El Tribunal Constitucional (TC) atraviesa la crisis más profunda desde que fuera creado hace un cuarto de siglo para velar por la vigencia de la Constitución. El TC ha pasado fases conflictivas, pero nunca como ahora se había dividido en bloques enfrentados que reflejan las posiciones de los dos grandes partidos. El tema de fondo es la batalla sobre el Estatut, aunque la ruptura interna amenaza con mermar su autoridad general, que en los últimos meses ha sido puesta cada vez más en entredicho desde esferas universitarias y parlamentarias. El Constitucional está siendo escenario de una larga partida de ajedrez en la que no importa que al final no quede ninguna pieza en pie, porque lo que se busca es conseguir el mate al Estatut.

El primer enfrentamiento se libró en torno al magistrado Pablo Pérez-Tremps, recusado por el PP por haber realizado un trabajo científico para una fundación vinculada a la Generalitat. La presidenta del TC, María Emilia Casas, permitió la tramitación de la recusación de Pérez-Tremps con su voto de calidad. En el Gobierno y en el PSOE existe desde entonces un creciente malestar con la falta de autoridad de la presidenta.

Casas fue recusada a la vez que Pérez-Tremps, pero ella se salvó, porque los dos bloques del TC la defendieron. El cierre de filas era pura ficción. Poco después, el ala conservadora lapidaba a Pérez-Tremps en una votación ganada por 6 a 5. La presidenta lamentó haber permitido que este magistrado fuera cuestionado, y dejó decir que la habían engañado. Pero mientras la decisión de aceptar la recusación de Pérez-Tremps era rechazada por una parte sustancial de las cátedras de Derecho Constitucional de todo el país, Casas lograba salir aparentemente incólume de la refriega. No sabía lo que le esperaba. El siguiente jaque iba a ser contra ella.

El Gobierno, que lo vio venir, decidió impulsar una operación de enroque. Por si a la presidenta Casas volvía a temblarle el pulso ante el menor envite, resolvió blindarla. La razón estribaba en que, neutralizado Pérez-Tremps para el debate sobre el Estatut, el TC quedaba 6 a 5 contra la norma catalana. Ahora era más necesario que nunca mantener lo más lejos posible del bloque conservador las dos competencias clave de la presidencia: el control de la agenda del TC y el voto de calidad, en caso de empate.

La igualdad en las votaciones ya era imposible en el caso del Estatut, pero sí en las decisiones sobre la ley de Igualdad, la ley de Matrimonio Homosexual y otras que el Gobierno estima vertebradoras de su política. Blindando a Casas, el Ejecutivo confiaba en llegar a las elecciones sin recibir grandes varapalos. Yen cuanto al Estatut se alejaba al menos el peligro de una inminente sentencia que yugulase o aguara la norma catalana. El blindaje teórico de Casas consistía en prolongar su presidencia hasta que cese como magistrada. Eso debe ocurrir en diciembre, pero su sustitución y la de otros tres magistrados por parte del Senado requiere un acuerdo entre PP y PSOE, ahora improbable.

En casos similares, la prolongación de mandato del presidente siempre fue norma en el TC, pero el Gobierno quiso asegurarse y esta vez lo reguló por ley. Llegado junio pasado, en que expiraba el período de Casas como presidenta, los magistrados García-Calvo y Rodríguez Zapata reclamaron su renuncia. El PP impugnó la reforma legal que prorrogaba el mandato de la presidenta y, a la hora de decidir sobre este recurso, Casas y el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, decidieron abstenerse. Con el voto de calidad de su presidente en funciones, Vicente Conde, del ala conservadora, el pleno del TC decidió el jueves pasado aceptar esa abstención, aunque lo ocultó a la opinión pública, al difundir un comunicado que sólo daba cuenta de que seguiría el debate.

Si el recurso del PP prosperase, la presidencia del TC recaería en un magistrado del ala conservadora. Por eso el Gobierno ha decidido recusar a García-Calvo y Rodríguez Zapata. La iniciativa puede prosperar, porque los recusados no pueden estar en el pleno que decide sobre ellos, por lo que el nuevo equilibrio queda 5 a 3 a favor del ala progresista. Pero se llegaría así al insólito caso de que un TC compuesto por sólo 8 de sus 12 miembros resolviera sobre un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. Muchos piensan que esta batalla ha convertido al TC en una institución destrozada y que sólo podrá rehacerse cuando se renueve, presumiblemente tras las elecciones de marzo.