a ahondar en el sinsentido de crear juzgados, no sobre las necesidades objetivas de la Justicia, para su mayor eficacia, o sobre la lógica de la organización judicial, sino sobre el prejuicio ideológico del feminismo radical que se concreta en la ideología de género. Es la primera vez que la ideología o, mejor dicho, una particular concepción antropológica, reduccionista, diseña la organización judicial. Pero aparte de eso -que no es poco-, lo relevante fue el mensaje de que un problema social y humano se solucionaría creando juzgados.
Algo parecido puede ocurrir con los anunciados juzgados de desahucios. A modo de los productos mágicos de los publirreportajes televisivos, se nos presenta este nuevo producto como el que hará realidad el derecho constitucional de todos a una vivienda digna y adecuada.
Lejos queda ya la carestía del suelo provocada por la especulación, por la corrupción, las recalificaciones de encargo, el ladrillo como medio de financiación irregular de municipios o partidos y, de paso, ganancia para el que pasa la gorra.
Ya no interesa seguir hurgando en eso: ahora tocan casas gratis, casas para todos y van a ser los jueces los que lo arreglen con este nuevo tipo de juzgados.
Pero vayamos por partes. La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 introdujo un nuevo juicio verbal para los pleitos arrendaticios. Se trata de un proceso rápido, descomplicado, idóneo para la litigiosidad más numerosa como la de los alquileres. A su vez, la reforma judicial de 2003 había creado las llamadas Oficinas de Señalamiento Inmediato, dentro de lo que denominaba «medidas para la agilización de determinados procesos civiles». Se trata de procurar una suerte de juicio rápido civil para esos pleitos.
Sin esperar a reflexionar sobre la eficacia de estos juicios verbales -al menos en las grandes capitales- o que las oficinas se pongan en marcha, se acude al fácil expediente de todo aquel que carece de política judicial clara: crear más juzgados.
Es cierto que la falta de viviendas en alquiler se debe, en parte, a lo costoso que es lograr el desahucio y lanzamiento del inquilino, más el cobro de las rentas adeudadas. Es cierto que en este tipo de trances se calibra si el sistema judicial es realmente útil y que la carga de trabajo sobre los juzgados de ciertas poblaciones debía llevar a que se diese prioridad a los litigios más cercanos al ciudadano -esto sí que es Justicia con sensibilidad social-.
Pero ésto no es el problema de la carestía de la vivienda, un problema que, creo, es más profundo. La vertiente judicial será, como mínimo, una parte del problema, pero no el epicentro. Quizás es que haya demasiados intereses ligados a la política del suelo, que invitan a derivar toda solución al patio judicial. Una vez más, la Justicia será tensionada, soportará el peso de las reformas para que todos los demás sigan igual.
La política tiene su lógica, una lógica que hace que sus tiempos no es que sean ya los pocos años de una legislatura, sino en cómo se vaya incidiendo en los medios, día a día, semana a semana. La lucha se ventila en quién lleva la delantera, esta misma mañana, con unas oportunas declaraciones, cómo se saca punta al desliz verbal del adversario. En política manda lo inmediato, lo rompedor e impactante. Todo lo que sea jugar a medio o largo plazo o requiera una seria reflexión, no atrae.
Es de alienígenas oponerse a la improvisación en la política o sostener que la lentitud y el colapso judicial no se arregla sólo -digo sólo- multiplicando el número de juzgados y jueces. Es de alienígenas decir que habría que actuar sobre todo aquello que retrasa, que la idea de servicio público universal está llevando a la Justicia a un crecimiento descabalado, irracional e insostenible; que la hiperespecialización de juzgados, a la postre, no es igual a más eficacia, sino a colapso.
Hoy son los juzgados de desahucios, pero a medida que se tome el gusto a traducir en juzgados cada promesa electoral o cada problema social, acabaremos creando juzgados para la inmigración, juzgados de cambio climático, contra la anorexia o contra la obesidad infantil. Exagero, desde luego, pero no tanto, y ahí tenemos la siniestralidad en las carreteras. Ya se está diciendo que es un problema judicial. Además, al incrementarse las multas, en número y cuantía, acabarán colapsándose los actuales juzgados contencioso-administrativos, con lo cual no descarto que con el tiempo se creen juzgados para sanciones de tráfico y, a partir de ahí, sigo imaginando, juzgados superespecializados: juzgados contra el exceso de velocidad o contra adelantamientos peligrosos. Ponga un juzgado en su vida, ponga un juzgado a cada promesa electoral. O ponga un juzgado a cada problema social.
Como ocurrió con los de violencia sobre la mujer, la propia Justicia parece que asume encantada esta tendencia judicializadora. Junto con la vivienda, la siniestralidad laboral llama a la puerta.
Alertados por las cifras de accidentes laborales y ante el riesgo de pasar por poco progresista, ni cortó ni perezoso, el Consejo General del Poder Judicial se ha puesto camino de ese nuevo frente, con la consecuencia de llevar a la opinión pública la idea de que la lucha contra tal siniestralidad es, en el fondo, cosa de jueces.
Si en la violencia sobre la mujer el trasfondo ideológico es el del machismo y al hombre -por serlo- se le presume sujeto criminógeno, aquí lo es, por principio y definición, el empresario. ¿Qué mejor argumento para un juez progresista, con vocación de militante social? Se critica y desconfía de la Justicia, es la gran incomprendida, pero todo se judicializa: desde el político con todos los problemas que llaman a su puerta, a los padres desbordados por hijos problemáticos, que piden al juez que les supla en la autoridad perdida o no ejercida.
No se trata de recortar ni obstaculizar el derecho fundamental a la tutela judicial con irresponsables desjudicializaciones, sino que cada uno asuma sus responsabilidades, que los problemas se aborden en sus términos, en sus causas y no se emplee a la Justicia como coartada para no enfrentarse a responsabilidades ineludibles.
José Luis Requero es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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