A FONDO

No habían pasado ni cuatro semanas del atentado de la T-4 de Barajas, que provocó la muerte de dos personas, cuando Baltasar Garzón se descolgó con un auto que dejó perplejos incluso a los que le consideran un buen juez. La AVT y la asociación Dignidad y Justicia pretendían el procesamiento de Otegi por haber hablado en nombre de la organización ilegal Batasuna para valorar precisamente, sin condenarlo, ese acto criminal.

Garzón se sacó de la manga este curioso argumento: «Debe distinguirse claramente entre Batasuna e I.A. (Izquierda Abertzale), al ser entidades o movimientos diferentes».

Hay que recordar que el portavoz de Batasuna, en la rueda de prensa citada (que tuvo lugar en un local alquilado por el responsable de comunicación de Batasuna, Juan José Petrikorena), dijo hablar en nombre de dicha organización al menos en siete ocasiones. Pero esa reiteración delictiva no fue suficiente para que el juez le citase a declarar. Este fue su razonamiento: «Criminalizar las acciones de la I.A. por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, no ajustada a la realidad».

Esa afirmación, recogida en el auto del pasado 26 de enero, choca frontalmente con el auto de procesamiento contra Batasuna (25 de enero de 2005), que dice así: «ETA busca... encubrir las circulaciones financieras entre las organizaciones de la I.A., de modo que permanezca oculta la dependencia orgánica y funcional de todas ellas a ETA».

Eran otros tiempos. ¡Pero tan recientes!

Entonces, a pesar del atentado de la T-4, el Gobierno aún no había abandonado la idea de alcanzar un acuerdo con ETA. Y, de hecho, sus representantes se siguieron reuniendo con la banda hasta mayo pasado.

Desde que el llamado proceso de paz se puso en marcha, la reiteración delictiva de los miembros de Batasuna ha sido constante. Su Mesa Nacional se presentó públicamente ante los medios de comunicación en febrero de 2006. No pasó nada.

Los dirigentes de Batasuna se han reunido periódicamente una vez por semana, a sabiendas de la Policía, sin que esa reiteración en el incumplimiento de la ley sirviera para que el juez ordenase detenerlos.

Ayer mismo, la Policía registró la sede del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) al entender que dicha organización ha prestado apoyo y ha supeditado su acción a Batasuna. ¿Significa esto que la Fiscalía instará su ilegalización? ¿Cuál va a ser la actitud a adoptar en torno a ANV, la marca electoral utilizada por Batasuna para las elecciones municipales?

Depende. El Gobierno ha decidido cerrar todas las vías de agua por las que se filtran votos al PP. La condescendencia con Batasuna y sucesos como la excarcelación de De Juana Chaos han sido interpretados por el PSOE como elementos decisivos en su derrota en los comicios del 27-M.

En el nuevo marco de dureza contra ETA y su mundo cualquier cosa es posible; siempre que sea rentable electoralmente.

Las medidas ahora adoptadas se ajustan a Derecho y suponen el cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, los vaivenes de Garzón en su aplicación, la coincidencia de sus decisiones con los intereses del Gobierno, hacen que pierdan credibilidad ante los ciudadanos. El nacionalismo vasco y la I.A. no van a desaprovechar la oportunidad para desacreditar al Estado de Derecho por esa sospechosa acomodación.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es

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