A FONDO

LA LUCHA ANTICORRUPCION EN CATALUÑA

Ernest Maragall, el actual conseller d'Educació, a diferencia de su hermano Pasqual, actuó en 2005, en su calidad de secretario del Govern como un hombre de partido al reventar, en nombre del PSC, el proyecto para la creación de una Oficina Anifraude en Cataluña que fiscalizara a los poderes públicos y actuara contra la corrupción en su seno.En su reunión de esta semana, el Govern, a propuesta del conseller de Governació y secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, aprobó tramitar en el Parlament el proyecto de ley de creación de la Oficina Antifraude por la vía de urgencia.

El anuncio de crear la Oficina Antifraude coincidía con la creciente desconfianza en que ERC llegara a cumplir su promesa por las dificultades que le había puesto el socio mayoritario del tripartito, el PSC, para redactar un proyecto a la altura de uno de los principales ejes electorales de su programa electoral de 2003, la regeneración democrática a través de la lucha anticorrupción.En 2003 los principales negociadores del Tinell por el PSC y por Esquerra serían precisamente Ernest Maragall y Joan Puigcercós, éste último padre de la idea de crear una unidad especial de intocables dedicada exclusivamente al control de los abusos de poder.

Sin embargo en aquel tiempo, el hombre fuerte de Esquerra estaba en Madrid, al frente del grupo parlamentario de Esquerra; el presidente del partido, Josep Lluís Carod- Rovira, se había visto obligado a abandonar el Govern tras 22 como conseller en cap a raíz de su viaje a Perpiñán, y el liderazgo de los miembros de ERC en el Consell Executiu recayó en Josep Bargalló. Eso sí, como secretario general del conseller en cap -el cargo cambiaría de nombre durante la legislatura para convertirse en conseller primer, más acorde con las funciones de primer ministro que se suponía que conllevaba-, figuraba la mano derecha de Puigcercós, Xavier Vendrell, secretario de organización del partido y encargado de su financiación. Vendrell no abandonaría ni su cargo en el partido ni la dirección de la fundación Josep Irla mientras fue el comisario de Puigcercós en el reino de Bargalló.

Vendrell sería uno de los hombres de Esquerra que protagonizarían un escándalo económico durante el mandato de Maragall al trascender que mientras compatibilizaba sus funciones en la Generalitat y en el partido había remitido cartas a los principales altos cargos nombrados a propuesta de los republicanos en las que les exigía que aportaran el 20% de su salario a las arcas de la formación republicana y que había negociado con La Caixa la condonación de la deuda de los republicanos en el marco de unas conversaciones sobre el papel de Esquerra en la campaña antipeajes de Abertis, controlada por la caja catalana.

Aún así, Vendrell no sólo se mantendría en su cargo, sino que en la primera ocasión que el PSC permitió a Maragall llevar a cabo una crisis de Gobierno, en mayo de 2006, los republicanos forzaron al president a nombrarle conseller de Governació. Un cargo en el que se mantuvo tan sólo 19 días. Pero esa es otra historia.

El caso de Vendrell pareció enfriar el interés de Esquerra por tramitar de manera ágil la creación de la Oficina Antifraude, especialmente porque se trataba del principal colaborador del impulsor de la idea. El nuevo impulso llegaría de manos del president Maragall.

En febrero de 2005, un Maragall que no sabía como afrontar la crisis por el hundimiento del túnel de la Línea 5 a su paso por el Carmel no se pudo controlar y en pleno debate parlamentario con el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, sólo supo responder a las acusaciones de la oposición acusando a la federación nacionalista de cobrar sistemáticamente el 3% de las adjudicaciones públicas mientras estaba en el poder.

Maragall finalmente se vería obligado a pedir disculpas a Mas, a pesar de que el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, jubilado hace menos de un año, José María Mena abrió unas diligencias genéricas que ofrecieron algo de árnica al president. Pero, mientras tanto se abría la veda para recordar los más espectaculares y buscar nuevos escándalos relacionadas con el ejercicio del poder de CiU durante los 23 años y medio que Jordi Pujol fue el inquilino titular de la Casa dels Canonges. Sin embargo, un año más tarde, Mena se veía obligado a archivar las diligencias ante la falta de pruebas y se quejaba amargamente de lo que parecía ser un pacto de silencio entre los partidos.

El propio Josep Bargalló confirmaría a primeros de mayo de 2005 ante la mayor parte de la redacción de este diario en Barcelona, en el marco de la celebración de un Fòrum de Debat, que había ofrecido el cargo al experimentado fiscal y que contaba con él a pesar de los obstáculos que Ernest Maragall había puesto al proyecto y que, como si se tratara de una cebolla, iba perdiendo capa tras capa hasta convertirse en un insignificante órgano fiscalizador de ayuntamientos y entes locales y que ni siquiera tendría potestad para denunciarles.

El fiscal elegido para dirigir la Oficina, David Martínez Madero, seguiría trabajando en Anticorrupción, pero en Rumanía en «comisión de servicios» para la Comisión Europea. Llegó a Bucarest en diciembre de 2005 y no es probable que vuelva hasta mayo de este año, si es que vuelve. Porque, además de que se mostraba defraudado con el proyecto final, algunas de las mafias rusas más peligrosas han puesto precio a su cabeza.

Su estancia en Rumanía es la versión oficial. Fuentes de la Fiscalía aseguran que Martínez Madero se encuentra junto a su familia, protegido y oculto de uno de los grupos mafiosos rusos criminales más peligrosos del mundo, el que dirige el georgiano nacionalizado israelí Tariel Onani.

Sin embargo, fuentes próximas al fiscal aseguran que, aún sin la amenaza rusa, Martínez Madero ya barajaba seriamente declinar el ofrecimiento que le hizo el anterior Gobierno de la Generalitat tras los recortes que sufrió el proyecto.

El fiscal Martínez Madero orquestó y dirigió personalmente una amplia operación durante la segunda mitad del año pasado que desmontó buena parte de la cobertura legal de los negocios criminales de Onani, pero él consiguió eludir a la policía. Buena parte de los miembros de su banda fueron detenidos en España. Por esa razón, aseguran fuentes policiales, Onani recibió un encargo de obligado cumplimiento del consejo de la organización si quería evitar que pensaran que había colaborado con las fuerzas del orden: debía asesinar al fiscal anticorrupción que había coordinado las principales operaciones contra las mafias del este, David Martínez Madero.

La amenaza fue tomada tan en serio por todos los estamentos de la Fiscalía, desde el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, hasta el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que decidieron que tenían que quitar de en medio a Martínez Madero y proporcionarle un entorno seguro tanto para él como para su familia más próxima.

El propio Martínez Madero fue el único que decidió ignorar la amenaza al elegir Bucarest como entorno seguro. Llegó de su destino en el Este en mayo de este año. Esquerra aún contaba con él para la Oficina. Pero el fiscal casi ni recordaba el asunto.A finales de mayo se reincorporó a la carrera fiscal y el 31 de agosto fue aceptada su petición de trabajo en Barcelona, en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La sustituta de José María Mena, Teresa Compte, cuenta con él para que sea el enlace con Anticorrupción. En Barcelona aún quedan flecos de la operación avispa contra las mafias del Este que podrían provocar detenciones en breve.

Governació se ha puesto las pilas precisamente cuando su principal candidato a la dirección de la oficina hará lo que ellos querían pero desde la Fiscalía y sin presiones del Govern. Ahora dicen que nunca hubo un candidato firme. Mienten.

Un joven incorruptible para la Oficina

Bargalló puso en marcha el proyecto de la Oficina Antifraude, e incluso ofreció la plaza de director a un joven miembro de la Fiscalía Anticorrupción que había estado a las órdenes del primer fiscal jefe del órgano, Carlos Jiménez Villarejo. Se trataba de un catalán residente en Madrid que tenía fama de incorruptible.Se acababa de llevar por delante a la tradicional dirección vasca del BBVA por crearse fondos de pensiones en paraísos fiscales y se preparaba para dar un golpe casi mortal a una de las principales mafias georgianas que actuaba en todo el planeta. Se trataba de David Martínez Madero, que, inicialmente había aceptado la oferta de Bargalló. Martínez Madero, nacido en El Masnou, contaba entonces con 47 años y una amplia experiencia como fiscal anticorrupción y en el seno de la OLAF, la Oficina Antifraude de la Unión Europea, para la que había trabajado en comisión de servicios en la creación de un órgano similar en Rumanía.

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