El abogado del Estado cuestiona a Zapata y García-Calvo por sus ataques a la presidenta

La Abogacía del Estado va a recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, miembros ambos del sector conservador y opuesto al Estatut, como estrategia de contraataque ante la decisión de apartar de su cargo a la presidenta de la institución, María Emilia Casas. A instancias del Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado prepara la recusación basándose en que ambos pidieron meses atrás la dimisión de la presidenta, con lo cual expusieron públicamente su punto de vista jurídico, prejuzgando la cuestión.

Las recusaciones de ambos magistrados implicarán varios meses de tramitación, probablemente no menos de un trimestre, que fue lo que duró la impugnación presentada en su día contra el magistrado del sector progresista Pablo Pérez-Tremps, para apartarlo de la sentencia sobre el Estatut. Así, la resolución de los recursos contra la reforma estatutaria catalana no se van a acelerar por este nuevo conflicto en el seno del TC, aunque ése sea el principal objetivo perseguido. Por tanto, es muy improbable que la sentencia sobre la reforma estatutaria catalana pueda llegar antes de marzo del año próximo, lo que implica que los recursos no se resolverán antes de las elecciones generales.

La ofensiva contra la presidenta - y la actitud pasiva de María Emilia Casas ante los hechos- tendrá el efecto de deteriorar la institución de forma grave, pero difícilmente podrá alcanzar su objetivo de fondo, que era lograr que al Gobierno le estallara el Estatut en las manos antes de las elecciones. La recusación previa de Pérez-Tremps por haber realizado un informe para la Generalitat buscaba lo mismo, debilitar al sector favorable al Estatut.

La decisión de apartar a María Emilia Casas de la presidencia del TC se circunscribe por ahora al recurso del PP contra la reforma legal que permitió prolongar su mandato. Casas debía cesar en junio como presidenta, pero como magistrada seguirá en el TC hasta que el Senado decida sobre la renovación de cuatro puestos en la institución.

Dicho cambio debe hacerse en diciembre, pero requiere el acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, que tal como están las cosas no se va a dar. En circunstancias similares, el precedente consolidado en el TC siempre ha sido que el presidente seguía en su cargo hasta que se produjese la renovación. No obstante, esta vez ya se vio que no habría consenso, por el acoso al que estaba sometida María Emilia Casas, y el Gobierno impulsó una reforma legal que convirtiese en norma lo que hasta entonces era un hábito consolidado en el TC, en el sentido de que el presidente prolongase automáticamente su mandato hasta su cese como magistrado.

El PP recurrió esa reforma y el TC se ha quedado con sólo diez magistrados para resolver el caso. Pero el pleno puede verse reducido al final a ocho si prospera la recusación que va a promover ahora el Gobierno. En ese grupo de ocho, el equilibrio sería cinco a tres a favor del sector progresista, al desaparecer dos conservadores. El Gobierno nunca ha recusado a un magistrado del TC, pero no ve ahora otro remedio para evitar males mayores.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, confirmó implícitamente anoche que se llevarán a cabo las recusaciones, al manifestar que el Gobierno actuará "si hay indicios de que algún magistrado del TC está contaminado y no presenta la necesaria imparcialidad". El presidente de CiU, Artur Mas, estimó que su propuesta de un referéndum sobre el Estatut si el TC lo recorta es "aún más oportuna" por la "desconfianza" que está creando dicha institución. Carod-Rovira, presidente de ERC, afirmó que si el TC recorta el Estatut sería legítimo un referéndum sobre la permanencia de Catalunya en España. Lídia Santos (PSC) estimó que la decisión sobre Casas "pone en duda la dignidad y la credibilidad del TC".