DESAFIO NACIONALISTA

La vulneración de la ley

Los servicios jurídicos de la Cámara autonómica estimaron que la iniciativa planteada por Raúl Reyero suponía usurpar competencias del Estado

La pretensión del lehendakari Juan José Ibarretxe de convocar una consulta popular el 25 de octubre de 2008 chocará en el Parlamento vasco con serias dificultades porque el legislativo vasco ya rechazó en 1998 una proposición de ley que planteaba este objetivo.

Décadas de debate sobre la convocatoria de un referéndum no han arrojado luz sobre el mecanismo que podrían utilizar los nacionalistas, más allá de la política de hechos por la que parece inclinarse el lehendakari en algunos momentos.

Existen precedentes, no obstante, de intentos de convocatoria, protagonizados no precisamente por el PNV o sus socios. En mayo de 1998, los servicios jurídicos de la Cámara vasca ya emitieron un contundente informe que proponía a la Mesa, su órgano de gobierno, que no tramitara la proposición de ley que planteaba la convocatoria de la consulta por su «patente inconstitucionalidad».

«Estamos ante una iniciativa [...] sin ningún soporte jurídico», concluye el informe redactado en respuesta al registro de una proposición de ley por parte del parlamentario y portavoz del Grupo Mixto Raúl Reyero, que para entonces ya había abandonado el partido Unidad Alavesa (UA) y militaba en Democracia Foral de Alava. Si Ibarretxe pretende solicitar en junio de 2008 al Parlamento vasco la autorización para convocar una consulta unos meses después, como anunció el viernes, deberá adoptar alguna iniciativa, plasmar en un papel su intención y tramitarla a través de algún procedimiento y el recogido por la legislación para las materias de competencia autonómica es el proyecto de ley, la proposición de ley que parte del Ejecutivo.

De no utilizar esta vía, el lehendakari podría optar por aprobar un decreto del Gobierno vasco, según apuntan a este periódico fuentes jurídicas, pero en ese caso, la vía contencioso-administrativa podría bloquear a las primeras de cambio la convocatoria y dilatar en los tribunales una resolución al respecto.

«Se pretende que el Parlamento vasco legisle sobre una materia usurpando competencias atribuidas a instancias estatales», señala el informe de los letrados de la Cámara vasca en 1998 y asumido por la Mesa, presidida entonces por el nacionalista Joseba Andoni Leizaola.

Raúl Reyero proponía la celebración de una consulta popular con la pregunta «¿Desearía usted ser consultado en referéndum sobre la independencia de Euskadi?» y que ésta coincidiera con la celebración de los comicios autonómicos de ese mismo año. Así, para su desarrollo se podrían utilizar los «mismos medios, procedimientos organizativos y de control establecidos en la Ley de Elecciones al Parlamento vasco para el voto mediante papeletas».

La proposición de ley del parlamentario foralista señalaba que todas las mesas electorales contarían con una urna adicional para recoger las papeletas con la leyenda «Referéndum sí» o «Referéndum no» y planteaba que el voto en blanco se registraría con un sobre vacío. La edición y distribución de las papeletas y los sobres para todas las mesas, que nunca llegó a producirse, correspondía al Gobierno vasco.

La certificación de los resultados correspondía a la Junta Electoral de la comunidad autónoma, a la que se encomendaba la tarea de la remisión de los mismos al Gobierno vasco, la Cámara autonómica, el Gobierno de la Nación, las Cortes Generales y las Juntas Generales y las diputaciones forales. El informe elaborado por el letrado Josu Osés Abando recordaba que las consultas populares deben referirse a temas de naturaleza y competencias locales y que entre éstos no se hallaba la independencia. También advertía de que, en contra de los que sucede con otros estatutos autonómicos, el de Gernica carece de una «previsión habilitadora» para realizar consultas de carácter local.

Texto íntegro del informe jurídico

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