DESAFÍO A UNA DICTADURA

Birmania sufrió hace dos décadas una protesta mucho mayor que la actual

En el verano de 1988, Birmania ya se vio atravesada por un potente movimiento popular, mucho mayor que el que se ha visto hasta ahora en la crisis actual. En Rangún, que entonces tenía dos millones de habitantes, en los momentos culminantes salió a la calle un millón de personas, ocho o diez veces más que ahora, cuando la población de la ciudad se calcula en unos cinco millones. En Mandalay, la segunda ciudad, quizá medio millón salió a la calle. Las movilizaciones afectaron entonces a 250 ciudades y localidades del país (hoy, de momento, a unas 25) y parecían más organizadas, con los estudiantes y los monjes manteniendo el orden y, de alguna manera, protegiéndolos, al contrario que en las manifestaciones de monjes de los últimos días, protegidas por cadenas humanas de civiles.

Como ha sucedido ahora con la brusca subida de precios, en los ochenta el movimiento tuvo claros antecedentes socioeconómicos. El 6 de septiembre de 1987, la junta había retirado de la circulación todos los billetes de valor superior a 15 kyats (unos 2 euros): fueron declarados inservibles, sin posibilidad de canje o retribución. La liberalización de los precios y del comercio del arroz fue otra medida que ocasionó gran convulsión aquellos días. La economía estaba muy enferma, la deuda equivalía a las tres cuartas partes del PIB y se estimaba que entre el 50% y el 90% de los ingresos de las exportaciones se destinaba al servicio de la deuda.

Sobre este trasfondo, la chispa se produjo en marzo de 1988 con una pelea de bar (un salón de té) entre estudiantes del Instituto de Tecnología de Rangún y el dueño del local. Degeneró en saqueos. La policía antidisturbios atajó los desórdenes con inusitada violencia. Un grupo de 41 estudiantes, por ejemplo, murieron asfixiados en una furgoneta militar que los trasladaba a la cárcel. Las estudiantes fueron golpeadas y algunas, se dice, violadas. La sociedad pidió justicia, pero cuatro meses después la junta, añadiendo torpeza a la brutalidad, nombró jefe del partido institucional y virtual número uno al militar que había dirigido el restablecimiento del orden, el general Sein Lwin. Así se llegó al 8 de agosto de 1988.

La fecha fue elegida como inicio de una huelga general, en condiciones de ley marcial, por las mismas razones astrológicas que determinan a veces las decisiones militares: la oposición consideraba el número 8 un signo de buena suerte. No lo fue: en los siguientes cinco días el ejército aplastó el movimiento y mató a unas dos mil personas, pero las movilizaciones siguieron. Fue entonces cuando un millón se echó a la calle en Rangún. El regreso a Birmania de Suu Kyi, hija del padre de la patria, Aung San, actuó como catalizador. Un nuevo presidente más abierto, el doctor Maung Maung, sucedió al odiado general Sein Lwin y se abrieron expectativas de cambio. La mentalidad era echar a la junta, como los filipinos habían hecho con su dictador Ferdinand Marcos en1986, y el espejo, era el poder popular de Manila.

En una entrevista con este diario, la profesora Mary Callahan, de la Universidad de Washington, especialista en el ejército birmano, apunta dos hechos que contribuyeron mucho al derramamiento de sangre y a la intransigencia de la junta. Hasta 1988 el ejército estaba concentrado en la guerra civil contra las minorías, un capítulo de la guerra civil más larga del siglo XX, y se sentía seguro en la zona central étnicamente birmana. Los desórdenes fueron interpretados por los militares como una puñalada por la espalda, en la retaguardia de aquella guerra.

Aquel ejército antiinsurgente, educado en la guerra sucia más brutal que combatía en las junglas del este del país, fue el aparato que hizo de policía en las ciudades. Por otro lado, la oposición de Suu Kyi comenzó aquel verano a mantener contactos y conversaciones con los grupos rebeldes de la periferia birmana, se formó un gobierno paralelo, y se empezaba a hablar abiertamente de juicios contra los militares responsables de la sangría de agosto. La idea de que si cedían acabarían entre rejas, pudo hacerse muy clara aquel verano entre los militares birmanos.

En Rangún, los funcionarios se sumaban a la protesta. El 15 de septiembre el ministro de Defensa, Aung Gyi, logró parar el asalto popular a su ministerio prometiendo desde el balcón un gobierno provisional, inquietante sorpresa para los otros miembros de la junta que no sabían nada del asunto. Dos días después, la multitud tomó por asalto la sede del Ministerio de Comercio, cuya guarnición militar se rindió.

El resultado de todo ello fue el autogolpe de Estado que la propia junta dio el 18 de septiembre de 1988 de la mano del general Saw Maung. La represión que siguió fue brutal. Los militares buscaban a la gente en sus casas, orientándose con fotografías de las manifestaciones tomadas durante el verano, y los encarcelamientos y asesinatos se sucedían. Mil personas murieron en los días siguientes al golpe - en total, pues, fueron tres mil las víctimas- y 10.000 estudiantes huyeron al extranjero, muchos de ellos a Tailandia, con estancias previas en la zona guerrillera, donde algunos soñaron con iniciar una guerrilla birmana contra la junta.

Como consecuencia de este desastre nacional, la nueva junta disolvió la identidad socializante del régimen, y de su partido institucional, y pasó a llamarse primero Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden y más tarde, a partir de 1997, Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. En 1988 se abandonó el nombre de República Socialista de la Unión de Birmania y se restableció el tradicional de Unión de Birmania. Un año después, el nombre se volvió a cambiar por el de Unión de Myanmar. El budismo subió enteros entre los militares, que, mientras tanto, se han hecho con una nueva capital, Naypyidaw, bien alejada de los escenarios tradicionales del movimiento popular. Veinte años después, un movimiento popular menos fuerte ha chocado con la misma muralla.