La reforma legal del PP que permitiría procesar al 'lehendakari' fue derogada por el Gobierno, de Ángeles Escrivá en El Mundo
DESAFIO NACIONALISTA
La estrategia socialista
El Ejecutivo está dispuesto a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno está dispuesto a solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de los actos de convocatoria de los referendos anunciados el pasado viernes por el lehendakari en el Parlamento vasco y que fueron fijados por éste para octubre de 2008 y el segundo semestre de 2010.
Sin embargo, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no podrá iniciar directamente un procedimiento penal contra Juan José Ibarretxe porque al principio de la legislatura derogó la reforma del Código Penal que se lo permitía y que castigaba la ejecución de iniciativas como la emprendida por el lehendakari con penas de prisión.
Según los informes elaborados por la Abogacía del Estado y que responden al criterio del Gobierno de aplicar la Constitución -según recordaba tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega- el procedimiento que queda por seguir es el de plantear un conflicto de competencias que tuviera como consecuencia la suspensión, dado que el Ejecutivo considera que el único competente para realizar una convocatoria semejante a la luz de la Constitución es el Estado.
Según las fuentes consultadas, habida cuenta de que la falta de competencias del Gobierno vasco para realizar una consulta es absolutamente evidente, una vez presentado el recurso hay pocas dudas de que el Alto Tribunal dará la orden cautelar de invalidar la convocatoria de manera inmediata, aunque después tenga un plazo de seis meses para decidir si levantar o no dicha suspensión. El verdadero conflicto se planteará si, a pesar de esa decisión del Constitucional, como parece previsible, el lehendakari Ibarretxe decide seguir adelante con la preparación del referéndum.
En ese caso, sí se podría actuar penalmente contra él, pero no por la convocatoria sino por haber desobedecido al tribunal que le ordenó retirarla; un delito de desobediencia que conllevaría una pena de inhabilitación que podría prolongarse hasta dos años. Según el artículo 410.1 del Código Penal, «las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia incurrirán en pena de multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
El Gobierno, por tanto, no puede actuar penalmente contra el lehendakari de manera directa y se ve obligado a emplear al Tribunal Constitucional en este procedimiento porque fue precisamente el Gabinete socialista el que eliminó el tipo penal de convocatoria de referéndum ilegal.
El presidente del Gobierno, personalmente, anunció en una sesión de control parlamentaria celebrada en octubre de 2004 la derogación de la reforma del Código Penal que castigaba estas iniciativas políticas con penas de cárcel, asegurando que era «desafortunada, superflua e inapropiada». Dicha reforma fue aprobada con los únicos votos del PP durante el Gobierno de José María Aznar para frenar las intenciones expresadas en el plan Ibarretxe de convocar un referéndum para su ratificación por parte de la sociedad vasca.
Los socialistas derogaron el correspondiente tipo penal en un momento en el que intentaban tender puentes con el PNV con el fin de suavizar la crispación que la propuesta soberanista del lehendakari había generado, conscientes, además de que, dada su situación de mayoría insuficiente, necesitaban el respaldo de los nacionalistas para sacar adelante la mayor parte de las iniciativas parlamentarias.
El Gobierno ha estudiado otras posibilidades a la hora de enfrentarse a una controversia como la planteada, como la de acusar al lehendakari de prevaricación por dictar resoluciones injustas a sabiendas. Pero los juristas del Estado consideran más efectivo y más conveniente plantear el conflicto de competencias.
El Ministerio de Justicia ordenó a la Abogacía del Estado a finales de agosto, -tras la polémica suscitada por los nacionalistas, que más tarde se fue intensificando- la elaboración de un informe sobre las posibilidades que ofrecía la ley para actuar contra el Gobierno vasco en caso de que se empeñase en llevar a cabo una iniciativa considerada ilegal. La conclusión le fue remitida al titular de Justicia a mediados de septiembre.
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